Expectativas a la baja y más demora
Una ley “insulto” fijaría menos de 2% en regalías, alerta un diputado. La industrialización de los recursos del salar de Uyuni es, desde 2008, el proyecto más retrasado del gobierno y ha desatado entre los especialistas dudas sobre la verdadera eficiencia de la fórmula boliviana para la fabricar carbonato de litio y los supuestos altos beneficios para los potosinos. El negocio proyecta unos 285 MM/$us al año en ingresos, con una regalía casi imperceptible de entre 9 y 15 MM/$us. La tajada más grande es para el gobierno central. Hay riesgo de que el mercado se sature o que avance hacia sustitutos del litio.
-Rolando Carvajal
La ley que crea la empresa de Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) es “saqueadora” para Potosí, por las bajas regalías, 1.8 %, que otorgará al departamento, según el diputado Gonzalo Barrientos, de la opositora Unidad Demócrata (UD), sobre un negocio que prometía miles de millones de dólares pero que al final puede quedar reducido a unos iniciales 285 MM/$us al año, un poco más que la exportación de aceite crudo de soya (254 MM/$us al 2016)
La actual regalía aplicada al litio y sus derivados, según la nueva ley minera, señala una alícuota de 3 % sobre el valor bruto de venta, que va en su mayor parte a la Gobernación regional (85 %) y en 15 % a los municipios productores, de manera que el monto que percibirían los potosinos no rebasaría los 9 MM/$us en el primer año, con base en la actual cotización y perspectivas exportadoras.
La legislación que crea YLB es “un insulto para el pueblo potosino” dijo el parlamentario de una de las regiones más adversas a las políticas del actual régimen del presidente Evo Morales, que afrontó dos prolongados paros cívicos, de 19 en 2010 y 27 días en 2015, en demanda popular por mayores beneficios de la bonanza estatal asentada en la renta hidrocarburífera y los precios de minerales, que, sin embargo, ha desembocado en la desaceleración actual de la economía.
Según Barrientos, la ley fijaría que sólo el 1.8 % de regalías sea para Potosí, lo que lleva a que los mayores beneficiados sean el Gobierno central y las transnacionales, dijo el diputado a la cadena Erbol.
Una propuesta de distribución de las utilidades considerada en 2014 establecía que hasta el 55 % de las ganancias serían retenidas por el Estado y un 45 % remitido a la región productora, pero se desconocía si sería tomada en cuenta tras la nueva ley de minería y metalurgia sancionada también en 2014
El periódico El Potosí, reportó este fin de semana que cuando la ciudad recordaba este sábado 472 años de fundación, oficialistas y opositores debatían sobre los proyectos de una fábrica de cemento y la industrialización del litio del Salar de Uyuni.
Atribuyó a Barrientos, la insistencia que el proyecto del litio dejará magros beneficios y que en aplicación de la Ley Minera se podría asignar solamente el 1,8 por ciento de los beneficios del «oro gris» a Potosí.
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS, en el gobierno desde 2006), David Ramos, destacó que la sede del proyecto de litio será Potosí en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 371 de la CPE, lo que fue desmentido por Barrientos.
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, lamentó la aprobación de la ley que crea la empresa del litio porque, reiteró, no reconoce el hecho de que el litio se encuentra en ese departamento.
La nueva empresa tiene el objetivo de completar la cadena productiva de la industrialización de litio en el país y sustituirá a la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) que se encontraba a cargo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El ministro de Energías, Rafael Alarcón, indicó que la nueva empresa estatal arrancará con inversión garantizada de 700 millones de dólares, en crédito financiado por el Banco Central, que correspondía a la ex GNRE. El gobierno espera certificar hasta fin de año con una firma internacional las reservas de litio que posee el país, había anunciado el ministro Alarcón en febrero pasado.
INGRESOS Y UTILIDADES
Los recursos bolivianos de litio están principalmente en el Salar de Uyuni, una explanada de 10.000 kilómetros cuadrados situada a 3.700 metros sobre el nivel del mar, considerado el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo.
En 2011 el Gobierno indicó que en esa zona hay unas 100 millones de toneladas de litio, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó nueve millones.
Hace una semana el ex gerente de la GNRE y actual viceministro de Tecnología Energética, Luis Alberto Echazú, dijo que el 5 % de toda su extensión cuenta con suficiente cantidad para ser explotada durante 100 años.
