Mediante un pronunciamiento conjunto, 71 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Bolivia expresaron su preocupación por lo que consideran una “escalada de estigmatización y amenazas” de parte de actores políticos y gubernamentales. En ese marco, las instituciones reafirman su rol histórico como garantes de la democracia, defensoras de derechos y actores de desarrollo. El documento surge cuando indígenas y campesinos demandan la abrogación de la Ley 1720, de reconversión agraria, un hecho usado para deslegitimar la labor de las OSC. Según el documento, los ataques no son aislados, sino “una práctica recurrente” que incluye intentos de criminalización económica y
