Periodistas sobreviven con salarios reducidos y contratos sin beneficios sociales

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Foto: Sindicato de trabajadores de La Razón

La pandemia dio un duro revés a la estabilidad laboral que garantiza la Constitución Política del Estado y los periodistas no fueron ajenos a esta problemática. Medios de comunicación escritos, por ejemplo, optaron por despidos, reducción de salarios y la contratación sin beneficios sociales. No obstante, el cumplimiento en el pago de finiquitos y los acuerdos alcanzados entre trabajadores y empleadores son dos aspectos que diferenciaron a las empresas periodísticas.

«El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes», señala el parágrafo 3 del artículo 49 de la Constitución Política del Estado, quizá el más vulnerado desde marzo de 2020, cuando comenzó la emergencia sanitaria por la Covid-19.

«Después de las reducciones nos ofrecieron retiros voluntarios con la promesa de pagarnos todo. Al principio nos hablaron de cuotas, pero el sindicato logró que nos den en un solo pago. Luego vinieron los contratos por producto, sin seguro de salud ni aportes a las AFP ; nos pagan 150 bolivianos por nota publicada»

Los periodistas no solo estuvieron expuestos al contagio del virus en el ejercicio de su oficio, sino que enfrentaron severos cambios en su situación laboral. Uno de ellos fue la reducción de salarios, una de las primeras medidas que adoptaron los medios de comunicación para sobrellevar la crisis económica derivada de la pandemia.

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El retraso de salarios aún persiste en El Deber

El Deber, de Santa Cruz, redujo inicialmente el 15% del salario a todos sus trabajadores de planta, con el compromiso de reponer estos montos cuando mejore la situación, pues con la cuarentena rígida todos los rotativos del país dejaron de circular y se avocaron a sus ediciones digitales. Sin embargo, este porcentaje subió al 25% y comenzó el rezago en el pago de sueldos.

«Después de las reducciones nos ofrecieron retiros voluntarios con la promesa de pagarnos todo. Al principio nos hablaron de cuotas, pero el sindicato logró que nos den en un solo pago. Luego vinieron los contratos por producto, sin seguro de salud ni aportes a las AFP (Administradora de Fondo de Pensiones); nos pagan 150 bolivianos por nota publicada», relata uno de los periodistas del diario cruceño, que pidió mantener su nombre en reserva.

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Hugo Acuña, secretario general del Sindicato de Trabajadores de El Deber, aclara que todas las medidas fueron acordadas entre el empleador y trabajadores, y que en la actualidad las reducciones salariales fueron anuladas, aunque persiste un retraso de dos meses en el pago de sueldos. La cantidad de periodistas en planilla se redujo al menos al 50%; las plazas necesarias son cubiertas con contratos sin beneficios sociales.

«Ahora ya no hay despido forzoso por caso fortuito o fuerza mayor, el Ministerio de Trabajo lo prohibió mediante resolución, además hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por tanto, están prohibidos los despidos bajo estas características porque las empresas se aprovecharon, no solo fue El Deber sino varias que dejaron en la calle a muchos trabajadores en plena pandemia», cuestiona Acuña.

En Página Siete redujeron sueldos hasta en 50%

Los periodistas y los demás trabajadores de Página Siete acordaron con el empleador una reducción temporal del salario durante la cuarentena rígida, de marzo a junio de 2020, con la finalidad de que ninguno sea retirado de su fuente laboral. Sin embargo, entre julio y agosto fueron «invitados» a la recontratación.

«Hubo mucha presión para que accediéramos a la recontratación. Si te rebajan es despido indirecto, pero la empresa lo matizaba con que es un acuerdo entre ambas partes. No había de otra, la situación del periodista está muy complicada»

Los nuevos contratos establecían sueldos reducidos hasta en 50% al anterior percibido, dependiendo del nivel salarial, informa uno de los periodistas que aceptó estas condiciones. Esta medida afectó al menos al 50% de los trabajadores. Parte del compromiso fijaba el pago de finiquitos entre 3 y 6 meses, pese a que el artículo 9 del Decreto Supremo 28699 y la Resolución Ministerial 447/09 establecen un máximo de 15 días calendario a partir del último día trabajado.

