CNS: Botín de $us 9.000 millones al 2025 y 14 mil cargos públicos

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Tenso campo de batalla gobierno vs. COB
Una serie de paros en el sector salud, la amenaza estatal de acelerar despidos y la reacción sindical, caracterizan la lucha por la Caja Nacional de Salud, un filón de 800 millones de dólares/año y 14 mil puestos de trabajo, en manos del actual régimen
Rolando Carvajal, especial para Rimay Pampa
Contra un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TCP) que recordó la figura del preaviso para disolver una relación laboral, la Central Obrera (COB) convocó esta semana a paro nacional mientras que la federación de mineros sindicalizados (FSTMB) advirtió con una toma del TCP desde el próximo lunes.
Las acciones configuran los últimos ribetes del prolongado conflicto por el control de la Caja Nacional de Salud (CNS), la principal aseguradora de corto plazo del país, sustentada por aportes de trabajadores activos y jubilados.
A través de sus aportes mensuales, ellos financian un presupuesto de 827 millones de dólares proyectado por la Caja para esta gestión 2017, aunque, paradójicamente, la institución obedece a los regímenes de turno que han designado a sus consecutivos gerentes. 
El último nominado, un cuestionado administrador posesionado hace un mes por la ministra de Salud del presidente Evo Morales, es rechazado desde hace cuatro semanas por los 14.000 médicos y salubristas de la CNS, que impugnan su designación por decisión “político-partidaria”, al margen de convenios y de consenso con los trabajadores.
Con cerca de 3.500 dependientes temporales y 10.400 permanentes al 2016, entre personal jerárquico, médicos generales, especialistas, asistentes y oficinistas, la CNS dice atender a 2.9 millones de los 10 millones de bolivianos que conforman la población total del país. 
El año pasado, la Caja presupuestó 596 millones de dólares, de acuerdo a las cuentas oficiales del SIGEP-MEFP y para esta gestión prevé 827 millones de dólares, que incluyen un salto de la inversión, de 18 a 196 millones de dólares entre ambas gestiones.
En montos a ejecutar la Caja supera, de acuerdo a información oficial, a varios de los principales ministerios de Estado e incluso casi duplica los fondos asignados al programa presidencial “Bolivia Cambia” que proyecta ejecutar Bs.2.210 millones, equivalentes a 315 millones de dólares.
Sin embargo, la infraestructura y economía de la Caja basada en aportes laborales, pretenden ser aprovechados por el régimen actual para poner en marcha un seguro integral por la vía de confiscar virtualmente el patrimonio de los trabajadores sindicalizados, señaló Grover Alejandro, líder de los rentistas.
Recordó Alejandro que el reciente “dedazo” de Evo Morales para hacerse del manejo de los 827 millones de dólares de los trabajadores activos y jubilados, y de los 14 mil “ítems” de la institución, es parte del “castigo” a que han sido sometidos la COB y los trabajadores activos y pasivos por haberse distanciado del régimen.
El alejamiento se concreta luego de múltiples despidos en el sector fabril y a la posición expresa de la dirigencia obrera de no convertirse en un “apéndice” del Conalcam, un organismo de dirigentes campesinos afines al gobierno. 
La ministra de salud, Ariana Campero afirmó que el proyecto de salud universal no fue debatido aún en la Asamblea Legislativa y que será el Estado el que pagará por el servicio, sólo que los pacientes de ambos seguros serán atendidos en cualquiera de los centros que esté más próximo al enfermo.
La Caja es criticada también no solo por sus deficiencias sanitarias sino por los montos no ejecutados de su presupuesto que según Campero habrían alcanzado el año pasado a 142 millones de dólares, aunque la cifra dista mucho de los calculos laborales.
Otros ocho entes gestores de la salud en Bolivia son las cajas Petrolera, de Caminos, Bancaria Estatal, Banca Privada, Cordes, el Seguro Social Universitario y Coorporación del Seguro Social Militar además del próximo Integral de Salud que busca implementar el gobierno.
De acuerdo a estimaciones de los aportantes, la CNS pudo haber manejado 4.000 millones de dólares la década pasada. Su preocupación aumenta porque en el periodo 2016-2025 será un botín de 9.000 millones de dólares en manos del gobierno si la administración no es ejercida por los trabajadores y rentistas que generan los recursos de la institución.
En medio de la pulseta por el control de la Caja, un papel clave parece jugar el Directorio de la institución, que al no reunirse no aprueba los actos del nuevo gerente, Juan Alfredo Jordan, un ingeniero comercial y administrador hospitalario.
“Sus actos son nulos de pleno derecho porque no están avalados por el Directorio de la CNS. Esto es grave. Y no los avalará mientras no se reúna”, dijo el ejecutivo de los jubilados bolivianos.
Los rentistas tienen tres de los nueve directores de la Caja; otros tres representan a los trabajadores activos; el sector patronal detenta dos y el estatal uno, aunque para la designación del gerente principal de la CNS fue ignorado un convenio por el que este alto funcionario debe ser nominado de una terna efectuada por la COB, además de otra enviada al Presidente por el Ministerio de Salud
Hace cuatro años Evo Morales promulgó el Decreto 1403 como marco legal para reestructurar la institución en un periodo de dos años, sin que a la fecha se haya registrado cambios sustanciales, según reciente informe del Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases, financiado también por los trabajadores) que encontró diferentes problemas en la Caja, argumento para desplazar al antecesor de Jordán, Dr. Mario Aramayo.

