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El análisis territorial de las zonas alcanzadas por los incendios en la Chiquitania detecta que se inician en grandes propiedades agrarias, pero afectan a zonas de tierras fiscales que, como consecuencia de esto, pueden ser habilitadas para la agricultura. “Las tierras fiscales están siendo disputadas, de a poco están siendo apropiadas”, dijo el director de Fundación TIERRA, Gonzalo Colque.
Los investigadores de TIERRA compartieron la información y análisis, ayer 17 de septiembre, en la actividad virtual “Incendios 2020. Actualización y balance”. El año pasado, TIERRA presentó un informe sobre los incendios de 2019 en el que se veía el mismo patrón que se identifica este año si se analiza la afectación, según tipo de propiedad agraria.
“Donde sea que haya incendios hay un tipo de propiedad… Gran parte del fuego que se reporta, que son focos donde han comenzado los fuegos descontrolados, son grandes propiedades agrarias tituladas, con dueños y propietarios, es ahí donde nace y se provoca luego en tierras fiscales la mayor parte de los incendios”, dijo Colque.
Proyección: 25% menos que 2019
La información satelital de este año, que ha sido elaborada con base en datos obtenidos de Sentinel Hub y FIRMS, refleja los siguientes datos de cicatrices de quema por tipo de propiedad: 288 mil hectáreas de tierras fiscales, 117 mil hectáreas en propiedades de empresas, 43 mil en propiedad mediana, 40 mil en TCO/TIOC, 12 mil hectáreas de tierras comunarias y 5 mil en propiedades pequeñas.
Hasta el momento el total de cicatrices de quema alcanza a 552.143 hectáreas afectadas, de ese total no se tiene datos de la propiedad de 45.156 hectáreas.
Además hay tierras fiscales en áreas protegidas que han sido afectadas de manera reiterada este año, eso ha sucedido en Otuquis y el Parque San Matías. “Salvo Otuquis, las áreas quemadas siguen la ruta de brechas de penetración de la frontera agrícola”, dijo Colque.
Los incendios continuarán hasta octubre porque hacia noviembre las primeras lluvias de la temporada van a sofocar los fuegos.
La proyección de TIERRA es que hasta diciembre de este año se sumen 355.374 hectáreas más a las contadas hasta el 15 de septiembre: 552.142 hectáreas.
En total la proyección de este año es que la destrucción por el fuego alcance a 997.516 hectáreas, lo que representaría el 25% del total de la superficie afectada el año 2019.
El modelo económico
El director de Tierra regional Santa Cruz, Alcides Vadillo, llamó la atención acerca de considerar como normal o natural el incendio de los bosques por su repetición cada año. Las dimensiones de la pérdida de foresta no pueden ser consideradas usuales pues solo el año pasado desaparecieron más de 5 millones de hectáreas, una extensión similar a Costa Rica.
Las repercusiones inmediatas en la población tienen que ver con la provisión de agua contaminada y el daño en la calidad de vida. “Las causas son un conjunto de políticas agrarias que impulsan a un modelo de ampliación de frontera agrícola con nuevos asentamientos, con incentivo para los desmontes y el cambio de suelos de forestales a agrícolas”, dijo Vadillo.
Este patrón tiende a sustituir los bosques por pastizales para ganado o por cultivos de soya, curiosamente a la vez el bosque pierde humedad y se incrementan los niveles de sequía.
La presidenta Jeanine Añez derogó esta semana el Decreto 3973, emitido en julio de 2019 por Evo Morales para permitir el desmonte, tala y quema en el Beni. Sin embargo aún están vigentes 13 normas que han sido identificadas por distintas organizaciones de la sociedad civil como “incendiarias” porque favorecen las quemas del bosque en tierras bajas.
El catálogo de “normas incendiarias” fue emitido por el gobierno de Evo Morales desde el año 2013 hasta sus últimos meses de gobierno.
