El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) cuestiona el accionar de la Policía Nacional, deteniendo y gasificando a periodistas, cuando estos realizaban la cobertura del conflicto cocalero, de Adepcoca, en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz.
A través de su boletín Alerta Común, detallan que el periodista Carlos Quisbert del periódico Página Siete fue agredido, gasificado y detenido por la Policía este martes durante su labor de cobertura del conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz. Posteriormente fue enmanillado a una patrulla y fue llevado a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Según versión del periodista, su detención se dio en la zona de Villa Fátima, cerca de la clínica San Francisco de Asís, donde un grupo de miembros de Adepcoca se encontraban por la situación del dirigente Armin Lluta, agredido físicamente. Allí Quisbert registraba cómo un contingente policial se abría paso en medio de mujeres que se manifestaban por la situación del dirigente, entonces fue embestido por un Policía en motocicleta, a lo que Quisbert reaccionó y varios policías se fueron en contra de él.
“Estaba haciendo una cobertura y vi a una mujer de la tercera edad que estaba de rodillas en el piso y los oficiales con sus motos han querido pasar por ahí. Obviamente es una escena que como periodista quería tener una imagen y por detrás vino un policía que desde antes ya me había gritado, estaba agresivo y me arrolló con la motocicleta. Yo reaccioné y lo empujé, y ahora resulta que yo soy la persona arrestada por agresión”, declaró Quisbert a Erbol.
Una vez detenido, lo gasificaron y lo enmanillaron al interior de una camioneta. Después, según cuenta, el subcomandante de la Policía ordenó que lo soltaran, pero pese a ello, lo volvieron a retener para llevarlo posteriormente a la FELCC.
La Policía se apersonó a la FELCC para presentar un informe de “acción directa”. En él se especifica que el periodista “habría lesionado a un oficial”. Además, negaron que se haya denigrado o lesionado a Quisbert.
La Defensoría del Pueblo lamentó que se vulneraran los derechos de Quisbert y reprochó el “uso excesivo de agentes químicos por parte de los efectivos policiales”. Por su parte, el diario Página Siete demandó la “inmediata liberación” del periodista y denunció que este es un “atropello a los derechos fundamentales”. Horas después, alrededor de las 16:15, Quisbert fue liberado, pero deploró que el oficial involucrado haya argumentado tener un certificado médico forense que le da dos días de impedimento.
A la FELCC también se apersonó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, para “garantizar el ejercicio periodístico” y que éste se respete. Lamentó las agresiones que sufrió Quisbert.
Explosión afecta a dos periodistas
Además del atropello y detención de Quisbert, en esta jornada, según un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, dos periodistas de una agencia internacional, Santiago Limachi y su hijo Sergio, resultaron afectados por la “gasificación” que sufrieron en las afueras de la Clínica San Francisco de Asís, donde se encontraban personas reunidas por la situación del dirigente Lluta.
Según se observa en un video que circula en redes sociales, ambos trabajadores de la prensa resultaron afectados por la explosión de un artefacto y fueron auxiliados por sus colegas.
Alarma el accionar repetitivo de la Policía en contra de periodistas
Para el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, los efectivos policiales tienen la misión constitucional específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. Las intervenciones de la Policía deben ser pacíficas y acomodarse a la vigencia y garantía de los derechos humanos. En este sentido, una represión solo está permitida bajo los parámetros de necesidad, proporcionalidad y legalidad. El conflicto suscitado entre miembros de ADEPCOCA y quienes apoyan a la organización paralela afín al Movimiento al Socialismo no justifica, de ninguna manera, los ataques, agresiones y aprehensiones a periodistas, que cumplen con la labor de informar a la población boliviana sobre hechos de interés público. El repetitivo accionar arbitrario y violento de los agentes policiales es una vulneración alarmante contra la integridad de los periodistas y de la población, que tiene el derecho a acceder a información para poder participar de manera adecuada en la dinámica democrática que debe regir en Bolivia.
