El sector minero tiene una Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que administra la otorgación de derechos de uso y aprovechamiento y controla el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los operadores mineros. Cuando hay problemas entre operadores, éstos acuden a esta instancia para resolverlos. Las comunidades, que ven afectados sus intereses por las actividades mineras, también acuden a la AJAM para impedir el abuso de los mineros.
El control del comercio de los minerales y metales y del cumplimiento de las obligaciones económicas de los mineros lo efectúa el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM). La definición de políticas del sector corresponde al ministerio de minería y metalurgia, la realización de operaciones productivas está a cargo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y, así, la institucionalidad del sector está sustentada en un organigrama bastante sólido.
Sin embargo, cuando se declaró a Huanuni (una de las empresas de COMIBOL), empresa estratégica, el gobierno rompió la cadena jerárquica de la corporación al poner al ministro de minería como presidente del directorio de esa empresa, por encima del directorio de COMIBOL y de su presidente.
¿Es bueno para la institucionalidad del sector y de la administración pública nacional que se desvirtúe la autoridad de las instancias correspondientes para solucionar problemas mineros?
A los extrabajadores de la International Mining Company (IMCO) que habían quedado fuera de la empresa el 1991, y que pretendieron mantener el vínculo laboral 20 años después, se les aclaró, mediante la justicia y el ministerio de trabajo que eso no era cierto.
Cuando hubo un intento de avasallamiento a las operaciones de IMCO, la autoridad jurisdiccional puso las cosas en su lugar. Ya hace unos años, la empresa tuvo que aclarar con documentación obtenida del Servicio de Registro Cívico (SERECI) que los propietarios no son parientes de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Desde hace un tiempo, algunas de las personas que perdieron los procesos que iniciaron contra la empresa y que los perdieron, se organizaron para encontrar caminos que les permitiesen apropiarse de esa empresa. Contrataron un abogado y pusieron en marcha varios recursos que tampoco tuvieron éxito, hasta que, hace unos días, la Procuraduría General del Estado (PGE) emitió un dictamen que anula los derechos mineros de la empresa aduciendo que la empresa no cuenta con escritura de constitución vigente y adecuada al código de comercio.
¿Por qué interviene la Procuraduría? ¿Qué mensaje se quiere dar al sector? ¿Qué la AJAM perdió su vigencia? ¿Qué ahora los problemas de los operadores serán resueltos por la Procuraduría?
IMCO es una empresa que opera más de un siglo en la Chojlla. En la Gaceta minera del 29 de octubre de 2021 se publicó la resolución de IMCO que tramitaba la adecuación de sus concesiones a la normativa vigente. En las páginas del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), consultando por la empresa se puede ver que tiene matrícula y que ésta se encuentra vigente, que se adecuó a las normas y que revalidó sus derechos.
¿Qué hay detrás de este dictamen? ¿Qué política minera nos muestra el gobierno? ¿Es posible pensar en inversiones privadas en el sector después de determinaciones de este tipo? ¿Quién puede poner capitales en el sector cuando la inseguridad jurídica es tan evidente?
En el sector aurífero, las irregularidades están a la orden del día y el país pierde miles de millones de dólares sin que la Procuraduría defienda al Estado. IMCO tiene un flujo de caja que no llega a 50 millones de dólares, ¿por qué se rompe la institucionalidad en este caso?
Héctor Córdova es analista en temas mineros.
