“Si la diferencia sexual no es el enfoque por excelencia para explicar la discriminación social, sí es un enfoque importante que nos explica las diferencias sociales entre hombres y mujeres. En mi análisis sobre la mujer retomo la diferencia sexual o, mejor dicho, el nuevo materialismo feminista, para sostener que hablar de la diferencia sexual en una lectura que abre las puertas para concebir el feminicidio como algo más complejo y que asume el sentido negativo de la esencialización que busca castigar nuevas formas de representación de sí misma en sociedades patriarcales con sistemas judiciales perversos”, Rosi Braidotti.
La canción “Digipi diripi diripipiriti”, dedicada recientemente a María Galindo, desnuda la podredumbre de una justicia macabra que juega con la sangre de víctimas de feminicidios y las lágrimas de sus familias. Mientras tanto, solo el 31% de los feminicidas tiene sentencia, en un país que, entre 2013 y 2021, registró 869 muertes de mujeres por violencia de género, es decir, un feminicidio cada tres días y medio.
La necesidad de justicia es algo que se arrastra en la historia nacional. En esta coyuntura, una heroína se ganó la insignia de detractora de los impunes, al descubrir día a día procesos judiciales viciados por la corrupción de jueces, fiscales y policías, es decir, miembros de las instituciones mandadas por la Constitución a proteger a las personas.
En este contexto de falta de justicia para las mujeres víctimas de violaciones y feminicidios, surge un feminismo alternativo e integrador, que protesta inspirado en la independencia, el anarquismo, la autogestión y la lucha contra la injusticia de sistemas caducos y consumidos por la corrupción.
Se trata de un colectivo que responde a la constante injusticia de un sistema viciado, donde los procesos de inclusión son bloqueados por la corrupción que escapa al control del Estado, que se vuelve un “mercado persa” basado en el poder económico de los autores, como “pasaporte” para violar, matar y quedar impune.
Con la inseguridad, las mujeres se ven amenazadas por una sociedad hipócrita e incoherente en su discurso de inclusión y equidad.
En contraparte, este colectivo de mujeres feministas logra victorias para las víctimas, lleva a la justicia a asesinos, violadores, traficantes y vendedores de pruebas, extorsionadores, corruptores, mafiosos y a miembros de consorcios de jueces, abogados, fiscales y médicos que operan para liberar a feminicidas.
Sus acciones reflejan el repudio de la población y son parte de la demanda para la urgente reforma de la Justicia.
Este colectivo puso en evidencia la vía crucis de las víctimas por instituciones que no dan respuesta a su demanda. Las acciones de una de las mujeres de este colectivo hacen que la impunidad tenga patas más cortas cada vez. Valiéndose de la “performance” y con la producción radial documental para mostrar el sufrimiento de las víctimas, ella denuncia a los feminicidas y a la institucionalidad que juró protegerlas y no lo hace.
Esto lleva a una pregunta, ¿por qué un colectivo feminista puede desnudar con muestras performáticas las falencias de una justicia enferma, que se dedica a traficar con la sangre y las lágrimas de las víctimas?
Ahora, el compromiso de la revolución político-cultural que se vive es ver más allá y, desde el Estado, unirse a las acciones que buscan justicia, a la lucha diaria que rebusca respuestas para los familiares que cargan el dolor de su pérdida.
