Mediante un pronunciamiento público, 36 organizaciones de la sociedad civil y 12 defensores de derechos humanos exhortaron hoy al Estado a adoptar medidas para implementar las recomendaciones del “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019” presentado el 17 de agosto por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
En el documento de dos páginas se plantea la creación de un mecanismo de implementación de las recomendaciones del informe “que sea inclusivo en su composición y garantice presencia de todas las instituciones llamadas a intervenir y la sociedad civil”. Así, se podría cumplir con el monitoreo de las investigaciones, el desarrollo del “Plan de Atención y Reparación Integral”, la instauración de procesos de reconciliación, fortalecimiento de valores democráticos, inclusivos y cultura de paz en la sociedad, el aporte al proceso de las Fuerzas Armadas y Policía y el empoderamiento de la sociedad civil.
Además, se solicita a las autoridades nacionales la conformación de un mecanismo de justicia transicional que sea independiente e imparcial para investigar, judicializar, sancionar y reparar a las víctimas. “Esta Comisión no sería contraria al art. 120 de la Constitución porque se ajustaría a dichas disposiciones, pero garantizaría la imparcialidad e independencia requeridas, considerando que otros países han generado mecanismos transicionales con estas características”, se lee en el pronunciamiento.
Al respecto, el numeral I del artículo 120 de la Constitución Política del Estado dice: Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa.
Finalmente, en el pronunciamiento de la sociedad civil se plantea concretar la anunciada “visita in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según la investigadora Bertha Santoscoy las visitas in loco constituyen el método más utilizados por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas para observar estándares nacionales de protección de derechos humanos.
“El objetivo principal de una observación in situ es elucidar los hechos denunciados, investigar las circunstancias que los rodean y consignar estos en un informe objetivo”, señaló Santoscoy
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