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Las centrales que integran la Organización Indígena Chiquitana (OICH), en Santa Cruz, se declararon en estado de emergencia ante el constante avasallamiento de tierras que estarían sufriendo las comunidades de las cinco provincias en las que se encuentran.
En la resolución que emitieron, la OICH menciona que durante la Asamblea Extraordinaria que sostuvieron este 17 y 18 de junio, las organizaciones dieron a conocer su preocupación por los asentamientos ilegales de más de 300 comunidades campesinas en territorios indígenas y áreas protegidas, donde “se han encontrado plantaciones de narcóticos y que el peligro de incendios para ampliar la frontera agrícola es inminente”.
“Tenemos hermanos de Lomerío, de Concepción, San Javier, San Ramon, San José, Pailón, del Bajo Paragua, San Ignacio y San Rafael; son hermanos que han sido afectado con la dotación irregular de tierras a otras comunidades. Es por eso que, preocupados ante el no cumplimiento que tenemos con el director del INRA, hoy nos declaramos en estado de emergencia y le damos un plazo para que de una vez, podamos sentarnos para solucionar esta demanda, caso contrario vamos a tomar otras medidas de hecho y no descartamos una marcha”, aseveró el presidente de la Central Indígena Chiquitana de la provincia Germán Busch, Vicente Paraba.
La resolución con la declaración de emergencia se emitió en el marco de la Asamblea Extraordinaria que desarrollaron las y los representantes de las organizaciones chiquitanas, y la que fue convocada por las constantes denuncias que habrían recibido desde las comunidades.
En la resolución que emitieron, al OICH demanda la reactivación de la Comisión Agraria Departamental a la que manda comenzar el proceso de fiscalización y auditoria de los asentamientos ilegales que se habrían producido al interior de los territorios chiquitano; así como al INRA a acelerar los procesos agrarios pendientes en las comunidades; y a respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas para la dotación de tierras que se encuentran en sus territorios, debido a que esto está “afectando a nuestra Casa Grande”.
“Tenemos a las cinco provincias donde está el pueblo chiquitano que están siendo afectadas por estos asentamientos irregulares; además, no se cumple la Ley INRA en la evaluación de la función económico social a las dotaciones (de tierras) que se están haciendo en toda la Chiquitanía”, menciono Paraba.
De acuerdo con la autoridad indígena, tanto el INRA como la ABT tendrían conocimiento de este ilícito porque ambas son las instancias estatales responsables de la dotación de tierras y quienes autorizan el trabajo ganadero, desmontes o extracción de recursos en las mismas.
