El derecho a la protesta, bajo diferentes conceptos, está protegido por la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia y los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero los bloqueos prolongados, violentos o que afecten derechos esenciales de la población pueden perder legitimidad y justificar una intervención estatal “racional y proporcional”, sostiene el especialista en derechos humanos y oficial del Programa Senior Fundación Para el Debido Proceso, Ramiro Orías. El artículo 4 de la CPE establece la libertad de reunión y asociación, pública y privada, con fines lícitos. En ese sentido, permite a la gente agruparse para manifestar reclamos. Asimismo, el
