Se debe comprender que con los años hay un cambio en el manejo político y económico del país, mirar a Bolivia por dentro para comprender que la historia marca y lleva a crecer. Se debe discernir que una mala movida económica cambia la vida de miles de bolivianos que todos los días salen a buscarse la vida. Y las movidas están en manos de los tomadores de decisiones, para que lleven a sus conciudadanos a mejores tiempos, de bienestar y cuidado.
Los relatores y analistas que escriben la historia están en la obligación de ser ecuánimes y coherentes en sus opiniones, ver más allá de su círculo y no mentalizarse en encontrar catástrofes donde no las hay. Deben dejar de envenenarse y envenenar a las personas que buscan mejores días.
En los análisis económicos comparan el proceso que vive el país con una recuperación económica después de un “gobierno de transición”, que dejó el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en menos 8,1%.
Amparada en la pandemia, esa administración causó muertes por falta de inversión pública, que era necesaria para una mejor contención de la crisis sanitaria.
Lo único que se hizo, después de criticar por 14 años el modelo económico, fue rotar ministros de economía que solo firmaban cheques al portador para malgastar y llevarse al exterior las divisas del país.
Con la entrada de Luis Arce al Ejecutivo se priorizó la inversión pública, que posibilita miles de empleos directos y potencia los empleos indirectos, constituidos como pequeñas empresas que brindan servicios, insumos y productos para las inversiones en infraestructura.
Estas van de la construcción de carreteras a la implementación de industrias que aportan al crecimiento de las regiones y al crecimiento económico.
Bolivia se convirtió en referente con una inversión pública de 6,5% en el 2021, con relación al PIB. De este modo, es el país que más invierte en fortalecer y dar condiciones para seguir en crecimiento y hacer frente a los contextos adversos que viven la región y el mundo.
Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el país continuará posicionándose como principal referente de inversión pública en 2022. Si bien va a disminuir en términos de Latinoamérica, Bolivia continuará como el principal referente, con una proyección del 5,1%.
Los análisis de quienes fueron parte del gobierno de Jeanine Áñez toman como referente el 2014 para decir que ahora la inversión pública ha decrecido y que solo llega al 6,5%. Ese año se vivía otra coyuntura económica, no solo en el país, sino de manera global.
En ese momento las economías mundiales reparaban crecimiento, los precios favorecían y las buenas medidas económicas del gobierno de Morales sirvieron para un crecimiento del 6,8% y para tener reservas internacionales muy favorables.
Como todo es cíclico, los mercados internacionales cayeron, por lo tanto, la administración nacional empezó a invertir y concentrarse en el mercado interno, además de tener al país en crecimiento constante, cuidando siempre al ciudadanos y a los emprendedores.
Desde fines de 2019 y durante 2020, con los 21 días de paro, el golpe de Estado y el nefasto manejo económico, todo sumado a la crisis mundial, el crecimiento fue de 2,9%. El 2020 el decrecimiento llegó a menos 8,1%.
El 2021, con el modelo boliviano fijado en el mercado interno y la industrialización de las materias primas, se creció en 6,1 %. El 2022 el crecimiento es de 4,13%. Esto refleja que, pese a la crisis mundial del año pasado, el país alcanzó el primer lugar en la inversión pública, con 6,5%.
Este monto se encuentra por encima de economías como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil, cuyos valores están por debajo del 3%. Ahí radica la importancia de la inversión pública para la economía nacional.
Para la gestión 2023, el Gobierno prevé una inversión pública de 4.006 millones de dólares en los sectores agropecuario, energía, minería, turismo, infraestructura, comunicaciones, salud, educación y urbanismo y vivienda.
Los proyectos de inversión pública se financian, fundamentalmente, con recursos internos en 68% y con recursos externos en 32%.
Esto da la posibilidad de pensar en un crecimiento del 5,1% del PIB, asegurando el bienestar de los bolivianos. Ahí radica el poder de la toma de decisiones. Cuando estas brindan mejores condiciones a la población, son medidas con retorno.
Asimismo, se hace frente a los detractores del modelo, que solo piensan en devaluar la moneda, subir el precio de los combustibles, retirar los bonos sociales y vender las empresas estratégicas del Estado.
Cuando los “opinadores” hablan nunca se les escucha decir cómo estaba el país el 2002, cuando el PIB era de 2,5% respecto a 2001, que fue de 1,7%. Es decir, una tasa 8 décimas mayor.
Ese año la cifra del PIB numérico fue de 8.979 millones de dólares, con lo que Bolivia fue la economía 106 en el ranking de 195 países. El valor absoluto del Producto Interno Bruto en el país cayó 926 millones de dólares respecto a 2001.
En comparación, un año después del inicio de la pandemia, el PIB de 2021 creció 6,1%. Se trata de una tasa 148 décimas mayor que la de 2020, cuando el Producto Interno Bruto fue de menos 8,7%.
En 2021 la cifra del PIB en Bolivia fue de 35.391 millones de dólares y el valor absoluto de este indicador creció 2.562 millones de dólares respecto a 2020.
Esas comparaciones son las válidas cuando se habla de crecimiento. Esta palabra es valedera gracias a la inversión pública, porque prioriza al país y la transformación de las materias primas, crea industrias manufactureras que producen para sus regiones y exportan excedentes. Estas exportaciones tienen un crecimiento de 50%.
Las comparaciones valen en cifras que se transforman en bienestar y, por consecuencia, en inversión para alcanzar mejores días, pese a un contexto mundial adverso.
Max Baldivieso es periodista
