“Informativo plurinacional”: En 5 días, difundió 87 notas con 130 fuentes y sólo una fue de “oposición”

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Entre el 22 y 26 de noviembre del año pasado, el “Informativo Plurinacional” difundió 87 noticias con 130 fuentes. De todas ellas, el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández Saucedo, fue la única fuente ajena al Movimiento al Socialismo (MAS) que apareció en el noticiero del Sistema Nacional de las Radios de los Pueblos Originarios (SNRPO), según un seguimiento realizado por RimayPampa.

En la nota, Fernández se refiere a la propuesta lanzada por el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, de debatir ¡ya! el federalismo “como solución de fondo” al “centralismo del MAS”. La noticia titula: “Alcalde de Santa Cruz afirma que discurso federalista de Luis fernando Camacho es político”. El texto agrega: la autoridad edil indica que “este no es el momento de discutir el tema de federalismo”.

El seguimiento realizado entre el 22 y 26 de noviembre de 2021 a seis programas del “Informativo Plurinacional” contabilizó 87 notas y 25 reportes en directo. En todos esos contenidos informativos se tomaron como fuentes a 130 personas, de las cuales 104 (80%) pertenecen o están vinculados al MAS; 14 (10,7%) son fuentes institucionales; 11 (8,4%) son fuentes ligadas a otros sectores (ciudadanos, comerciantes, diplomáticos, privados); y solo una (0,7%) se relaciona con la oposición.

47 notas sin contraparte

El análisis identifica también que de 47 notas que requieren contraparte para tener una información equilibrada, solo una cumple con ese requisito. Es el caso de la nota del 24 de noviembre relacionada con la aprehensión de Sixto Canaza, sindicado de liderar al grupo armado que el 28 de octubre pasado secuestró a una comitiva conformada por periodistas y empresarios en la propiedad Las Londras, en la provincia cruceña de Guarayos. La información fue brindada por el coronel Erick Holguín, comandante de la Policía en Santa Cruz y la contraparte la dio Óscar Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Las 46 notas que no tienen contraparte tienen como fuente a autoridades de gobierno, asambleístas nacionales y departamentales del Movimiento al Socialismo, y dirigentes y simpatizantes de ese partido político. En ninguno de los casos se menciona que se intentó buscar a la parte aludida o denunciada para tener su versión de los hechos.

Terminología despectiva: “golpistas”, “logias”, “separatismo”

La mayoría de las fuentes en estas notas sin contraparte hace referencias directas a las organizaciones cívicas y al paro multisectorial que terminó con la abrogación de la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

Las denuncias se concentran en que estos actores “intentan nuevamente desestabilizar al Gobierno democráticamente elegido”. Otras expresiones son: “Los golpistas quieren nuevamente arrebatarnos la democracia y hacer un segundo golpe”, “Las logias de Santa Cruz a la cabeza de (Luis Fernando) Camacho están queriendo desestabilizar a nuestro gobierno”, “Hablar de federalismo es hablar de separatismo”, “En la pandemia nos han encerrado para robarse todos nuestros recursos” y “En un año han destrozado la economía”.

Severino Estallani, presentado en el noticiero del 26 de noviembre como “trabajador minero de Colquiri”, afirmó: “Para ellos (la derecha), la democracia es discriminación, es racismo, es tratarnos de salvajes, es patear a las hermanas de pollera, es quemar las whipalas”.

La nota no indica que Estallani es dirigente de la mina estatal de Colquiri ni asambleísta del MAS por La Paz.

No dicen que las fuentes están vinculadas al MAS

Ese es otro rasgo de las noticias vinculadas con el oficialismo que se difunden en el Informativo Plurinacional: presentar a las fuentes sin mencionar que son parte de la estructura política del partido en función de gobierno. En algunos casos, el presentador o periodista se limita a decir: Según el senador X…, el diputado Y…, la asambleísta Z… o el dirigente de juventudes…, entre otros.

La carencia de contexto, la descontextualización y las afirmaciones sin sustento caracterizan también a estos materiales informativos.

En el caso de los 25 reportes en directo, tienen como fuente a 26 personas ligadas al oficialismo y el resto es información brindada por los mismos corresponsales.