Según el viceministro, para la industrialización se evalúa dos diseños de consorcios extranjeros, bajo la modalidad de “contratos de asociación”. También el ministro Alarcón dijo que el viceministro alemán de Infraestructura Digital, Rainer Bomba, expresó el interés oficial de su país de participar como socio en la industrialización del litio.
El gobierno boliviano, que desde su planta experimental exportó el año pasado las primeras 10 toneladas de carbonato de litio al mercado chino, por valor de unos 70 mil dólares, ha decidido encarar por su cuenta todo el proyecto del litio.
Tras el desfile de franceses, japoneses, coreanos y otros ejecutivos de diversos países, rechaza tener socios extranjeros para esa industria si es que, entre otras condiciones, no ofrecen la instalación de plantas de producción de baterías para coches eléctricos en el desierto de sal de Uyuni, con el fin de industrializar esas reservas.
Para el desarrollo de la industria del litio, se prevé una inversión de 617 millones de dólares hasta 2018. Otros 115 millones fueron ya invertidos hasta 2014. El total previsto para las tres etapas bordea los 900 millones de dólares, incluida la fabricación de baterías, que supone unos 400 MM/$us, según la Memoria 2012 de la ex GNRE.
Pero analistas del sector, como Juan Carlos Zuleta estiman que por su trayectoria extractivista el gobierno sólo está interesado en el litio no en los acumuladores de energía, cuyos primeros ejemplares fueron desarrollados con todos los componentes importados de otros países.
Previno en 2014 Zuleta que “el tiempo se acaba para el país: si no logra corregir de inmediato su estrategia para asegurar su introducción en el mercado del litio mundial los altos y/o inestables precios del litio podrían establecer un mecanismo pernicioso que desaliente un mayor desarrollo tecnológico de las baterías de litio y conduzca al mundo hacia la utilización de sustitutos”, aunque aclaró que “nuestro país es el único lugar de la Tierra que con precios relativamente bajos y estables podría garantizar el inicio y la consolidación del sexto paradigma tecno-económico con el litio como su factor clave”.
Los cálculos oficiales al 2018 son vender el carbonato de litio a un precio de siete mil dólares la tonelada —por 30 mil toneladas métricas (TM) estimadas se obtendría unos 210 millones de dólares en ingresos, no utilidades— mientras que la misma cantidad del tipo cátodo la exportaría eventualmente en unos 17 mil dólares (500 MM/$us en ingresos) y de una calidad más alta, a 22 mil, si es que se producen.
La exportación de 350.000 TM de potasio generaría otros 75 MM/$us, afirmó por su parte Zuleta.
El salar de Uyuni cuenta además con importantes cantidades de boro y magnesio, aunque los mayores recursos corresponden al potasio incluso más que al litio.
En 2014, se previó que a venta de 30.000 toneladas al año de carbonato de litio y 700.000 de cloruro de potasio podría suponer un ingreso bruto de 430 MM/$us, según un estudio multidisciplinario publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Laboral (CEDLA)
Descontados los costos, el excedente aproximado sería 200 MM/$Us, según la propuesta entonces vigente: cerca de 45 % para los potosinos, es decir, unos 90 MM/$us, aunque las expectativas habrían bajado sustancialmente, según el diputado Barrientos representante potosino en la Asamblea Plurinacional.
En la publicación, Pablo Poveda del CEDLA, estimó por ventas anuales de 395 MM/$us en la segunda etapa, industrial, una ganancia anual de 194 MM/$us, correspondiendo el 30% a los municipios de Colcha K, Uyuni y Llica (58.2 MM/$us) además de 19.7 MM/$us por regalías del 5% del valor bruto de ventas, a semejanza de las aplicadas entonces al boro/ulexita. Sin embargo, con la nueva ley y la alícuota vigente, las expectativas cayeron estrepitosamente pues, con esas cifras, la regalía para gobernación y municipios no pasaría de los 12 MM/$us. [Vídeo en: https://youtu.be/vg0JV4AnmmY?t=396 ]
EXPECTATIVAS A LA BAJA ¿CUANTO PARA POTOSI?
“Será un ingreso importante, pero no mayor al de la minería boliviana, al menos en el plazo de los próximos 10 años”, concluyeron los ingenieros Yara Montenegro Pinto y Juan Carlos Montenegro Bravo, en la investigación “Un presente sin futuro: el proyecto de industrialización del litio”.
Desvirtuaron así, por los verdaderos alcances del proyecto, falsas expectativas regionales y nacionales en torno a que la riqueza del salar de Uyuni podría resolver a corto plazo los grandes problemas económicos de Bolivia.
