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Alertan que amenazas contra Amparo Carvajal e inacción del Estado muestran “situación de indefensión” de defensores de derechos en Bolivia
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Alertan que amenazas contra Amparo Carvajal e inacción del Estado muestran “situación de indefensión” de defensores de derechos en Bolivia

A través de dos videos que circulan en redes sociales, integrantes de un grupo denominado “Willa Lluch’us” (gorros rojos), identificados en algunos medios de comunicación como afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), amenazaron con quemar las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), además de la casa de su presidenta, Amparo Carvajal.

Los dos videos fueron difundidos por la página de Facebook “Noticias QhanaPacha.com”. El primer video data del 28 de agosto. En este, aparecen dos personas, quienes anuncian que están alistándose para quemar la casa de Carvajal. “Los compañeros de ‘Willa lluch’us’ nos estamos preparando para quemar la casa de Amparo Carvajal, porque ella está defendiendo a neoliberales, ella nunca ha defendido al pueblo alteño, al pueblo boliviano, por esa razón nos estamos pronunciando para ir a quemar su casa y nos estamos organizando a nivel nacional y departamental”, indica un hombre con gorro y barbijo.

El segundo video fue difundido el 4 de septiembre. Allí se ve a dos integrantes de este grupo que descalifican a Carvajal por su rol de defensora de derechos. “Una vez más, el ejército guerrero ‘Willa lluch’us’ estamos en protesta de que estos malos jueces, malos policías, han protegido la casa de (Amparo) Carvajal, esta casa que está construida con la economía del pueblo debemos quemar compañeros. Por eso estamos organizando y vamos a ir cualquier momento a quemar”, se refiere a uno de sus integrantes.

Carvajal, en entrevista con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos, informó que es un derecho tener miedo, pero considera que estas amenazas anónimas no ameritan una respuesta. “Me dicen si tengo miedo, bueno el miedo es un derecho a tenerlo, pero la APDHB no contesta nada (…). La Asamblea tiene una historia de 46 años y atacarla es atacar a todos nosotros y los que creen en ella”, indicó.

Reportó que hay intención de generar paralelismo en la APDHB y responsabilizó de ello a estas organizaciones que amenazan con atacarla. “Todo lo que pase yo responsabilizo a esta gente irregular”, expresó.

El pasado 25 de agosto, mientras Carvajal y voluntarios de la APDHB marchaban en demanda del cumplimiento del debido proceso en las acciones penales promovidas contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros, en el denominado caso golpe de Estado, un grupo de personas se instaló en puertas de la APDHB, con el objetivo de tomar sus instalaciones. Dicho grupo, identificado con el cartel del Comité Impulsor del juicio por el golpe de Estado de 2019, intentó tomar las oficinas de la Asamblea, forzando la puerta de ingreso a tiempo que exigían la destitución de Amparo Carvajal.

Las mencionadas personas que intentaron tomar las oficinas de la APDHB, llevaban distintivos del Movimiento al Socialismo (MAS) y eran lideradas por Aldo Michel, quien, en febrero de 2021, fue denunciado por encabezar un grupo de choque que amenazó con tomar las instalaciones del Colegio Médico de La Paz.

Para el Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS, las constantes agresiones contra Amparo Carvajal y contra la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia han puesto en evidencia a un Estado que no cumple con las obligaciones de protección que ha asumido en el marco de la protección de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre el riesgo que corren los defensores de derechos, como es el caso de Carvajal, por amenazas, represalias y restricciones sufridas como consecuencia de su trabajo de promoción y protección de los derechos. El Estado está obligado a tomar medidas efectivas para proteger la integridad de defensores que se encuentren en riesgo.

Las declaraciones del grupo “Willa lluch’us” son altamente violentas y contrarias a un Estado democrático y de derecho. Las amenazas vertidas por los representantes de ese grupo se adecúan, incluso, al tipo penal de amenaza, e incluso podría calificarse como un acto de instigación pública a delinquir, puesto que fomenta e impulsa la destrucción de los bienes de Carvajal y el daño a su persona, la falta de reacción del Estado ante esta situación muestra la situación de indefensión en el que se encuentran las personas defensoras de derechos.

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