Dos años de impunidad de la masacre de la ciudad de El Alto

Por: José Luis Saavedra

El 17 de febrero de 2016, en la ciudad de El Alto, seis personas fallecieron en un evidente acto de terrorismo de Estado, que y como ha sido la toma e incendio de la Alcaldía de El Alto.

Un incendio en el que, como en el caso de la masacre de El Porvenir (en las cercanías de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando), que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2008 y tuvo como resultado la muerte de 13 campesinos (Cfr. “La matanza de Pando”, El País, 21 noviembre 2008), se utilizó a un sector social movilizado, en este caso una marcha de padres de familia que exigía obras, que se ponen de ‘tontos útiles’, ignorando la intencionalidad política de esa movilización: ¡tumbar, cuando no matar a Chapetón!

Los agitadores, agentes del MAS, que han organizado y azuzado la marcha de los padres de familia, tenían una evidente intención terrorista, porque rodearon la alcaldía de El Alto y penetraron violentamente en ella sabiendo que estaba llena de ciudadanos que estaban haciendo sus trámites y obviamente de funcionarios de la alcaldía.

Los vándalos saquearon muebles y documentos, muchos sobre investigaciones de casos de corrupción (contra la anterior gestión MASista en la alcaldía), e iniciaron un incendio de proporciones en la planta baja, que impidió a las personas del resto de los pisos evacuar la infraestructura. “Entraron a la Unidad de Sumariante y saquearon documentos -entre ellos procesos administrativos-, muebles y computadoras que usaron como leña” (Página Siete, 13 febrero 2017). Según la alcaldesa Soledad Chapetón los ex funcionarios del MAS «han llegado de manera dolosa a la oficina sumariante, cuando sabían que la próxima semana iba a salir el resultado de los 120 ítems fantasma y han prendido fuego” (Ibídem).

Como resultado del incendio provocado por las huestes MASistas fallecieron seis personas. Juan Laura, Javier Mollericona, Ana María Apaza, José Rodrigo Ortiz, Rosmery Mamani y Gloria Magaly Calle, quienes perecieron por intoxicación de monóxido de carbono en el incendio de la Alcaldía (cfr. “Confirman seis fallecidos por intoxicación tras quema de Alcaldía de El Alto”, Página Siete, 17 febrero 2016).

De aquí emergen un par de evidencias muy evidentes (valga el pleonasmo). Por una parte, que la gente que comete estos delitos está estrechamente vinculada al MAS, como por ejemplo el ex candidato a concejal del MAS Wilmer Sarzuri Apaza. Por otra parte, que nada más, ni nada menos que el viceministro de gobierno es el que estaba desde muy tempranas horas en la puerta de la alcaldía y sus inmediaciones con el comandante de la policía. Hay testimonios de que Elío rondaba ese día desde al menos las 8:00 por la Alcaldía, al parecer monitoreando lo que los dirigentes del MAS de El Alto iban a realizar (ver “Marcelo Elío responsable de la masacre en El Alto”, en:

Al respecto, hay la grabación de un video en el que se observa al viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, después de que se produce la tragedia, las seis muertes, decirle al comandante general de la Policía, Édgar Téllez, lo que tiene que exponer para justificar el hecho político, le indica “este es un auto atentado de la alcaldesa” (ver: “Revelador audio video que involucra a Viceministro”, en:

No obstante y de acuerdo con la asesora legal del municipio, Patricia Castellón. «Decir que fue un atentado es descabellado, yo estuve adentro, yo vi como el pánico se apoderaba de la gente. No podíamos salir porque había una turba que quería matarnos. Nos cortaron el agua y decir que nosotros provocamos a los marchistas es una total mentira» (El Potosí, 19 febrero 2016).

Así, ladinamente, lo primero que el gobierno del presidente Evo intenta es echarle la culpa a la gente que intentó salvar vidas, es decir al personal de Soledad Chapetón, específicamente, al director de Talento Humano, Marcelo Plata, y al director de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, quienes han sido apresados pese a que ellos, precisamente ellos fueron las víctimas del ataque.

También podemos ver, objetiva y fehacientemente, tal como lo demuestran los hechos luctuosos, es cómo en medio de la desesperación ante el fuego creciente, ante el sofocamiento, y ante la propia muerte, ha sido recurrir a la policía, insistentemente, y cómo la policía se negó cobardemente a auxiliarlos, reiteramos pese a los recurrentes pedidos de auxilio, hasta que (la policía) apareció ya para levantar los cadáveres. Según la directora jurídica de la Alcaldía alteña, Sonia Vallejos, la autoridad policial (hablamos del entonces comandante regional de la Policía, Juan José Peña) no atendió los múltiples pedidos de auxilio durante el ataque.

“Claro que pedimos ayuda a la Policía, decenas de veces. Primero con llamadas telefónicas, después mediante abogados que se apersonaron al Comando y finalmente mediante un requerimiento escrito… pero nunca llegó. Hubiese bastado con que los efectivos intervengan con agentes químicos para impedir las muertes” (Página Siete, 13 febrero 2017).

Para terminar emergen dos conclusiones preliminares, una primera, queda en evidencia que el viceministro de gobierno estaba en las inmediaciones de la alcaldía y también queda en evidencia que la policía se negó a atender con presteza y sofocar el fuego, y quién sabe de evitar el atentado terrorista.

Segunda, que son estos actos terroristas, estas muertes, provocados criminalmente, incitados con intencionalidad, es decir con premeditación y alevosía, los que generan un hecho político, consistente en que el gobierno lo aprovecha para acabar con los opositores (más o menos) coyunturales, además de –en un contexto muy cercano al referéndum- frenar la creciente tendencia social a votar mayoritariamente por el NO a la re-reelección el 21 de febrero.