Los periodistas que elaboran las notas, asimismo, no se guardan frases o adjetivos para tomar posición o calificar a los actores del paro multisectorial de principios de noviembre pasado, lo que va contra las buenas prácticas del periodismo. Las oraciones que utilizan son:

  • “El gobierno de facto” de Jeanine Áñez,
  • “Los movimientos sociales demostrarán la unidad para defender al gobierno”,
  • “…ante estos afanes cívicos políticos de golpe de estado que quieren desestabilizar al actual gobierno”,
  • “¿Qué mensaje deja a estos sectores que quieren desestabilizar al país?”
  • “Los sectores radicales movilizados durante el paro cívico”,
  • “Ratificamos nuestro compromiso de defensa de la democracia y apoyo al gobierno de Luis Arce”.

Este análisis permite aseverar que las notas difundidas en seis programas del Informativo Plurinacional no son rigurosas, equilibradas ni plurales, es decir, no cumplen con principios del Código Nacional de Ética Periodística.

El Código, que recoge elementos universalmente reconocidos para la autorregulación y el ejercicio ético del periodismo, busca garantizar el derecho a la información y a la comunicación de toda la población boliviana. Su contenido está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 19), en la Convención Americana de Derechos Humanos (Artículo 13) y en la Constitución Política del Estado de Bolivia (Artículo 21, numerales 3,5,6; y Artículos 106 y 107).

Las 61 Radios de los Pueblos Originarios activas confirmadas en la página web del Viceministerio de Comunicación retransmiten la misma señal.

Rimay Pampa solicitó al Viceministerio de Comunicación información sobre los resultados encontrados durante el análisis y sobre el tipo de trabajo que realiza el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.

Un proyecto, dos visiones

La primera radio de la que después se constituiría en la red de emisoras más grande del país nació en 2006, en el municipio de Andamarca (Oruro). «No sólo los empresarios deben disponer de esos potentes medios de comunicación. Ahora los indígenas y los campesinos tendrán voz propia para orientar, educar y luchar desde esa otra tribuna por sus reivindicaciones”, dijo en la inauguración de Radio Orinoca el entonces presidente Evo Morales, impulsor del proyecto.

Información del extinto Ministerio de Comunicación indica que las RPO emergieron de la necesidad de devolver la palabra al pueblo, que anteriormente no tenía la posibilidad de expresarse a través de un medio de comunicación. Por medio de esa red se reconoció, además, la importancia de la comunicación como elemento central de la identidad y de las dinámicas ligadas al desarrollo y al bienestar de los pueblos originarios, respetando las diferencias culturales y lingüísticas, así como los conocimientos tradicionales.

Al inicio del proyecto, la cartera de Comunicación se hacía cargo del mantenimiento de los equipos y de la capacitación del responsable de la emisora, el cual –en la mayoría de los casos– era elegido por las organizaciones sociales. Esa persona era, entonces, el custodio y el corresponsal de la emisora, por lo que recibía un sueldo del Gobierno por estar a cargo de la información, la difusión y la señal que se trasmitía desde su equipo. 

Estos radialistas no solo producen programación propia que se difunde en diferentes horarios, sino que mandan despachos a Radio Patria Nueva y se cuelgan al informativo que difunde la radio de Estado, indicó en abril de 2013 Eduardo Loayza, ex responsable nacional de las Radios de los Pueblos Originarios. 

“Muchas (RPO) se han cerrado, porque desde el Gobierno regalan los equipos a las autoridades, pero las autoridades ¿acaso son eternas?, cumplen su gestión y se van. De esa manera se han ido desmantelando poco a poco. Uno y otro se han llevado los equipos, han desaparecido”

Hoy, las RPO se presentan como un proyecto estatal estratégico que apunta a fomentar la participación de comunicadores indígenas originarios campesinos en el “empoderamiento de una comunicación indígena”. Tienen la misión de dotar a los pueblos indígenas originarios campesinos en el área rural y ciudades intermedias de radioemisoras que les permita el ejercicio legítimo de su derecho a la información y comunicación.

“Las Radios de los Pueblos Originarios han desvirtuado el camino correcto que tenían que seguir las organizaciones campesinas”, afirmó el 14 de octubre de este año Ana Limachi, ex presentante de Bolivia en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). 

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia–Bartolina Sisa y la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupaj Katari, por ejemplo, “ya son organizaciones políticas, ya no cumplen con lo que dicen sus estatutos orgánicos”, solo “cumplen lo que les dicen desde el MAS”, sostuvo la comunicadora, con 35 años de trayectoria en el mundo radiofónico.  

