El «Sumaj Orcko» no solo está perdiendo su forma geolígica; también la vida la de quienes lo habitan. Los impactos ambientales en fuentes de agua y la generación de colas, son denunciados recurrentemente.
El Cerro Rico de Potosí, emblema de la riqueza colonial y pilar de la economía minera boliviana, atraviesa hoy su crisis más severa en cinco siglos de historia. Lo que durante décadas fue una advertencia técnica de especialistas y académicos, se ha transformado en abril de 2026 en una emergencia geológica y humanitaria de magnitud incalculable.Las comunidades locales y especialistas denuncian daños ambientales persistentes.
Reportes técnicos recientes y denuncias de diversos sectores sociales coinciden en un diagnóstico sombrío: la emblemática montaña no solo está perdiendo su icónica forma cónica, sino que se está desmoronando internamente bajo la presión de una actividad minera que no se detiene a pesar del riesgo inminente de colapso.
El hundimiento de la cúspide y el fracaso de los paliativos
La morfología del Cerro Rico ha sido alterada irreversiblemente. Según informes de la Comisión Técnica de la Universidad Autónoma «Tomás Frías» (UATF) que ha identificado al menos cuatro nuevos hundimientos de gran magnitud en la cúspide del yacimiento.
Para marzo de 2025, la cifra de hundimientos y deslizamientos ya superaba los 144 incidentes, afectando gravemente la estabilidad sobre la cota 4.400, una zona teóricamente protegida por normas de preservación.
La historia de las intervenciones técnicas es una sucesión de intentos fallidos y millonarias inversiones que han resultado insuficientes.
En 2012, se realizó un relleno con hormigón alivianado en el hundimiento H-1 con un costo de 16,8 millones de bolivianos; posteriormente, en 2015, se aplicó un relleno seco por otros 6 millones de bolivianos. Sin embargo, los expertos de la UATF señalan que estas medidas han sido meros «parches» que la propia dinámica interna del cerro ha terminado por absorber o rechazar.
La propuesta técnica actual, liderada por el Ing. Freddy Llanos, docente emérito de la UATF, sugiere la necesidad urgente de un plan de estabilización, consolidación y sostenimiento estructural desde el interior de la mina San Luis, estimando que se requiere una inversión de Estado para evitar que la cumbre desaparezca definitivamente.
Los actores del deterioro: cooperativas mineras y empresa Manquiri
La responsabilidad sobre el daño estructural se distribuye en una compleja red de intereses. Por un lado, las Cooperativas Mineras representan el sector de mayor presión social y política.
A pesar de los compromisos de migración hacia nuevas áreas de trabajo fuera de las zonas críticas de la cumbre, en los últimos 13 años no se ha registrado un avance significativo en la reubicación de estos grupos. La intensiva explotación manual y con explosivos en áreas prohibidas sigue siendo el principal motor de la inestabilidad geológica.
Por otro lado, la presencia de la Empresa Minera Manquiri, controlada desde 2021 por la canadiense Andean Precious Metals, añade una dimensión trasnacional al conflicto.
Según la concejal munícipe Reyna Menacho existe una profunda brecha entre los informes de sostenibilidad y criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) que la empresa declara en mercados internacionales y la realidad en el territorio potosino.
Las comunidades locales y especialistas denuncian daños ambientales persistentes, como la afectación a fuentes de agua y la generación de colas, además de tensiones sociales por la ausencia de consultas previas y la división de organizaciones comunitarias.
La autoridad munícipe enfatiza que, bajo el control de capital canadiense, persisten conflictos de gobernanza que ponen en duda la efectividad de la «minería responsable» en una de las zonas más frágiles de Bolivia.
La empresa minera Manquiri, con exportaciones anuales que rondan los $us 70 millones según la prensa local, se encuentra bajo escrutinio. Su operación se basa en un contrato de arrendamiento de 2001 con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el cual originalmente solo permitía la explotación de desmontes o «pallacos» (material suelto), prohibiendo estrictamente la actividad extractiva en el interior de las minas.
Sin embargo, fuentes anónimas señalan que la empresa ha desviado su método de trabajo. «Lo único que tenía que hacer, preservando la estructura cónica, era trabajar los desmontes, pero lo que están haciendo ahora es explotación a cielo abierto», afirmó una fuente. Adicionalmente, se denuncia un mecanismo indirecto para extraer roca dura: «Internamente tiene acuerdos con cooperativistas, quienes sacan la carga del interior y les venden el mineral, es así que, indirectamente explotan roca dura del interior de las minas», explicó la misma fuente.
La situación se complejizó en 2021, cuando Manquiri firmó un nuevo Contrato de Producción Minera con Comibol, válido por 25 años (hasta 2046) en la zona El Diablo. Según otro denunciante, este nuevo acuerdo es el que ha posibilitado la explotación a cielo abierto, calificando este documento como «ilegal e inconstitucional».
La montaña que «traga vidas»: Precariedad y trabajo infantil
El costo humano de la explotación en el Cerro Rico es devastador. Según datos recabados por la prensa local, solo durante el año 2025 se reportaron 123 muertes de trabajadores al interior del yacimiento. Esta cifra es el resultado directo de condiciones laborales precarias, donde la falta de implementos básicos de seguridad industrial es la norma en gran parte de las operaciones cooperativizadas.