Para sus cálculos estimaron un precio de venta de 5.000 dólares por tonelada de carbonato de litio y de 400 dólares para el cloruro de potasio. La mayor parte de los ingresos previstos hace tres años, unos 280 millones, correspondería a la venta del cloruro de potasio y sólo 150 millones al carbonato de litio.
Frente a las esperanzas del pueblo potosino y la vocación extractivista de las autoridades, una pregunta recurrente fue: ¿cuál podría ser el potencial económico del proyecto nacional según ha sido diseñado por el Estado Plurinacional?
La propuesta de distribución al 2012, preveía una asignación a partir del sexto año de producción de 45% para la región productora (gobernaciones y gobiernos municipales), 30% al TGN y la Comibol, 23% a reinversiones de la misma empresa estatal del litio y 2% a un centro de investigación para la industrialización de estos recursos.
No suponía ello un gran avance cualitativo respecto a la gestión descentralizada de la reforma liberal y resultaría en una distribución mayoritariamente favorable a la gestión centralizada, pues es poco probable que gobiernos regionales, universidades, organizaciones cívicas o indígenas, tengan algún poder de decisión sobre el TGN, la Comibol, la estatal del litio y el mencionado centro de investigación.
La investigación para el CEDLA, coordinada por Juan Carlos Guzmán y realizada también por los especialistas Ricardo Calla y Pablo Poveda, advertía que el proyecto de industrialización de litio, a pesar del intenso lobby realizado por las empresas transnacionales, tendría una fuerte participación estatal.
El rol de estos consorcios se reduciría a la provisión de tecnología de punta necesaria en la etapa de fabricación de baterías de litio debido a que el país habría desarrollado desde el 2009 un proceso específico a la naturaleza de la salmuera de Uyuni, es referencia a la fórmula de Echazú y su equipo.
“NEGLIGENCIA, DUDOSA CALIDAD”
Hace sólo cuatro meses, el especialista en economía del litio, Juan Carlos Zuleta, precisó que la capacidad de la planta industrial de cloruro de potasio será de sólo 350.000 toneladas y advirtió el precio actual del compuesto químico en el mercado internacional sería 215 dólares por tonelada, por lo que, una vez que la planta en proceso de construcción por la cuestionada firma china CAMC alcance el máximo de su capacidad, podrá generar unos 75 millones de dólares
Respecto a la planta industrial de carbonato de litio y el acuerdo de Comibol para el proyecto de ingeniería a diseño final con la firma alemana K-UTEC, previno que “tal contrato ya lleva más o menos seis meses de retraso sin la menor justificación por parte de las autoridades correspondientes”.
Recordó el especialista que debido a los magros resultados en la fase piloto del proyecto de litio, de hecho la empresa alemana “podría verse forzada a empezar de cero para llegar al proceso adecuado a ser escalado para la fase industrial del proyecto», lo que explicaría la falta de cumplimiento de plazos.
Al cerrar la gestión 2016 no se conocía si la empresa K-UTEC entregó el diseño final del proyecto en septiembre de este año y si habría completado las obras de ingeniería básica hasta marzo de 2017, de acuerdo al contrato de diez meses firmado en agosto de 2015.
También en noviembre de 2016, Zuleta criticó acciones de la ex GNRE para distraer a la opinión pública “respecto de los verdaderos problemas para ocultar su negligencia en el desempeño de sus funciones”, insistiendo en que el diseño de la planta industrial de carbonato de litio tiene un “retraso considerable”.
“Empecé a oír que los alemanes no estaban muy contentos con el proceso de Comibol y que iban a tratar de hacer algo diferente, lo que tomaría tiempo”, confirmándose este temor cuando se supo que el gerente de K-UTEC refirió que el retraso estaba justificado bajo el argumento de que necesitaban «un poco más de tiempo para desarrollar un proceso altamente eficiente y sostenible «y que «dentro del proceso», pretendían «utilizar todos los componentes valiosos disueltos en la salmuera, y no sólo uno de ellos», según la misteriosa fórmula boliviana que Echazú dijo haber desarrollado al frente de la ex GNRE.
El analista de la economía del litio sostiene que a partir de 2014 la demanda de vehículos completamente eléctricos, híbridos enchufables y autobuses eléctricos se ha disparado, dando lugar a niveles sin precedentes de la demanda de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y de litio para este nuevo uso dominante, en el marco de una oferta más bien restringida del metal más liviano de la tierra.
