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Comienza campaña para que la Fiscalía investigue el asesinato de Silica

“Que este crimen no quede impune, que se investigue a fondo y que se inculpe a los criminales, que se siente un precedente ya que no se sabe cuántas mujeres han sido asesinadas en los remotos rincones de este país sin que nadie haga algo para cumplir con la ley 348 que garantiza a las mujeres una vida sin violencia”.

Así comienza la carta pública de la activista de derechos de mujeres y psicóloga social, Jenny Ybarnegaray, que emprendió una campaña en busca de justicia para Silica Colque Juchauayño, asesinada el 20 de octubre de 2016 en Pocoata, Potosí. 

“Nos preguntamos ¿cuántas “Silicas” habrán cuyas muertes nadie registró, nadie investigó y a nadie le importó, salvo a sus familiares más próximos, en quienes permanece el dolor de la pérdida y poco pueden hacer frente a criminales que ostentan algo de poder?”, agrega la carta, que busca la adhesión de firmas para emplazar al Ministerio Público a investigar este caso.

Puede leer y firmar la carta de adhesión aquíhttps://goo.gl/DDYMEC

A pesar de que el crimen fue cometido hace un año y cinco meses, la Fiscalía no hizo ninguna diligencia para esclarecer el crimen.

La madre de la víctima Zenobia Juchahuayño identificó a Irineo Pajari Ojeda como al asesino de su hija y denunció que aquel no fue investigado porque es militante del Movimiento al Socialismo (MAS) y subalcalde del municipio de Pocoata.  Pajari negó ser el autor del crimen.

Lea: ¿Quién violó y mató a Silica? Las piedras “hablaron” y su madre asegura: “es él”, https://goo.gl/wtZiJN

En tanto el fiscal de Colquechaca, Antonino Said Lennis, declaró que no conoce a la madre de Silica y pidió que se acerque a su oficina.

“Los familiares ayudaron muy poco en las diligencias”, indicó a RimayPampa, a tiempo de aclarar que asumió el cargo de fiscal de esa zona recién hace algunos meses.

Ybarnegaray escribió que en Bolivia, cada semana contamos  uno, dos y hasta tres feminicidios, son casos que registra la prensa y que, por lo general, el Ministerio Público se ve en la obligación de investigar presionado por familiares y activistas de los derechos humanos de las mujeres, y no por acción de oficio como manda la ley.

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