El optimismo que Paz exhibió el día de su posesión, mostrando el ingreso de cisternas al país como símbolo de una nueva etapa, se ha ido diluyendo. Las renuncias sucesivas en YPFB —en particular la de quien eligió retirarse antes que aceptar soluciones de corto plazo sobre problemas estructurales— desnudan la naturaleza real del conflicto. No es una disputa sobre combustibles: es una disputa por el control efectivo del Estado. Y esa disputa se expresa hoy, con toda su intensidad, en la crisis energética.
Las transiciones que siguen a largos ciclos hegemónicos rara vez implican una transferencia plena del poder. Suelen producir, más bien, una situación dual: el nuevo gobierno accede al control formal del Ejecutivo, mientras el antiguo bloque conserva poder material incrustado en el aparato estatal. Bolivia atraviesa hoy esa paradoja en su forma más aguda, y el sector energético se ha convertido en su expresión más visible.
La llegada de Rodrigo Paz al gobierno coincidió con una crisis estructural de múltiples capas: caída sostenida de la producción gasífera, escasez crónica de divisas, subsidios insostenibles y un deterioro institucional profundo. En ese terreno minado, la gestión de YPFB expone con crudeza la tensión central del nuevo ciclo: el gobierno intenta reformar un aparato que no controla.
La burocracia de la empresa estatal más importante del país no responde a una lógica racional del Estado. Responde, más bien, a la hegemonía prolongada del periodo anterior, que la moldeó como una estructura politizada y corporativa, atravesada por redes de poder acumuladas durante casi dos décadas.
Un núcleo en descomposición
YPFB no es una empresa más: es el corazón del modelo económico boliviano desde la llamada nacionalización de 2006. Controla la cadena completa de exploración, producción, importación y distribución de combustibles. Pero el agotamiento del modelo rentista es hoy innegable. La producción de gas cae desde 2014, la dependencia de importaciones se expande y la escasez de dólares estrangula las compras externas. Sobre ese cuerpo debilitado convergieron tres fuerzas: la crisis macroeconómica, la fragilidad institucional y la pugna política exacerbada entre Evo Morales y Luis Arce durante la gestión saliente.
El gobierno de Paz hereda, así, un problema que no es solo logístico sino macroeconómico: la política energética depende hoy del equilibrio fiscal y cambiario. Y sobre ese problema se superpone otro, más difícil de nombrar: el de una burocracia que funciona con lógica propia.
La burocracia como actor político
Las señales se han acumulado. Fallas estructurales de almacenamiento y logística, problemas graves en la calidad del combustible, denuncias oficiales sobre redes internas de robo y adulteración, despidos masivos de funcionarios, anuncios de reestructuración dirigidos contra «estructuras internas organizadas». El propio presidente ha hablado de combatir un «Estado tranca». El diagnóstico es inequívoco: la burocracia de YPFB opera con márgenes de autonomía que la sustraen del control gubernamental. Cuando eso ocurre, un problema técnico se transforma inevitablemente en crisis política.
Esa crisis se hizo explícita en abril. Tras la renuncia irrevocable de la presidenta de YPFB —que diagnosticó en la empresa una «arquitectura institucional perniciosa» y advirtió que los tiempos técnicos de cualquier reforma seria no podían subordinarse a la urgencia política—, Paz destituyó al ministro de Hidrocarburos y posesionó, poco después, al tercer presidente de la estatal en cinco meses de gobierno.
El dilema de fondo
El gobierno ha intentado responder con reformas de peso: eliminación del subsidio a los combustibles, apertura a importaciones privadas, reestructuración de YPFB e incluso la propuesta presidencial de que la estatal abandone la comercialización y se concentre en exploración y producción, lo cual requiere un cambio constitucional. Pero estas medidas topan con un techo visible: el débil control del Ejecutivo sobre la burocracia de YPFB, de la ANH y del propio Ministerio de Hidrocarburos. Las redes internas resisten, distorsionan o bloquean los cambios. Las versiones oficiales sobre la crisis de la gasolina lo ilustran: oscilaron entre atribuir el problema a residuos heredados en los tanques y denunciar planes deliberados de sabotaje.
El fracaso reiterado en la gestión de los combustibles revela algo más profundo que una dificultad sectorial. La transición política no desmontó el aparato estatal construido durante casi dos décadas de hegemonía. Hubo superposición de élites, no sustitución. Y la crisis energética se convirtió, así, en crisis de Estado: no solo de suministro, sino de gobernabilidad.
El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta, entonces, un dilema estructural: no basta con cambiar la política energética; es imperativo reconfigurar el Estado que la ejecuta. La crisis de YPFB demuestra que una burocracia enquistada puede bloquear cualquier reforma y que las redes informales han capturado buena parte de la capacidad de implementar políticas públicas.
Javier Gómez es economista
