Hernán Cabrera
El 8 de octubre de 2010 se promulgó la Ley 045 Contra el Racismo y Toda forma de Discriminación, que luego lo acompañó el decreto reglamentario No 0762. Esta ley tuvo una abierta y dura oposición de sectores de la prensa boliviana, bajo el argumento que afectaba y limitaba la libertad de expresión.
La huelga de hambre masiva que se realizó en septiembre de 2010 contra la ley en los debates, no logró cambiar la posición y se la aprobó tal como la conocemos hoy. En el fondo, la Ley 045 no limitó en absoluto la libertad de expresión, aunque sì, evitó que algunos locutores de radio y de Tv insulten y denigren a las personas e instituciones.
Paradójicamente, hoy son los medios de comunicación y el periodismo que vienen cumpliendo la Ley contra la Discriminación y el Racismo, y lo hacen, difundiendo mensajes permanentes y evitando hacer un periodismo de chismes o de acusaciones sin fundamentos.
Pero mucha gente pensó que con la ley 045, iban a disminuir o acabar con la taras sociales de la Colonia, como lo son la discriminación y el racismo, disfunciones que perduran y quizás con más fuerza en los círculos sociales, políticos, culturales, religiosos, económicos del país y particularmente de Santa Cruz. Hay una peregrina idea que se le viene metiendo a la gente que con leyes se iban a acabar los problemas del país. Pasó con la ley 348 contra la Violencia hacia la Mujer, y hoy somos testigos de que la violencia sexual, política, comercial, mediática se ha incrementado en las ciudades bolivianas. Solo en Santa Cruz cada año se registran más de 10.000 casos de violencia hacia la mujer.
Pero no es solo aprobar leyes y quedarse de brazos cruzados. La Ley 045 determina crear el Comité contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que está conformada por más de 30 instituciones públicas y sociales, lo que hace inviable su funcionamiento. Este consejo ya se lo formó pero sesiona de año en cuando. También se determina crear los consejos departamentales contra la discriminación y el racismo, que lo debe liderar el Gobierno Autónomo departamental, pero que el mismo hasta ahora no ha aprobado su plan de trabajo ni una sola acción social. Le ley también manda que los gobiernos municipales deben promover políticas educativas e informativas contra estas taras sociales, además de contar con una unidad o dirección, tanto el Municipio como la gobernación, pero hay ausencia institucional.
Lo que falla es la institucionalidad y los recursos económicos, por cuanto se aprueba, se promulga y se publicita la ley, los esfuerzos quedan en el vacío, no se concretan por esos dos elementos: no se crean las instancias pertinentes, pero que además deben contar con recursos económicos para su funcionamiento.
De ahí que de forma permanente seremos partícipes de hechos vergonzosos de discriminación, como el de viceministro Cárdenas que insultó a una mujer de pollera y no se activaron ningún proceso. Los insultos de una señora en el micro contra otra, lo que sí se hizo un show mediático, pero que tampoco prosperó. Ahora con un docente de la UAGRM, que no se midió en sus palabras para insultar a los estudiantes. Quizás no sea el primer caso, pero gracias a las redes sociales, es que nos enteramos de ello, como de los anteriores casos. También falla la justicia, porque las denuncias de discriminación y racismo no prosperan en la fiscalía y el tribunal de justicia.
Lamentablemente estas taras sociales, como la discriminación y el racismo, vienen siendo usados desde algunas instancias públicas como instrumentos ideológicos para profundizar la pugna política por la toma total del poder político, sin tomar en cuenta, que “esta ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política”, y “tiene por objetivos eliminar conductas de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación”. (Art 1, Ley 045).
Dirán ocho años es poco para evaluar las leyes y sus resultados, claro que sí, pero también se puede decir que hay serias falencias institucionales para su aplicación total, siendo una de las causas, entre muchas, para que el ciudadano o la autoridad se crea con el poder de discriminar a quien quiera y generar odios raciales, porque sabe que al fin y al cabo no será sancionado ni enjuiciado.
Hernán Cabrera es periodista
