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Defensora del Pueblo rechaza presiones a servidores públicos para que participen en actos proselitistas
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Defensora del Pueblo rechaza presiones a servidores públicos para que participen en actos proselitistas

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y rechazo sobre ciertas manifestaciones que reflejan presión o condicionamiento para la participación de servidoras y servidores públicos en actos proselitistas, ante la cercanía de la fecha de las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo de 2021.

“Rechazamos este tipo de situaciones, prácticas o presiones proselitistas y exhortamos a que cesen de inmediato, permitiendo a las y los servidores públicos y la ciudadanía en general, a acudir a los comicios electorales de forma libre y espontánea, para garantizar la vigencia de los principios democráticos y la recuperación de la paz entre todas y todos los bolivianos”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

El pasado fin de semana en un acto público realizado en Puerto Quijarro, Santa Cruz el viceministro de Educación, Bartolomé Puma, pidió una lista de los servidores públicos que no hacen campaña en favor de los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Todos los servidores públicos que trabajan en instituciones públicas como Migración, Aduana, Senasag, Banco Unión, Dirección Distrital de Educación, si no están viniendo a hacer campaña acá, me van a avisar a mí, me van a dar la lista”, señaló el viceministro Puma.

La Defensora del Pueblo recordó que la función de quienes son parte de la administración pública debe regirse bajo los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados; que el propio texto constitucional dispone como requisitos para el acceso y permanencia en la función pública los previstos en el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado, y que no es una condicionante para el desarrollo de la labor de las y los servidores públicos a nivel nacional, ningún tipo de afinidad o afiliación política en específico, por lo tanto no debiera continuar esta práctica en ningún nivel de gobierno.

Cruz manifestó, asimismo, que todas las personas que forman parte de la administración pública, sea el Gobierno Central, gobiernos autónomos subnacionales o autonomías indígenas originarias campesinas, deben ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión que se hallan constitucionalizados en el Artículo 21 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, que se encuentra en plena armonía con el Artículo 12 de la Convención Americana y el Artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

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