El 25 de julio, como anunciando un regalo para el pueblo boliviano en vísperas de las fiestas patrias, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, presentó el “balance de la economía”.
El informe señala que, en un contexto adverso internacional de inflación de precios y consiguiente aumento del costo de vida, la economía boliviana ha presentado estabilidad de precios, reactivación económica y aumento de la ocupación.
Es así que los precios del azúcar, aceite, leche, pollo, gasolina en Bolivia, no suben, más bien algunos bajan, como el aceite y el azúcar, mientras que, en los países vecinos hay inflación de estos alimentos. En ese contexto, en Bolivia la inflación acumulada a junio de 2023 fue de 0,8%, mientras que en la región bordeó el 6%.
Según la autoridad, el país llama la atención internacional por estos indicadores. Mientras que las economías vecinas de Chile y Perú entran en recesión, la economía boliviana se estaría reactivando en hoteles, restaurantes y transporte aéreo, y por que “los feriados o fines de semana los restaurantes andan llenos, hay escenario de consumo en el país”.
Asimismo, el informe señala que la población ocupada ha aumentado luego de la pandemia de 3,7 a 4,4 millones. Esto, influye sobre la desocupación que en las ciudades habría disminuido de 5,3% a 4,2%. En ese plano, Bolivia destaca entre los países que superaron las tasas de desocupación de la pandemia. También se señala que los salarios se incrementaron de 54 dólares en 2005 a 369 en 2023, lo que mantiene su poder de compra.
Esa es la realidad que ve el gobierno, es la parte de la realidad que le permite mostrar que en Bolivia no existe crisis económica, en un afán de esconder su incapacidad para resolver los problemas centrales que enfrenta la economía. Y, por si fuera poco, esta realidad parcial que se presenta se hace incuestionable para la población ya que por Ley 1405 de 2021, la información estadística oficial la proporciona sólo el estado y por tanto sería inobjetable.
Sin embargo, la realidad es cruda y no se la puede esconder con cifras, discursos o censuras. Desde 2015, el país enfrenta un déficit en balanza comercial, porque importa más de lo que exporta, y también, un déficit fiscal, porque los gastos del gobierno superan a sus ingresos. Cualquier ama de casa sabe que, cuando los ingresos son inferiores a los gastos, su economía familiar está en crisis.
Estos equilibrios, se rompieron porque las principales fuentes de ingresos comercial y fiscal de Bolivia dependen de la exportación de gas natural, y cuando su producción y exportación entraron en caída inmediatamente, las cuentas nacionales empiezan a tener déficits, y el modelo tiene problemas para funcionar. Estamos frente a la crisis de la nacionalización del gas.
Frente a ello hay iniciativas desesperadas e improvisadas para bajar el déficit y generar ingresos que sustituyan las exportaciones de gas. El déficit que genera la importación de combustibles que no produce el país (diésel, gasolina, aceites y grasas), es el que más dolores de cabeza genera al gobierno, ya que los precios fijos de los combustibles son los que sostienen la aparente estabilidad de precios, pero generan un boquete en el déficit fiscal mayor a los 1.000 millones de dólares, un tercio de las exportaciones de gas.
La política de producir etanol y biocombustibles de soya formulada en 2017 no tiene resultados hasta ahora. Así como la política de exportar energía eléctrica, para convertirnos en el corazón energético, aparte de no ser efectiva, tiene el problema de haberse abocado a la generación eléctrica con plantas que utilizan gas que ya no existe.
Así también hay un afán desesperado de entregar los yacimientos de litio de los salares altoandinos a las empresas transnacionales, y aunque se ocultan los términos de las negociaciones, su puede prever que apuntan a un extractivismo acelerado (más de 100.000 toneladas anuales de carbonato de litio), sin perspectivas para su industrialización y con regalías muy lejanas a las del gas natural.
La compra de oro por el Banco Central es otra medida para paliar la crisis primaria exportadora de la economía, empero, el gobierno se encuentra sometido a los intereses de las cooperativas mineras auríferas a cambio de estabilidad política. El oro que es el dinero mundial y cuya producción podría entrar inmediatamente como reserva del Banco Central, no se puede controlar y apenas aporta a las arcas fiscales el 2,5% de su valor y está contaminando la región amazónica con mercurio.
He ahí la dependencia de la economía boliviana a la venta de recursos naturales. Esta orientación hacia la exportación que no genera encadenamientos para dinamizar una industria interna, obliga a gran parte de la población a autogenerar su empleo, principalmente en el comercio, transporte y también como microempresarios industriales, pero de manera precaria, con falta de capital y conocimiento.
Por ejemplo, las protestas de los microempresarios industriales este 2 de agosto, muestran que la situación que viven no es como la que idealmente plantea el Ministerio de Economía. Ellos exigen que se aplique la política de sustitución de importaciones ya que debido a la inflación internacional el costo de los insumos que utilizan se habría incrementado en un 30% porque en Bolivia no se produce nada, todos los insumos son importados de China y países vecinos como Perú y Brasil. Además, que tienen que competir con el contrabando.
Los microempresarios, también están impedidos de comprar los insumos importados porque en el mercado nacional no existen dólares. Y esto es lógico, debido a que las exportaciones son mayores que las importaciones. Mantener la estabilidad de precios obligando a la población a mantener sus cuentas en moneda local y sin acceso al dólar, motivaría la escasez de bienes por la imposibilidad de importarlos y la pérdida de competitividad de la industria interna, una situación que llevaría a un empobrecimiento generalizado de la población.
Es importante que el gobierno salga del discurso de que Bolivia es una burbuja que hace impenetrable la crisis mundial, cuando nuestra dependencia se ha ido profundizando durante los últimos años. El país no vive del espejismo de los escenarios de consumo en los restaurantes en los fines de semana, necesita efectivamente una transformación productiva, cuya discusión solo se alude en los discursos para justificar y mantener su estancia en el poder.
Pablo Poveda Avila, economista
