A través de una carta abierta, la Fundación TIERRA asevera que el tráfico de tierras se intensificó desde la gestión 2011, a través de asociaciones delictuosas conformadas por funcionarios y ex funcionarios públicos.
“El consorcio llamado “INRA paralelo”, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, se dedicó a falsificar expedientes agrarios y “blanquear” antecedentes jurídicos para entregar tierras de los bolivianos (tierras fiscales) al mejor postor”, señala la carta.
El documento sostiene que contradictoriamente en lugar de procesar a los miembros de este grupo delincuencial, alejaron de sus cargos a los denunciantes como Juan Carlos Rojas y Alejandro Almaraz.
Las aseveraciones de Fundación TIERRA surgen a propósito de la destitución del ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) Edwin Characayo, descubierto infraganti cobrando un soborno de 20 mil dólares para titular el predio “El Triunfo II”.
El documento acota que el INRA entre las gestiones 2014 – 2019, firmó más de 1400 autorizaciones, para asentamientos en Santa Cruz, muchas en la actualidad resultan “comunidades fantasmas”.
“Entre las gestiones 2014-2019, firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz. Pero, en lugar de transparentar este proceso, el INRA ocultó sistemáticamente toda información. En los hechos, muchas son “comunidades fantasmas” en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales”, asevera el documento.
En el mismo documento se señala al gobierno de Jeanine Áñez, que entregó a la familia de Branko Marinkovic, más de 34 mil hectáreas, en un proceso abreviado llevada a cabo en tiempo record, vulnerando todos los procedimientos técnicos y jurídicos.
En su carta abierta, Fundación Tierra realiza 4 planteamientos para superar el tráfico de tierras:
- Intervención inmediata del INRA para iniciar una auditoría de alto nivel de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz.
- Proceder al desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan Resoluciones de Desalojo que obligan a las autoridades del gobierno nacional a usar incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos.
- Paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite constitucional de 5 mil hectáreas.
- Hacer un llamado público a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para que nombren un Director Nacional Titular del INRA, en cumplimiento de la ley de tierras que señala que el Presidente debe nombrar al Director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados (Ley 3545, artículo 20)