MORDIENDO LA MANO

Para dirigentes sindicales, Aramayo (gestión 2016) y otro de sus predecesores Juan C. Alvarado (2011-2012) fueron designados de manera “arbitraria” y unilateral por el gobierno de Morales (MAS), sin consenso con la COB. La excepción habría sido René Bustillos, que duró tres años (2013-2015)
En el marco de la Constitución Política del Estado un convenio con la COB de 2012, suscrito en el mandato del ex secretario Pedro Montes establece que la Central Obrera debe enviar al mandatario una terna para que de esta elija al principal ejecutivo de la Caja, sostuvo Grover Alejandro. 
“El acuerdo de partes se hace ley para nosotros”, agregó el líder de los jubilados. “El último nombramiento es político porque no se realizó dentro lo convenido con la COB”.
Alejandro reiteró que la CNS es de los trabajadores activos y pasivos aportantes al sistema de seguridad social. 
“El gobierno no tiene invertido un solo centavo en la Caja, pero dispuso el año pasado que un monto no ejecutado de 45 millones de bolivianos sea transferido al ministerio de Salud, mientras que el Inases vive y pervive de nuestros aportes (0,5 %) y el mismo Ministerio se queda con el 5 % de las aportaciones de los trabajadores. Están comiendo de nuestra mano y no es justo que nos muerdan”.
Pese a que el conflicto fue desatado por los sindicatos médicos del FESINRAS y sus pares de las diversas Casegurales de la CNS, que alegan una institucionalización de la CNS, jubilados, mineros y la COB cuestionan la administración de la Caja por los médicos, a una “logia de doctores”, señalaron, que ha detentado las gerencias en los últimos años.
Las diferencias son capitalizadas por el gobierno, que arremete contra todos los que impugnan sus designaciones y control de la institución. 

AFINES AL GOBIERNO VS TRABAJADORES-COB

En medio del conflicto, grupos sindicales afines al gobierno como la Central Obrera-Santa Cruz, el Casegural cruceño y juntas vecinales de la capital oriental, lo mismo que el Defensor del Pueblo cuestionaron el paro de los salubristas que obligó a reprogramar cirugías y suspender atenciones médicas, aunque los servicios de emergencia no fueron afectados.
Trabajadores de la Caja denunciaron que el gobierno del MAS busca la confrontación contra los salubristas utilizando a sectores afines que se opongan al paro con contramovilizaciones.
Mientras una comisión de fiscales verificaba en Santa Cruz si hubo actividad en dos establecimientos del seguro, se tramitaban eventuales juicios por presuntos delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes. 
Las marchas y protestas bloquearon la actividad en La Paz, Santa Cruz y Sucre especialmente, pero en Cochabamba la protesta fue reprimida por la Policía con gases lacrimógenos y chorros de agua
El Colegio Médico de Bolivia es uno de los decididos organismos que respaldan las movilizaciones de los trabajadores de la CNS.
«Si el ampliado (de la FSTMB) nos avala el traslado a la ciudad de Sucre y tomar sus instalaciones del TCP, no nos va temblar la mano en hacerlo, porque ellos están defendiendo intereses patronales y no de los trabajadores”, señaló el secretario ejecutivo de la (FSTMB), Orlando Gutiérrez.
“Se trata de los aportes de los trabajadores, es su plata. Los trabajadores (somos) quienes tenemos que decidir, por eso es el descontento que se está generando”, dijo el líder de la COB, Guido Mitma.
Según la COB, el fallo constitucional del TCP restituye el artículo 55 del polémico Decreto Supremo 21060, relacionado a los despidos amparados bajo la figura de «libre contratación y el libre despido”. Sin embargo el TCP aclaró que ello sólo es válido cuando el trabajador lo acepta.
La ministra de Salud, Ariana Campero dijo que habrá un nuevo descuento por planilla por los días no trabajados, actuando “por atentado contra la salud pública”.

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