“Ya no hay esos ampliados que sacaban resoluciones para presionar al Gobierno en temas agropecuarios y de ganadería (…). En los congresos solo se discute cómo se va a hacer campaña, dónde van a viajar para hacer campaña. Gracias a esas radios (RPO) ya no se discute lo que verdaderamente es una organización campesina y eso ha afectado bastante a nuestros pueblos, a nuestra gente, que hoy por hoy si no habla del MAS no es nada”, contó Limachi, que dedicó gran parte de sus años al trabajo en radios comunitarias.

“Las Radios de los Pueblos Originarios han desvirtuado el camino correcto que tenían que seguir las organizaciones campesinas”

Para la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, “las RPO son pequeñas radios instaladas en las comunidades y zonas alejadas donde no llegan otros medios de comunicación”. ¿Qué tipo de comunicación hacen? La “de la población, las convocatorias a reuniones”, dijo la autoridad el 16 de abril de este año.

El sistema RPO llegó a estar conformado por 104 emisoras en el último año de gestión de Morales, pero de esa cantidad solo quedaron 18 durante la administración de Jeanine Áñez. 

“Muchas (RPO) se han cerrado, porque desde el Gobierno regalan los equipos a las autoridades, pero las autoridades ¿acaso son eternas?, cumplen su gestión y se van. De esa manera se han ido desmantelando poco a poco. Uno y otro se han llevado los equipos, han desaparecido”, aseveró Limachi.

En otros casos, agregó, “las personas que los atendían se han ido a trabajar y los han abandonado porque no tenían sueldo, no tenían para comer”. También hubo aquellos en los que “las propias autoridades” comunitarias “las han desmantelado”, porque “se dieron cuenta” que solo eran retransmisoras de Patria Nueva.

En enero de 2020, durante la gestión de Áñez, la viceministra de Gestión Comunicacional Mónica Coelho reportó la recuperación de equipos de la RPO instalada en Santa Ana (Beni), que el custodio había retirado “arbitrariamente” del lugar donde operaba.

“Fuimos ante un notario con toda la documentación pertinente, inclusive con el acta de entrega” de la radio “que firmaron el año pasado”. “Entonces, el señor (el depositario)”, que en principio “se negaba a ir, no pudo” hacerlo más y “no tuvo de otra de ir a buscar los equipos”, los cuales “lamentablemente estaban en mal estado”, reportó.

La autoridad anunció además que continuarían las evaluaciones sobre el funcionamiento de las RPO en esa región para recuperar otras radios.

“En realidad no todas están funcionando como se debe”. Esa red de emisoras “fue mal intencionadas desde el inicio; tuvieron un rol muy irresponsable de incendiar Bolivia, de incendiar nuestros pueblos. ¿Y de qué manera? haciendo notar el racismo, la discriminación entre nosotros los bolivianos (…). Lo que tienen que emitir estas radios comunitarias son programas educativos, de salud, no hacer política”, sostuvo Coelho.

La entonces ministra de Comunicación Roxana Lizárraga anunció a la par que estaba en marcha un proceso de reestructuración de las radios del sistema, previa evaluación de las condiciones técnicas en las que se encontraba cada una y el trabajo que realizaron en los últimos años. «Tiene que hacerse la reasignación. Hay que ver qué es lo que vamos a hacer (…), porque hay algunos equipos que no están funcionando y hay otros que no aparecen, que se los llevaron y estamos tratando de recuperar», indicó.

Pero la anunciada reorganización quedo truncada con la victoria de Luis Arce en las elecciones presidenciales de octubre 2020, tras lo cual se comenzó a reconstruir el sistema.

Durante el Gobierno de transición, se dejó en funcionamiento “solo 18 radios”, denunció el actual responsable de las RPO, José Aramayo, quien el 16 de abril de este año confirmó también que “existen cronogramas para reactivar las 104 radios” que eran parte del sistema hasta 2019. 

“En realidad no todas están funcionando como se debe”. Esa red de emisoras “fue mal intencionadas desde el inicio; tuvieron un rol muy irresponsable de incendiar Bolivia, de incendiar nuestros pueblos. ¿Y de qué manera? haciendo notar el racismo, la discriminación entre nosotros los bolivianos (…). Lo que tienen que emitir estas radios comunitarias son programas educativos, de salud, no hacer política”

Los derechos de los pueblos originarios les “fueron coartados en noviembre de 2019, cuando grupos paraestatales saquearon, destrozaron y cortaron la señal de las 104 radios de los pueblos originarios en el país, con el objetivo de hacer desaparecer la voz del movimiento indígena campesino”, afirmó Aramayo, quien apuntó además que “los custodios” y “los corresponsales de los medios originarios han luchado y contrarrestado el golpe de Estado”, aseveró.

