Elizabeth López – Las mafias mineras al poder

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Es verdad cuando las cooperativas afirman que no tienen color político y que buscan sus reivindicaciones, lo han demostrado siempre, por ejemplo, en la crisis política del 2020 no han tenido ningún problema en aliarse al gobierno de Añez, por ello el gobierno transitorio ha seguido las mismas políticas del gobierno del MAS contentar al sector y evitarse problemas. Recordemos los hechos de manera cronológica.

El 18 de junio 2020, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), a la cabeza de Orlando Gutiérrez, da un ultimátum al gobierno transitorio: “Me voy a dirigir a la señora Añez. Le quedan dos caminos: uno aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones para el 6 de septiembre o el segundo camino, la sublevación del pueblo que está cansado. Te vas con la elección nacional democrática o te vas con una convulsión social. Los mineros no jugamos”.

En respuesta el 21 de junio 2020, las cooperativas mineras emiten declaraciones en contra de las declaraciones del ente matriz de los mineros asalariados, de manera simultánea pero no conjunta, los dos sectores cooperativistas se pronunciaron:

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) dijo “(…) lamentamos el pronunciamiento generalizando al sector minero, queremos hacer la diferenciación del Sindicato, quienes también son actores mineros. Queremos mencionar que las cooperativas vamos a actuar responsablemente y queremos pedir a la presidenta transitoria que se cumpla los procesos correspondientes, lo que emanó el Tribunal Supremo Electoral» Feliciano Mamani, presidente del Consejo de Administración de la FENCOMIN.

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN) dijo “Rechazamos profundamente el pronunciamiento de los sectores que piden elecciones en este momento y consideramos ‘temerarias’ las declaraciones advertencias realizadas los pasados días (…). Por lo tanto, rechazamos enfáticamente que se ponga fecha a la vida de los bolivianos, primero la salud de los bolivianos y luego las elecciones presidenciales”.

Unos días más tarde, el 24 junio y con la presencia de ambos sectores se promulga el DS 4272, denominado “Plan de Reactivación del Empleo” con la finalidad de hacer frente a la crisis económica generada por el COVID, el Plan instruye pasar recursos al sector minero a través del Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM) y el Fondo de Apoyo a la Reactivación de la Minería Chica (FAREMIN). El FOFIM recibió 6 millones de dólares para el sector cooperativizado (Bs 25 millones por reactivación y reestructuración del FOFIM y Bs. 19 millones por el mencionado plan).

El sector minero no es la vanguardia de nada, se alían al mejor postor a punta de dinamita y testosterona, con dinamita y cerco y en complicidad del gobierno de Evo (2018 y 2019) obtuvieron leyes que les permite violar la CPE y por ello no necesitan hacer consulta a los pueblos indígenas, además de no necesitar Estudios de Impacto Ambiental para operar, incluso en áreas protegidas.

De los cientos de cooperativistas que dinamitaron La Paz semanas atrás, el 90% son asalariados obligados a marchar por rentas irrisorias, en tanto los empresarios mineros que se escudan bajo el término de cooperativas engordan sus bolsillos impunemente.

El mercurio está en las calles de La Paz, en los ríos de la Amazonia, en la sangre de los indígenas, en la sangre de cientos de hombres y mujeres que arañan los ríos y son sometidos a marchas y vigilias para no ser despedidos, hombres y mujeres deshumanizados para ellos no hay futuro, solo un miserable presente de sobrevivencia descarnada, ante lo cual el gobierno no tiene solución puesto que son cómplices de una dinámica de producción y acumulación que reflejan el establecimiento de una cultura mafiosa que no respeta fronteras y se sirve de estas para imponerse. Por lo tanto, los gobiernos se someten a este orden mafioso o son cómplices y partícipes del mismo.

Elizabeth López Canelas es antropóloga feminista e investigadora independiente

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