Federico Zelada – El conflicto de la Jubilación

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Se generó un conflicto entre trabajadores y jubilados con la aprobación, sin modificación alguna en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, de la propuesta de Ley del gobierno para modificar los límites solidarios de pensiones de vejez, el 25 de enero del presente año. El mencionado proyecto de Ley fue enviado a la plenarias de la cámara de diputados para su tratamiento y aprobación, de ser aprobado allí se enviaría a la cámara de senadores y si no se realizan cambión en esta instancia, sería promulgada y adquiriría rango de Ley de cumplimiento obligatorio.

Este conflicto surge porque en el mencionado proyecto de ley 035/23-24 se incorpora de manera tendenciosa, a través de una “Disposición Adicional Única” la jubilación obligatoria, vulnerando el derecho al trabajo y la no discriminación en razón de edad, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las Convenciones con Organismos Internacionales de las cuales nuestro país es signatario.

Esto ha provocado que los jubilados apoyen la aprobación de la Ley porque quieren los nuevos límites solidarios de inmediato, en contra de los trabajadores activos que quieren seguir ejerciendo sus funciones, principalmente porque consideran que las pensiones que ofrece el gobierno son miserables, lo cual es evidente incluso tomando las cifras de las pensiones solidarias.

Veamos la gráfica comparativa entre lo que paga actualmente y lo que pretende pagar con sus nuevos límites solidarios el gobierno.

A los 10 años de aportes se tiene apenas Bs. 640 de pensión y se propone incrementar a Bs. 720 (80 bolivianos más) en el Proyecto de Ley.

El límite máximo actual con 35 años de aportes (420 cotizaciones) para los trabajadores (no mineros) es de Bs. 4.200 y se plantea incrementar a Bs. 5.200, este último monto puede ser relativamente atractivo para trabajadores como los del magisterio o fabriles, sin embargo, dicho monto es un espejismo o una ilusión si se mantiene en el tiempo, pues, como les pasó a los trabajadores que se jubilaron con los anteriores límites, hoy suplican que se incremente esos límites pues el costo de vida ha ido incrementándose constantemente y las pensiones prácticamente se quedaron congeladas. Eso en un proceso inflacionario más acelerado o una devaluación con respecto, por ejemplo, al dólar como la que vivimos, podría dejar ese monto que aparece como razonable, totalmente insuficiente en el futuro.

Los montos paupérrimos en los límites inferiores (después de 35 años apenas se mejora en 200 bolivianos pasando de Bs. 1.600 actuales a Bs. 1.800), sólo aseguran el empobrecimiento de los pensionistas y desincentivan el aporte voluntario de los trabajadores independientes, lo cual es dramático pues niega a estos amplios sectores una vejez digna.

Frente a este conflicto generado por el gobierno y en el marco de la defensa de la unidad de objetivos y acción de los trabajadores, debemos exigir:

1) Que se apruebe de inmediato, no por Ley sino por Decreto Supremo, el incremento de los límites del fondo solidario propuesto por el gobierno, esto beneficiará a los jubilados, pero evitará que, tanto jubilados como trabajadores activos, sean empobrecidos con pensiones miserables, pues en el artículo 19 la Ley 065 se establece que el Órgano Ejecutivo podrá actualizar cada cinco (5) años los límites solidarios (pero como en esta ocasión puede demorar 7 años, la última modificación data del 2017)

2) Que se rechace y se devuelva al Ejecutivo todo el Proyecto de Ley PL 035/23-24, pues se debe reformar estructuralmente el régimen de pensiones, instalando amplias reuniones entre trabajadores y allí debatir junto a las brigadas parlamentarias una nueva ley de pensiones, en reemplazo de la Ley 065. Esta vez consensuada entre todos los sectores aportantes, mejorando sustancialmente las pensiones, además con mantenimiento de valor y dejando sin efecto la vulneración del derecho al trabajo (jubilación obligatoria).

Federico Zelada Bilbao es economista, Magister en Investigación Científica, docente titular de la UMSA e investigador del Régimen de Pensiones en Bolivia.

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