“Nuestro compromiso es recuperarlas todas, que puedan ser autosostenibles y mejorar los equipos” para que “se puedan utilizar en nuestras comunidades”, manifestó en la fecha la viceministra Alcón que anunció también que el gobierno de Luis Arce está en proceso de “devolver el derecho a la comunicación, información y libertad de expresión a sectores rurales del país”.

Al momento, existen 61 radios activas distribuidas en todo el territorio nacional, de acuerdo con información disponible en la página web del Viceministerio de Comunicación.

Emisoras que hoy forman parte del sistema RPO

Fuente: Viceministerio de Comunicación

La recuperación de los objetivos del sistema RPO

La Constitución Política del Estado (CPE) instruye a los administradores del país garantizar a todos los bolivianos el derecho a la comunicación y el derecho a la información (Artículo 106), y establece que los medios de comunicación social deben contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados (Artículo 107). 

En este marco, la Carta Magna reconoce también como derecho de las naciones y los pueblos indígena originario campesino el crear, administrar sistemas, medios y redes de comunicación propias (Artículo 30).

“Las Radios de los Pueblos Originarios son un proyecto muy lindo de democratización de la comunicación, pero el problema que ahora tenemos con ellas es su elevada politización y su vinculación con el MAS, con un proyecto hegemónico de poder”, expuso el 4 de noviembre de este año Mauricio Quiroz, comunicador y periodista que realizó una investigación sobre las radios comunitaria del país.

Las RPO, subrayó, “están al servicio de un grupo hegemónico que busca concentrar el poder en un determinado estrato de la sociedad, lo cual es contradictorio a su vez con el sentido de la democracia”. 

Limachi recordó asimismo que las radios comunitarias realizan una labor social desde que surgieron en los años 80, “pero en estos últimos años –desde que el MAS asumió el Gobierno– ha habido una confusión total” en el sector.

Para comenzar, se creó el “Sistema Nacional de Radios Comunitarias”, nombre que luego cambiaron a “Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios” ante el rechazo que generó el primer título entre radialistas que en las provincias destinaban sus propio tiempo y dinero para mantener su señal en funcionamiento.

“Los verdaderos radialistas comunitarios han tenido que trabajar para hacer radio, no han hecho radio para su propio beneficio. Por eso siempre he aclarado que el hermano comunicador, comunicadora de las provincias, trabaja en otra cosa para mantener la radio. Así era anteriormente”, relató Limachi.

Según el Reglamento para el Funcionamiento de la Radiodifusión Comunitaria, se entiende por radio comunitaria a aquel equipo radiofónico que se instala en poblaciones con menos de 10.000 habitantes.

“No se puede hacer programación como ellos (los radialistas RPO) quieren. Como les han dado el equipo sí o sí tienen que cumplir lo que ellos (los del Gobierno) dicen”

Dado el carácter no lucrativo de estas iniciativas, quienes obtienen licencias para ejercer esta actividad son responsables de la sostenibilidad económica de los servicios, la que puede provenir de recursos autogenerados como avisaje u otros, así como de donaciones y proyectos y aportes de la comunidad, siempre que la naturaleza o procedencia de dichos recursos no contravengan el carácter comunitario del servicio.

“En las radios comunitarias se difunden las tradiciones, las costumbres de los pueblos, se fortalece su cultura, su producción. ¿Qué pasa en época de lluvias, en época de sequía en los sembradíos? en ese sentido se trabajaba. También hacían bien social: el mismo comunario iba a la radio a hablar, informaba cuando alguien ha muerto o cuando se perdía el ganado”, detalló Limachi, ex representante de Bolivia en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

Ahora, añadió, las RPO “se han vuelto equipos de transmisión directa de todo lo que difunde Patria Nueva, no hay programación, no hay contenido propio como las radios comunitarias, que hacían su propio esfuerzo. Iban a los ampliados en bicicleta, recogían información y difundían”.

“No se puede hacer programación como ellos (los radialistas RPO) quieren. Como les han dado el equipo sí o sí tienen que cumplir lo que ellos (los del Gobierno) dicen”, sostuvo la radialista.

El futuro de las voces indígenas originarias campesinas

De acuerdo con información proporcionada por el Viceministra de Comunicación, en noviembre de 2019 la cantidad de Radios de los Pueblos Originarios se redujo a 18, lo que significó que “más de 3 millones de personas” se queden sin información proveniente de esa red, población que “en muchos casos” tiene a la RPO como único medio de comunicación.

