UNITAS
El grado en el que la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica fueron vulneradas en el país, y el grado en que se debilitó la institucionalidad democrática, muestran que el 2019 el espacio cívico estuvo “obstruido”, “restringido” y “cerrado”, de acuerdo con el Informe de Situación 2019 sobre libertades fundamentales elaborado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y presentado este jueves en el primer evento del Ciclo de análisis y reflexión sobre Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en Bolivia “La imaginación al poder”.
El Informe es el resultado del monitoreo de los tres derechos fundamentales y muestra que el espacio cívico estuvo “obstruido” en la medida en que las autoridades impusieron una combinación de impedimentos legales y prácticos en el pleno disfrute de los derechos fundamentales; “restringido” porque activistas y organizaciones defensoras de derechos estuvieron en riesgo, sufrieron acoso, persecución o intimidación en reiteradas oportunidades; y “cerrado” en los meses de octubre y noviembre, pues prevaleció el miedo y la violencia, mientras que el Estado y otros actores no estatales fueron responsables de encarcelar, herir y matar a la gente con altos índices de impunidad.
Los comentarios del periodista Andrés Gómez, la directora de la Oficina Jurídica de la Mujer, Julieta Montaño y el presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, analistas invitados a la presentación del informe, destacaron el valor del reporte que describe hechos que afectaron a la sociedad boliviana, a la democracia y el estado de derecho antes, durante y después de la crisis poselectoral desatada por el fraude del 20 octubre de 2019.
Luego de destacar que el informe es “completo”, Gómez resaltó que la libertad de expresión es la que permite el ejercicio de otros derechos en la sociedad y no es únicamente una potestad de los periodistas, sino de todas las personas. Un total de 203 vulneraciones a la libertad de expresión se han registrado a lo largo del 2019, siendo la estigmatización, los ataques a la libertad de prensa y el amedrentamiento, principalmente a periodistas, las más recurrentes.
Para Gómez,
una particularidad del gobierno de Evo Morales fue la inducción a la violencia. “El anterior gobierno tenía un rasgo muy preocupante. Desde las autoridades, desde el presidente de entonces, se inducía a la violencia, se convocaba a la violencia”, mencionó, al citar cómo el expresidente demandó a cocaleros de los Yungas expulsar de esas tierras a quienes iban a dar capacitaciones sobre democracia y desarrollo.
A su turno, Gutiérrez relató su experiencia como dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) antes y después de entrar a la cárcel, producto de una persecución gubernamental por defender los derechos y reivindicaciones de los cocaleros del norte paceño.
“Evo Morales sólo apoyó al Chapare, no a los Yungas. Desde el exterior llegó mucho dinero para el sector cocalero, pero el dinero sólo se fue al Chapare”. Ese fue uno de los argumentos que llevó a su sector a demandar mayores políticas de desarrollo, pero él y su directorio fueron sujetos de persecución judicial. “El gobierno de Morales me dijo que me sacaría de la cárcel si mandaba una carta a Adepcoca renunciando a la presidencia. Me dijeron que después me invitarían al gobierno, a un cargo en algún ministerio”, narró. En su intervención dejó claro también que le ofrecieron dinero y que intentaron por todos los medios debilitar a su organización.
Por su lado, Montaño resaltó la importancia de contar con un informe imparcial e independiente de la sociedad civil, aludiendo al contenido distorsionado de algunos recientes informes de organismos internacionales. Remarcó, además, la lucha de las mujeres durante y después de los conflictos ocurridos luego de las elecciones de octubre. A su juicio, fueron las mujeres las que salieron a las calles a defender no sólo el voto, sino la restauración de la democracia. “Después de las elecciones, las movilizaciones fueron masivamente de mujeres, mujeres llamando a la protesta, que demandaban la nulidad de las elecciones. Ellas las hicieron voluntariamente”, expresó.
Los datos del informe
En lo referido a la libertad de expresión, el Informe de Situación señala que éste se ha visto vulnerado de diez diferentes formas: acceso a la información, amedrentamiento, criminalización, estigmatización, libertad de prensa, asignación arbitral de publicidad oficial, censura, condicionamientos previos, libertad de expresión en procesos electorales y obstaculización de discurso en procesos electorales.
De las 203 vulneración, 131 se registraron antes del 20 de octubre, fecha en que se realizaron las elecciones nacionales que, luego del escándalo del fraude cometido por el presidente Evo Morales, suscitaron múltiples protestas sociales en diferentes departamentos del país, que obligaron a la renuncia del mandatario y su posterior fuga hacia a México. Hoy se encuentra en Argentina. Las restantes 72 vulneraciones se suscitaron luego de estos comicios.
61 vulneraciones fueron estigmatización
La mayor vulneración a la libertad de expresión fue la estigmatización, concebida como la denigración de la imagen de las víctimas y la erosión de la confianza de la población hacia la prensa. En este asunto, uno de los casos más emblemáticos acaeció el 28 de febrero de 2019, cuando el vicepresidente Álvaro García Linera calificó de “buitres” a los candidatos de la oposición y los acusó de matar a “90 alteños” en la denominada Guerra del Gas en 2003.
42 ataques a la libertad de prensa
Los ataques a la libertad de prensa no sólo acaecieron durante la gestión de Morales, sino que también hubo actos contrarios a éste en la administración de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, cuando dos de sus ministros, Arturo Murillo de Gobierno y Roxana Lizárraga de Comunicación, efectuaron declaraciones que hostigaron a la prensa y generaron autocensura. Ambos indicaron que se iniciarían procesos por sedición a periodistas afines al MAS porque, a su criterio, desinformaban a la población.
38 casos de amedrentamiento
Son casos que el Estado comete en contra de periodistas para impedir su trabajo o dañar su integridad física o psicológica. Entre los hechos particulares resaltan las amenazas del entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, contra el periodista de El Deber, Guider Arancibia, a quien acusó de tener interés políticos y de enlodar su gestión al vincularlo con el caso narcopolicías, particularmente con el oficial de policía Gonzalo Medina.
Siete casos de vulneración a la libertad de asociación
El Informe pone en evidencia, también, la asfixia económica que están sufriendo las Organizaciones de la Sociedad Civil en Bolivia por la actual política tributaria, que vulnera la libertad de asociación. En el acápite referido a la libertad de asociación, el informe desglosa siete casos de vulneración a través de tres formas: obstaculización indebida al trabajo de una asociación (cuatro casos), la criminalización de miembros de una asociación (dos casos) y la obstrucción indebida de la libre determinación de estatutos, estructura y actividades (un caso).
2.422 vulneraciones al derecho a la protesta
El informe además contabilizó un total de 2.422 violaciones al derecho a la protesta, la mayoría suscitados en los conflictos poselectorales de octubre. Este derecho se vio vulnerado en seis formas: judicialización de una protesta, prohibición de la protesta, represión de una protesta, muertos, heridos y detenidos. El Observatorio de Defensores de UNITAS identificó, además, 37 casos que dieron como resultado esta cifra de más de dos mil vulneraciones.