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«Hubo mucha presión para que accediéramos a la recontratación. Si te rebajan es despido indirecto, pero la empresa lo matizaba con que es un acuerdo entre ambas partes. No había de otra, la situación del periodista está muy complicada, antes hasta te podías dar el lujo de renunciar e ir a otro periódico, pero ahora no hay opciones. Los salarios tampoco son puntuales», lamenta el periodista que pidió reserva de fuente al acceder a la entrevista con RimayPampa.

«Ahora estamos con menos salario y más trabajo porque hacemos lo que hacían los que se fueron», agrega. Sin embargo, a diferencia de El Deber, los contratos de Página Siete sí ofrecen beneficios sociales, es decir, el seguro de salud y los aportes a las AFP.

La Razón redujo su redacción de 44 a 17 trabajadores

Movilizaciones, bloqueos y hasta la quema de un muñeco que representaba a Claudia Benavente, directora de La Razón, fueron muestras del rechazo y enojo de los periodistas y demás trabajadores del rotativo por el despido de 97 personas mediante una reunión por Zoom, en plena pandemia y bajo el argumento de fuerza mayor. El hecho ocurrió el 1 de julio de 2020.

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Las planillas de enero de 2020, antes del despido masivo, dan cuenta de 44 personas en la redacción del matutino paceño. Sin embargo, las planillas de diciembre de 2021 muestran solo a 5 periodistas y un fotoperiodista de una lista de 87 trabajadores con ítem, la mayoría administrativos. En estos documentos se observa la reducción de salarios, la cual se hace en mínima proporción a los altos cargos en comparación al resto de trabajadores.

Uno de los periodistas del medio, que pidió mantener su nombre en reserva, detalla que actualmente la redacción funciona con 17 periodistas, incluidos los de la edición digital, y que la mayoría tiene un contrato que debe renovar cada seis meses. Este grupo figura como consultor y no tiene seguro de salud ni aportes a las AFP. Los salarios también se pagan con retraso de al menos dos meses.

«Ahora gano solo el 40% de lo que ganaba antes y ya no tengo ítem, sino un contrato. Las condiciones no son las mejores, pero los espacios de trabajo son cada vez menos para los periodistas y es una situación que nos pone en desventaja»

En La Razón no hubo una reducción de salarios pactada con los trabajadores, como ocurrió con los otros dos periódicos. Este empleador optó directamente por «invitar a un retiro voluntario» a sus trabajadores y ofrecer el pago de sus beneficios sociales en cuotas de uno o dos años, dependiendo de los montos, pese a la prohibición de las normativas laborales.

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«Ahora gano solo el 40% de lo que ganaba antes y ya no tengo ítem, sino un contrato. Las condiciones no son las mejores, pero los espacios de trabajo son cada vez menos para los periodistas y es una situación que nos pone en desventaja a la hora de pretender mejores condiciones salariales, peor aún estabilidad», señala el periodista de este medio de comunicación.

El panorama para los periodistas, efectivamente, no es alentador, sobre todo para los medios impresos que además enfrentan las consecuencias de la digitalización de la información. Varios periodistas desempleados se volcaron a emprendimientos periodísticos digitales propios para generar ingresos, sin embargo, el posicionamiento y su sostenibilidad con publicidad aún es un problema.

Actualmente, el Gobierno impulsa un anteproyecto de ley que define como “injustificados” los despidos por caso fortuito y fuerza mayor, y dispone la reincorporación por parte de los empleadores y el pago por los meses de desvinculación, una medida que tal vez pueda paliar la situación de este sector laboral.

Este reportaje fue posible gracias al apoyo del Fondo de Protección y Promoción de Defensores de Derechos, en el marco del Proyecto Sumando Voces Multiplicando Acciones “Las OSC defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia”, ejecutado por UNITAS, con el apoyo financiero de la UE. Su contenido es responsabilidad exclusiva de RIMAY PAMPA y no necesariamente refleja los puntos de vista de la UE.

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