La autoridad denunció también que hasta antes de las elecciones de 2019 Patria Nueva cubría cerca del 80% del país, un alcance que en 2020 se redujo al 15%, lo que significa que esa señal dejó de ser escuchada por 1,79 millones de personas en el país.

A decir de Limachi, “en Patria Nueva hablan que esto o aquello tenemos que hacer, que el que no acepta es del capitalismo”. Esta “tergiversación” de la información “también es causante de que nuestras organizaciones sociales campesinas sean parte del Gobierno (…). Tantas cosas les han metido a la cabeza mediante esas radios (RPO)”.

Quiroz explicó que al existir una comunicación hegemónica se rompe la pluralidad y se distorsiona la información que llega a la población. “Cuando al público le privas de una visión distinta a lo que ellos piensan, afectas la calidad de la democracia, haces que nuestra democracia no sea la adecuada”.

“La democracia se devalúa de forma muy peligrosa” si la población recibe información noticiosa que no cumple con las reglas del periodismo independiente, advirtió a su vez Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), quien sostiene también que “los medios estatales son en realidad instrumentos de propaganda del gobierno”.

En la primera semana de noviembre, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar anunció que se iniciarán procesos de fiscalización a los medios estatales, debido a que éstos cumplen un rol «propagandístico» a favor del Movimiento Al Socialismo.  

“Vamos a iniciar las investigaciones” sobre “los gastos que eroga el Estado para pagar a los medios de comunicación estatales, que sólo hacen entrevistas o programas al expresidente Morales. Vamos a presentar una petición de informe, porque no se puede permitir que los bolivianos paguemos medios para limpiar la imagen de Evo Morales”.

La asambleísta se refirió en específico a Kawsachun Coca, RPO que no figura en la lista de emisoras de la red disponible en la página web del Viceministerio de Comunicación.

Un apoyo condicionado

Ana Limachi hace notar además que el modelo de comunicación promovido por el Gobierno del MAS en las radios estatales no solo se base en la difusión del discurso político de ese partido a través de canales que son de todos los bolivianos, sino que también oprime a las radios comunitarias para que sigan ese camino. 

“En los últimos años, el Gobierno les ha ofrecido material de difusión, como cuñas y todo aquello, a aquellas radios (comunitarias) que necesitan recursos para renovar sus equipos, para comprar grabadoras, para difundir su música. La condición es que tienen que hablar a favor del gobierno, no tienen que hablar en contra, y como necesitan dinero, y quieren mantener su radio, algunas han aceptado”, reconoció Limachi.

“En algunos lugares pelean, difunden hasta cierto momento” el material del Gobierno, “porque se dan cuenta, tampoco pueden ser sus serviles. Pero hay otras radios que sí cumplen todo lo que les dicen, que se han dejado llevar por la cuestión económica”, evaluó la comunicadora aymara, quien trabajó como periodista y directora en las radios Wiñay Jatha, San Gabriel, Yungas, Erbol y Líder, entre otras.

Según información oficial recogida por Los Tiempos, desde su fundación hasta junio de 2018, al menos 40 radios comunitarias fueron absorbidas por el sistema RPO.

“Muchas veces, el carácter de propiedad de un medio define el enfoque con el que va a informar y eso también ocurre con las grandes cadenas nacionales e internacionales”, recordó Quiroz.

“Hasta el momento, la radiodifusión sigue siendo lo más importante en el área rural, donde la gente no se queda en casa, porque con la radio en mano se va a trabajar la tierra desde tempranas horas”, apuntó Limachi.

Sin embargo, manifestó, “si esto (la hegemonía del MAS en la radiodifusión rural) va a seguir así, nunca va a cambiar nuestra gente. Eso también ha causado la migración de nuestros jóvenes a las ciudades, al exterior, porque estas RPO ya no ayudan, ya no difunden cómo mejorar la producción agrícola, la ganadería, y las comunidades, las tierras, se están quedando así (abandonadas)”.

 

Este reportaje fue posible gracias al apoyo del Fondo de Protección y Promoción de Defensores de Derechos, en el marco del Proyecto Sumando Voces Multiplicando Acciones “Las OSC defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia”, ejecutado por UNITAS, con el apoyo financiero de la UE. Su contenido es responsabilidad exclusiva de RIMAY PAMPA y no necesariamente refleja los puntos de vista de la UE.

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