Se estima que aproximadamente 30.000 personas dependen directamente del trabajo en el cerro. En este entorno de informalidad, la presencia de jóvenes y adolescentes es una constante. Estos trabajadores, empujados por la necesidad económica, se internan en galerías que datan de la época colonial, muchas de ellas carentes de sistemas de ventilación o apuntalamiento adecuado.
La minería en el Cerro Rico se ha convertido en un refugio de empleo precario donde el riesgo de muerte por hundimientos, asfixia o accidentes mecánicos es una probabilidad diaria para miles de potosinos.
El colapso del Cerro Rico de Potosí es mucho más que un fenómeno de degradación geológica; es una tragedia humana que se alimenta de su eslabón más frágil: la niñez potosina. La explotación infantil en la minería se ha mimetizado con el paisaje bajo un peligroso velo de «normalización» social y necesidad extrema. Para miles de familias, la supervivencia se compra a costa del futuro de sus hijos.
Según registros de UNICEF, el 66% de los menores que trabajan en la Villa Imperial inician su vida laboral precisamente en la minería. A menudo, son impulsados por la orfandad o la precariedad que obliga a cambiar las aulas por túneles estrechos y carentes de oxígeno. En este contexto, su pequeña estatura es vista por las cooperativas como una «ventaja estratégica» para alcanzar las vetas inaccesibles para los adultos.
Esta maquinaria de precarización opera mediante un perverso sistema de tercerización del riesgo. Las cooperativas mineras actúan como empleador directo e informal, estableciendo tratos estrictamente verbales que despojan a los adolescentes de cualquier seguro de salud o equipo de seguridad básico. Sin embargo, la cadena de responsabilidades no termina en la bocamina.
La Empresa Minera Manquiri, controlada por capitales canadienses, se encuentra bajo escrutinio por su papel en este ecosistema. A pesar de sus reportes internacionales de sostenibilidad, la empresa se beneficia de acuerdos internos para la compra de «roca dura» extraída por cooperativistas en zonas de alto riesgo. De esta forma, sus exportaciones millonarias quedan directamente vinculadas con lo que organismos internacionales califican como las «peores formas de trabajo infantil».
La crisis se agrava ante la parálisis de un Estado que observa el desastre sin intervenir de forma estructural. Mientras la Defensoría del Pueblo reporta operativos donde se rescatan adolescentes destinados a trabajos forzados en las minas, instituciones como COMIBOL y el Ministerio de Minería son señaladas por su inacción y falta de control efectivo sobre las operaciones.
Existe un contraste violento entre los 70 millones de dólares que Manquiri reporta en exportaciones anuales y la realidad de jóvenes que admiten no poder dejar de trabajar bajo ninguna circunstancia para asegurar la supervivencia de su familia. Sin una política de Estado que priorice la protección de la infancia sobre el lucro extractivo, el Cerro Rico seguirá devorando el futuro de Potosí al mismo ritmo que desmorona su propia cumbre.
Riqueza interminable
La concejal Reyna Menacho afirma que todavía se puede hallar plata pura en el Cerro Rico, específicamente en la cúspide que aún no ha sido explotada.
Según Menacho, si bien por debajo de la cota 4.400 hay sulfuros que se pueden trabajar, por encima de este límite —donde la explotación está prohibida— existen óxidos que contienen plata, zinc y estaño.
No obstante, la concejal denuncia que algunas empresas están extrayendo estos minerales ilegalmente: «Lo que se está haciendo, de manera ilegal, es armar una especie de chorreras por donde estos óxidos van cayendo a las volquetas y estas las transportan hasta los ingenios».
La ausencia del Estado y la parálisis institucional
La crisis del Cerro Rico es también una crisis de fiscalización estatal. Las instituciones llamadas a proteger este Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO en 1987 —como la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el Ministerio de Minería— han sido señaladas por su inacción y falta de control efectivo. La ausencia de un marco legal actualizado es evidente: el Decreto Supremo 27787, que debería regular la preservación del cerro, es considerado obsoleto por la Facultad de Derecho de la UATF.
Actualmente, existe una propuesta para promulgar una Ley de Preservación que declare a la cúspide del Cerro Rico en estado de desastre y no simplemente en emergencia. Esta distinción jurídica es crucial para movilizar los recursos económicos y técnicos necesarios a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la gestión de financiamiento ante embajadas u organismos como la UNESCO sigue estancada en trámites burocráticos mientras la montaña sigue cediendo.
Un colapso inminente
La falta de atención oportuna por parte de las autoridades nacionales, departamentales y locales ha creado el escenario perfecto para una catástrofe mayor. El aumento de la explotación reportado en los primeros meses de 2026, sumado al deterioro visible de la cumbre, sugiere que el tiempo para soluciones superficiales se ha agotado.
De no mediar una intervención estructural inmediata y una política de Estado que priorice la seguridad de la vida y la preservación del patrimonio sobre el lucro extractivo, el Cerro Rico de Potosí se encamina hacia un colapso que no solo borrará un símbolo nacional, sino que multiplicará las muertes de trabajadores mineros que, en su mayoría jóvenes, operan en un limbo de informalidad y peligro.
El «Sumaj Orcko» está muriendo, y con él, se entierra la posibilidad de un futuro sostenible para la región que una vez fue el centro del mundo.
Agencia de Noticias Ambientales (ANA)
