Según Naciones Unidas[1], un censo de población y vivienda, a través de actividades específicas, recoge, recopila, analiza y publica información de un conjunto poblacional. Los datos obtenidos muestran las condiciones demográficas y socioeconómicas de una población determinada. Y lo más importante, sirven de referencias actualizadas para que el diseño y la planificación de políticas públicas sean más eficaces, eficientes y adecuadas a las principales demandas sociales.
Así, los datos generados permiten: 1) redistribución de recursos económicos, contemplando las deficiencias identificadas, principalmente en los ámbitos de salud, educación, transporte, servicios básicos, entre otros; 2) revisión, o reformulación, de las políticas públicas, proyectos estatales o privados de inversión, en los diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental, municipal); 3) mantenimiento o reconfiguración de los distritos o asientos electorales; 4) redistribución de los escaños en la Asamblea Legislativa, conforme al crecimiento o decrecimiento poblacional.
Por todas ésas razones, la realización del censo este próximo 23 de marzo se constituye en una de las actividades nacionales más importantes del presente año.
Durante el proceso de organización no faltaron controversias u observaciones. Quizá la principal dificultad se encuentra en la cartografía que el Instituto Nacional de Estadística (INE) usará, pues no estaría actualizada debidamente. Según informó ésta institución, la cartografía habría sido “actualizada” a base de imágenes satelitales. Si bien proporcionan mayor resolución y calidad en las imágenes de edificaciones y viviendas en áreas urbanas, no sucedería lo mismo con las rurales.
Pese ello u otras dificultades, la importancia del censo va más allá de saber cuántos habitamos Bolivia. Los datos que se obtengan tendrán incidencia directa en las futuras —mas no lejanas— decisiones económicas, sociales y políticas que se tomarán en los próximos meses.
Si bien el numeral 16 del artículo 298 de la Constitución establece que el censo es una competencia privativa del Estado, su realización no es una mera responsabilidad estatal. Involucra la participación de todos los actores políticos, tanto de autoridades (a nivel departamental, municipal) como de la ciudadanía.
Lamentablemente, las instituciones estatales no gozan de credibilidad frente a la sociedad. Esto perjudica sobremanera cualquier actividad de alta trascendencia, tal es el caso del censo. Empero, así como el Estado tiene responsabilidades a cumplir —y de la mejor forma posible—, nosotros tenemos el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes. En nuestra actual coyuntura, éste deber se traduce en participación ciudadana, activa y honesta.
Al respecto de «ciudadanía», Aristóteles[2] señaló: “el ciudadano sin más que por ningún otro rasgo se define mejor que por su participación en la justicia y en el gobierno. (…) la virtud del buen ciudadano debe estar en todos (…) así será mejor la ciudad”.
Con ello, debe entenderse que la ciudadanía impele al ciudadano a ser un actor trascendental en el desarrollo de su sociedad y del Estado, a través de su participación. Una vía son las elecciones, claro está, pero hay otras; un proceso censal, por ejemplo.
Más allá de las aspiraciones personales, formamos parte de una sociedad. Ésta pertenencia nos hace posible el denominativo de «ciudadanos» y en retribución debemos actuar con honestidad y compromiso en todas aquellas actividades que demandan nuestra participación.
Como ciudadanos tenemos derechos y libertades individuales, pero integramos sociedades. No podemos rehuir a lo que sucede en nuestro alrededor. De ahí que nuestro deber implica una responsabilidad con el lugar que habitamos y con aquellos que compartimos ése espacio público. Somos parte de una comunidad política, y esto nos hace responsables de su preservación y mejoramiento. Hannah Arendt[3] denominó a ésta responsabilidad como «colectiva», inserta en cada ciudadano, que repercute en el exterior y puede crear consecuencias que cambien “el mundo”.
El desarrollo social, económico y de justicia depende de corresponsabilidad: estatal y ciudadana. En consecuencia, el futuro del tejido social, demográfico, territorial y político dependerá, en gran medida, de nuestra participación. Esto se constituye en un deber y un compromiso con todos nuestros conciudadanos.
Muchos de los problemas sociales y económicos, incluso políticos, podrán ser resueltos a partir de los nuevos datos que emita el censo. Empero, sin participación ciudadana, las instituciones poco o nada podrán hacer o mejorar para resolverlos en justa medida.
Todos queremos mejorar nuestro presente; pero ello, en democracia, requiere contribuir a mejorar también el de los demás. ¿Cómo? Interesándonos por el interés común y ayudando a construirlo.
Un censo no devuelve legitimidad a las instituciones, pero la abulia o el desinterés sólo ahondará las varias crisis (social, económica, política) que nuestro país enfrenta. Para que nuestras regiones, ciudades o departamentos reciban los recursos que requieren y tengan el peso político que merecen es necesario que cada uno de nosotros aporte con su participación, respondiendo las preguntas de la boleta censal con honestidad y estando atentos a cualquier irregularidad.
En democracias frágiles y presas de regímenes autoritarios —como la nuestra—, pocas son las ocasiones en donde es posible una participación ciudadana directa, genuina y completa. Por ello, no escuchemos a quienes nos instan a no participar (como las iglesias evangélicas) o a quienes pretenden trasladarnos a lugares diferentes de nuestra residencia. Seamos responsables y actuemos como «buenos ciudadanos», interesados en lo público, en el desarrollo del lugar donde vivimos, en la búsqueda del bienestar colectivo y la proyección de un mejor país.
América Yujra Chambi es abogada.
[1] UN, (2010), Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación.
[2] Aristóteles, Política (libro II, capítulos I y IV).
[3] Arendt, Hannah, Responsabilidad y juicio, Paidós.
