Iván Lima
El Presidente a.i. de YPFB, Guillermo Achá, ha declarado que en épocas del pasado la empresa estatal contrataba pocos servicios y obras. Dijo que la oposición desconoce lo que es manejar 5.000 millones de dólares en proceso de contratación. De esta manera, justificó la delegación de funciones a sus colaboradores y su voluntad de separarlos, mientras que él permanece en el cargo. Pienso que esta es una decisión equivocada y carente de toda lógica y sentido común:
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En 2016, YPFB aportó al presupuesto
nacional la suma de 20.846 millones de bolivianos. Representa el mayor ingreso de nuestro país. Esos recursos se destinan a temas de bien común y una parte importante, a proyectos de inversión, entre ellos cito los tres más importantes del año pasado:
Construcción planta de polipropileno, 132,9 millones de dólares
Construcción Planta de Urea, 124,4 millones de dólares
Equipos de Exploración y Explotación de hidrocarburos
(taladros), 64,8 millones de dólares. Sin duda, la compra de taladros, al ser uno de los tres proyectos de inversión más importantes, fue de conocimiento directo y supervisión permanente de Achá, quien está obligado a planificar el uso sostenible de los recursos. Decir que no lo hizo, es reconocer negligencia extrema. |
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Guillermo Achá aprobó la Resolución
Administrativa PRS. No. 224 de 13 de junio de 2016, por la que delegó a sus colaboradores la firma de TODOS LOS CONTRATOS que negocia y suscribe YPFB. Los artículos 10 y 11 de esta norma legal atribuyen a los vicepresidentes y Gerentes de YPFB la delegación para suscripción de contratos mayores a 200.000 Bs. y “sin límite de cuantía”. Achá olvida, convenientemente, que desde el 13 de junio de 2016 delegó en su totalidad la firma de todos los contratos también olvida que los artículos 7 y 9 de la Ley de Procedimientos Administrativos señalan expresamente que la DELEGACION de contratos genera “responsabilidad administrativa solidaria” del delegado y del delegante, en este caso ACHÁ. No existe ninguna duda de que la Ley de Hidrocarburos, el Estatuto de YPFB, las normas de contratación aprobadas por el Gobierno nacional y el derecho administrativo señalan que el PRESIDENTE de YPFB representa a la empresa y asume responsabilidad ejecutiva por todas las decisiones tomadas en su entidad. |
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Guillermo Achá, como responsable de
la Entidad, en lugar de defender la legalidad y transparencia de su institución, permite que 15 de sus colaboradores sean procesados e investigados y declara que él no firmó el contrato. Resulta que ahora los responsables del contrato son el Ing. Jorge Sosa, Vicepresidente de Administración de Contratos de YPFB, y el abogado Julio Kjari Nina. Los Informes de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos señalan que los funcionarios de YPFB, que participaron en el proceso de contratación, habrían celebrado en un grupo de Whatssapp la suscripción del contrato. Además, se señala que el proponente Drillmec no habría presentado todos los documentos requeridos por el DBC y por tanto debía haber sido inhabilitado. Achá nos dice que todas las irregularidades fueron realizadas a sus espaldas, sin que él las conozca. De esta manera, otorga a DRILLMEC pruebas definitivas para una eventual arbitraje. Si el presidente de YPFB no pudo conocer estas irregularidades, siendo el hombre más poderoso de esa empresa, ¿cómo se puede pedir a los ejecutivos de una empresa extranjera, situada en Italia y USA, conocer la “supuesta corrupción” de este caso? |
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El núcleo de este caso es que YPFB
y DRILLMEC ya firmaron un contrato, y éste es ley entre partes y no puede ser resuelto sino conforme establece el contrato. Debe existir una causa justa para terminarlo. La parte perjudicada puede acudir a los tribunales o a un arbitraje internacional para reclamar por cualquier abuso. Asumiendo la hipótesis de que el Estado Italiano, como accionista de DRILLMEC, decidiera llevarnos a arbitraje, dado que su empresa ya comenzó a elaborar los taladros y existe un evidente perjuicio a sus intereses, las palabras de Achá serán usadas en contra de Bolivia. En ese proceso, los italianos argumentarán, de hecho, que existe una duda razonable sobre la legalidad del proceso de contratación señalarán que el mismo presidente de YPFB fue “engañado” y que Bolivia lo sostuvo en la Presidencia. Fundamentarán su buena fe desde la Presidencia de YPFB en este cargo y cada argumento usado por ACHÁ será base de la argumentación de los italianos. Pareciera que hay una posición alineada sobre este contrato. |
¿Qué hace Achá en YPFB? Nos enteramos que no firmó los contratos más importantes para YPFB. Sin embargo, en el Programa de Amalia Pando Cabildeo, nos enteramos que ACHÁ no firma ese contrato, pero si firma los contratos de compra de llaveros, gorras y poleras para el Dakar; pero, además de firmarlos resulta que el proveedor no recibe el pago, hace dos años, pese a que habría entregado toda la mercadería.
Los otros contratos tienen serias denuncias. El investigador Hugo del Granado indicó, con fundamentos, que la contratación de las plantas de Polipropileno por más de 2.000 millones de dólares a Tecnimont es violatorio de la norma porque esta empresa elaboró los estudios y ahora construiría ella misma la Planta. Uno asumiría que Achá está trabajando en el tema, pero buscando en la red internet no encuentro una respuesta de YPFB a las alegaciones de Hugo del Granado.
Me preocupa que YPFB no responda tratándose del contrato más importante de nuestra patria. El Contrato de la Planta de Urea, ubicada en el Chapare y que está siendo construida por SAMSUNG, ha superado todos los plazos de entrega de forma superabundante. Concluyo que NO merecemos un Presidente de YPFB sin credibilidad, aferrado al cargo. Una persona digna, cuando su institución está cuestionada, debe trabajar y buscar el cambio y en último caso renunciar.
¿Quién protege a ACHA? En mis años como abogado trabajé para muchas empresas petroleras y unas horas para YPFB, cuando me invitó Jorge Alvarado. En esos días, José Magela Bernardes, Gerente General de Brithis Gas, fue elegido Presidente de la Cámara de Hidrocarburos; yo había sido abogado personal de Magela y de la empresa. No existía ningún conflicto de intereses, pero cuando se trata de administración pública e intereses de la patria, no se puede dejar la menor sombra de duda. Tenía una vocación sincera y personal de apoyar el proceso de nacionalización de Hidrocarburos, pero podría haberse interpretado mal mi trabajo previo con el sector privado.
En ese momento, pese a que tenía toda la confianza de Manuel Morales Olivera, Presidente de YPFB, además del apoyo de muchos amigos del sector, renuncie al cargo. Nunca un interés personal puede poner sombra de duda al interés público, es egoísta no dejar el cargo. Y es de cobardes no defender a tu equipo; un líder asume las consecuencias de su Dirección y respalda a su equipo, no lo entrega y nunca se lava las manos con inocentes.