“Como resultado, los precios del litio se han triplicado a finales del año pasado manteniéndose. En estas circunstancias, los fabricantes de vehículos eléctricos han intensificado su búsqueda de alternativas a las baterías de iones de litio y/o han empezado a considerar la introducción de la recarga inalámbrica o incluso la recarga no enchufable para reducir la capacidad de energía de sus baterías de iones de litio”.
Al parecer, los ejecutivos responsables de la demora no se dan cuenta “de cuánto daño económico, social y ambiental han producido/están produciendo estos retrasos al país y al mundo”, subrayó Zuleta.
Hace sólo dos meses este especialista sostuvo que los recursos ‒no reservas‒ de litio no alcanzan al 80 % del total planetario como había afirmado el vicepresidente Alvaro García, sino menos del 23 %
Respecto a los costos y la demora, añadió que se gastó hasta 200 millones desde mayo de 2008 en el proyecto piloto de litio y el laboratorio de experimentación de baterías de litio para obtener de 9 a 18 TM de carbonato de litio de “dudosa calidad y pureza y unas cuantas baterías ensambladas con todos los insumos importados, incluyendo el carbonato de litio”
La producción mundial de carbonato de litio en 2015 bordeó las 200 mil TM y la de celdas de baterías de iones de litio fue de varios billones, recordó Zuleta cuestionando si realmente se cuenta con «científicos bolivianos preparados».
En relación a otra apreciación contradictoria del vicepresidente García, en sentido de que se comprará tecnología alemana, francesa y china para modificarla en Bolivia y exportar los productos, el especialista replicó “si invertimos dinero y tiempo y formamos tremendos científicos ¿por qué ahora debemos adquirir tecnología foránea?”
En todo caso, sugirió que por el interés gubernamental en controlar el precio del litio y su espíritu altamente extractivista demostrado en la última década, “todo parece apuntar al litio y no a las baterías, con lo que termina desmoronándose su supuesto discurso industrializador”.
Las dudas abarcaban a los costos de las plantas. “En 2015, poco menos de cuatro meses antes de la firma del contrato en el periódico alemán Thueringer Allgemeine, Marx, el propio gerente de K-UTEC, se mostraba sorprendido de los costos de inversión de 570 millones de Euros mencionados por el gobierno boliviano. ‘Recién hemos construido en Argentina una planta con capacidades similares a las de Bolivia y ha costado alrededor de 110 millones de Euros’” recordó Zuleta.
“Si como se indicó, las piscinas de evaporación solar (elemento fundamental de la tecnología “desarrollada” por el proyecto piloto) representan la mayor parte de la inversión en Uyuni, es fácil deducir o que la tecnología de extracción de litio de K-UTEC es mucho más eficiente (porque entre otras cosas pone menos énfasis en piscinas de evaporación solar) que la boliviana o que esta última tiene un evidente sobreprecio”. [ http://www.erbol.com.bo/opinion/recursos/el_desarrollo_del_litio_en_bolivia_analisis_de_un_reciente_video_de_pat ]
¿SOCIOS? SOLO EN MINORIA Y CON TECNOLOGIA
La ley que crea la nueva empresa estatal del litio establece que los inversionistas bolivianos o extranjeros en la industrialización de este metal liviano tendrán que tener en cuenta una participación estatal mayoritaria, según un comunicado del Ministerio de Energía tras la aprobación parcial de la legislación.
YLB operará en prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de los recursos evaporíticos, es decir en toda la cadena productiva, además de complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización.
Fija el monopolio estatal de la producción y comercialización de cloruro de litio, sulfato de litio, hidróxido de litio, carbonato de litio, cloruro de potasio, nitrato de potasio, sulfato de potasio, y sales derivadas e intermedias.
Admitirá socios nacionales o extranjeros sólo para la semi-industrialización o industrialización, con el Estado como socio mayoritario. Para la transformación industrial de la materia prima se necesitan socios que aporten con tecnología, que Bolivia no tiene.
Todos los recursos que ha desembolsado el Banco Central de Bolivia para impulsar el proceso de industrialización pasan a responsabilidad de la nueva empresa.
Las previsiones del Gobierno anunciadas en 2015 consistían en sumar inversiones que en 2018 lleguen a 617 millones de dólares. El país había rechazado hasta ahora varias propuestas de sociedad con empresas extranjeras porque estas no se comprometen a construir en Bolivia plantas de fabricación de baterías de litio y de vehículos eléctricos como reclama el presidente Morales.
LITIO METÁLICO Y COTIZACIONES
