Los ciudadanos de a pie generalmente no diferenciamos entre 23 millones y 23 mil millones, básicamente porque no llegamos a manejar ningún monto parecido en toda nuestra existencia, sino en situaciones muy extraordinarias.
Por eso trataré de explicar esto y los peligros que nos asechan con cifras redondas y debatiendo con unos y otros, resaltando con mayúsculas las cuestiones que considero importantes.
Sin exagerar el aporte en la capitalización individual, denominado en la Ley de Pensiones No. 065 como cuenta personal previsional, es el AHORRO DE TODA LA VIDA útil o laboral de cada uno de los trabajadores aportantes. Por su puesto esta es la parte del león, dejando de lado el análisis de temas menores referidos a los fondos de riesgo: común, profesional y laboral, aporte solidario y el fondo no contributivo.
Un millón de personas son obligadas a “aportar” a las AFP y ahora a la Gestora 930 millones de bolivianos (134 millones de dólares) CADA MES, con esto sólo quiero mostrar la magnitud de lo que estamos hablando. Son cifras infinitas para el trabajador de base.
Por otra parte, en economía existen: puntos de equilibrio, estándares de funcionamiento y racionabilidad. Resulta, sin embargo, que fijan la esperanza de vida en 110 años, lo que implica que de entrada nos confiscan cerca del 20% de los ahorros en toda nuestra vida que máximo bordea los 80 años. El otro gran problema es que para mantener el valor de los ahorros se requiere una tasa de rentabilidad que el gobierno la establece algo menor al 4% y Gustavo Rodríguez, el gurú de pensiones, la fija en 5%. Más allá que sea 4 o 5% lo que importa saber es que por DEBAJO DE ESTA RENTABILIDAD EL VALOR DEL MONTO AHORRADO SE REDUCIRÁ en lugar de crecer, como se espera lógicamente.
Indudablemente el manejo de estos recursos tiene muchos candados, pero el llavero de estos candados lo tiene únicamente el gobierno central. Estos denominados “candados” en realidad son leyes, decretos y reglamentos que se fueron labrando y perfeccionando a favor del régimen financiero capitalista a lo largo de todos los gobiernos neoliberales, incluido, por supuesto, los gobiernos del MAS.
Los que DECIDEN sobre nuestros ahorros son: La Asamblea Legislativa, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y su Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la Gestora Pública y la Asociación de Banqueros de Bolivia (ASOBAN).
Los que NO DECIDIMOS somos todos los trabajadores obligados a aportar pero que: no podemos retirar el dinero, ni asegurar su mantenimiento de valor, tampoco decidir sobre los temas de rentabilidad, etc. Por supuesto esto no se resolverá poniendo en el directorio de la Gestora a un burócrata estalinista con casco de minero, que hable a nombre de todos nosotros y que, por el contrario, puede terminar promoviendo el despilfarro y la corrupción como sucedió en el antiguo sistema de reparto.
Pero ¿cuáles son los MAYORES PELIGROS que tienen estos nuestros ahorros en manos antes de las AFP y ahora de la Gestora Pública?
- Que en cualquier momento el gobierno y su Asamblea Legislativa impongan leyes, decretos o reglamentos arbitrarios, confiscando nuestros ahorros y afectando aún más las bajísimas rentas de jubilación.
- Que haya ineficiencia y corrupción que es muy común en un gobierno que perdió todos los juicios internacionales (pese a que crearon la Procuraduría); hicieron quebrar empresas y que, encima; tardó 12 años en poner a funcionar y a medias su Gestora Pública.
- Que por razones electoreras el gobierno utilice los fondos de jubilaciones para inversiones de alto riesgo, como quiso hacer el 2017, con préstamos a los agroindustriales del oriente para ganarse su favor político, o financiando empresas quebradas como ENATEX.
- Pero el mayor peligro es la devaluación del boliviano. La devaluación prácticamente haría desaparecer el ahorro de toda nuestra vida, así de dramático.
En este último peligro, aunque nadie lo quiera, si se desata una hiperinflación al nivel de los años 80 en Bolivia o la que vive Venezuela, los 23 mil millones se pueden convertir realmente en 23 millones, que traducido a rentas mensuales significaría que de Bs. 3.000 (promedio) que pagan actualmente, las rentas bajarían a Bs. 3, con todas las posibilidades intermedias posibles.
Nos dicen los del gobierno que mejoraran las rentas en 1,31% ¿esto es importante? y los opinadores pro empresariales dicen que debería restituirse las AFP para lograr “COMPETENCIA” (sic!!?). Soy el único despistado o desinformado, pero ¿existió competencia entre Futuro y Previsión en los 25 años que operaron en el país? Bueno, más allá de estos dislates de unos y otros, debemos orientarnos a las verdaderas soluciones.
Considero que, ante la preocupación generalizada de todos los trabajadores aportantes al Sistema Integral de Pensiones (SIP), SIN VULNERAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, debemos exigir:
- La transformación de todos los fondos de pensiones de moneda corriente en bolivianos en dinero con mantenimiento de valor (UFV, DEG u otros), garantizando los principios de universalidad, equidad y economía previstos en la Ley 065.
- Transformación de la gestora en una entidad financiera autónoma, independiente del gobierno de turno, de sociedad mixta y donde todos los aportantes tengan sus acciones en función del ahorro que van generando a lo largo de su vida. Lo que implica que pueden elegir a su directorio y decidir sobre el manejo de su cuenta personal previsional en procura de mayor rentabilidad (estableciéndose los límites de riesgo), pero de ninguna manera los fondos de pensiones debieran estar con una rentabilidad que implique pérdida de valor, en tal caso, el “socio” tendrá la oportunidad de retirar hasta el 80% de sus fondos pagando la tasa mínima de rentabilidad que permita el mantenimiento de valor.
- Esta entidad financiera debe proporcionar información en línea y en tiempo real, además, con todos los “candados” que la seguridad aconseje, pero donde las llaves dejen de estar en manos del gobierno turno y esté en manos de los trabajadores aportantes organizados como verdaderos propietarios de todos estos ahorros.
- Finalmente, y porque nadie tiene garantizada la vida, los fondos individuales deben ser heredables independientemente de la condición y edad de los herederos.
Esta propuesta implica derrotar la política neoliberal en materia de pensiones, hasta ahora plenamente vigente en nuestro país, y procurar una verdadera política previsional de largo plazo a favor de los trabajadores.
Federico Zelada Bilbao es economista, maestrante en investigación científica, docente titular de la UMSA y ex rector de la UPEA.
