El atentado contra un magistrado en Colombia durante la época de Pablo Escobar y el reciente sicariato del decano del Tribunal Agroambiental en Bolivia no son hechos equivalentes.
Compararlos automáticamente puede llevar a interpretaciones erróneas sobre la gravedad y la naturaleza de la violencia criminal que enfrenta hoy Bolivia.
En Colombia, los atentados con bomba contra jueces, magistrados y edificios públicos respondían a una lógica de terrorismo mafioso. El objetivo era doble: sembrar miedo colectivo y desafiar públicamente al Estado. Las bombas eran mensajes políticos y criminales al mismo tiempo. Eran actos de guerra contra la institucionalidad.
En Bolivia, el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental responde más a una lógica de sicariato selectivo: una ejecución dirigida, silenciosa, quirúrgica. No busca necesariamente paralizar a toda la sociedad mediante terror masivo, sino eliminar a una persona específica vinculada a decisiones de poder, intereses económicos o disputas mafiosas.
Pero sería un error creer que eso lo vuelve un hecho menos grave.
Al contrario: el sicariato contra autoridades judiciales es una señal de que actores criminales ya sienten capacidad para penetrar, intimidar o disputar espacios al Estado. Es una advertencia temprana.
Y aquí aparece el verdadero problema: si las instituciones (incluyendo la propia justicia) no son reformadas, fortalecidas y depuradas, Bolivia avanzará a escenarios mucho más violentos. La captura institucional, la corrupción, la impunidad y la ausencia de investigación efectiva son precisamente las condiciones que, en otros países, permitieron la evolución de asesinatos selectivos a formas abiertas de terrorismo criminal.
La justicia no puede limitarse a condenar la violencia mientras ignora sus propias responsabilidades estructurales. Porque cuando las instituciones pierden legitimidad, independencia o capacidad de respuesta, el crimen organizado deja de operar en las sombras y comienza a imponer reglas mediante la violencia.
Hoy Bolivia no está en la Colombia de los años 80. Pero minimizar las señales o hacer comparaciones superficiales tampoco ayuda.
La pregunta no es si ya llegamos a este punto. La pregunta es cuánto tiempo más puede sostenerse un sistema debilitado antes de que la violencia criminal escale hacia formas todavía más extremas.
Gabriela Reyes Rodas es criminóloga.
