Los incendios forestales crean una profunda sensación entre bolivianas y bolivianos de que los bosques han sido abandonados y han caído en manos de quienes lucran con la explotación de los recursos naturales. Cada año, la superficie afectada por el fuego supera los cuatro millones de hectáreas. Desde donde sea que se vea, es una cifra alarmante.
Con el propósito de contribuir al diálogo informado y a la búsqueda de soluciones, la Fundación TIERRA ha preparado diez preguntas y respuestas que pueden ayudar a comprender mejor la problemática que hay detrás de los incendios.
1. ¿Cuán grave es lo que sucede en Bolivia con respecto a otros países?
Sólo Brasil supera a Bolivia en superficie quemada entre todos los países que tienen bosques tropicales del Amazonas. Hasta finales de agosto de 2024, el país vecino reportó 11,4 millones de hectáreas quemadas, mientras que Bolivia reportaba cuatro millones de hectáreas. Es decir, Bolivia está quemando casi la mitad que un país como Brasil, cuyo tamaño territorial es 7,8 veces mayor.
Es notable que otros países de la cuenca amazónica como Perú o Colombia, no registran incendios forestales de la misma magnitud que Bolivia. Existen reportes de incendios, pero comparativamente son mucho menores. Una diferencia fundamental radica en que el modelo de agricultura dominante de Bolivia (y de Brasil) se caracteriza por monocultivos a gran escala, que crecen a costa de los bosques, lo que no sucede en los demás países amazónicos.
2. ¿Cuáles son los departamentos más afectados?
En los últimos años, los departamentos más afectados por los incendios han sido Santa Cruz y Beni. Tradicionalmente, principalmente en Beni, los incendios forestales han estado asociados fuertemente a las prácticas arraigadas de quema de pastizales en las estancias o potreros ganaderos. En los años recientes, el fuego cobró mayor protagonismo en el departamento de Santa Cruz, debido a la acelerada expansión de los monocultivos mecanizados a costa de los bosques.
En 2023, la superficie afectada en el departamento cruceño superó el millón de hectáreas. Este año, hasta el 20 de septiembre, los reportes preliminares giran en torno a 3,4 millones de hectáreas . Esta cifra será mayor para finales del 2024, debido a que la temporada de quemas y sequías se extiende hasta finales de octubre de cada año.
3. ¿A qué se debe la afectación de varios millones de hectáreas? ¿Acaso se necesita tanta tierra para los monocultivos?
Los monocultivos representan una menor parte del total de hectáreas afectadas. La mayor parte de la superficie con cicatrices de fuego se encuentra fuera de las zonas de interés económico o con intervención humana y son pastizales de las grandes propiedades ganaderas.
El riesgo de la propagación del fuego ha sido muy alto en los últimos años debido a varios factores, como la sequía prolongada o la menor humedad de las zonas boscosas. Sin embargo, el principal factor de riesgo es el desmonte de grandes extensiones con fines agrícolas. El desmonte es mecanizado, abarca varias hectáreas por unidad agrícola y la quema es a gran escala en comparación con el chaqueo tradicional que no pasaba de una hectárea. En consecuencia, el peligro de que la quema de los desmontes arrase con los bosques es mucho mayor.
4. ¿Por qué los incendios forestales están fuera del control de los bomberos?
Inciden varios factores, siendo los principales: i) intervención tardía de los focos de calor, ii) recursos humanos y materiales limitados, iii) inaccesibilidad en las zonas que están fuera de intervención humana, iv) cambio climático, entre otros.
A pesar de que el fuego se ha convertido en un hecho nacional recurrente, Bolivia no tiene capacidades reales para combatir incendios forestales que en promedio llegan a superar los cuatro millones de hectáreas anuales. El gobierno nacional ha sido y es reticente a la declaratoria de desastre nacional, lo que impide la liberación de fondos públicos de emergencia y la ayuda internacional para sofocar los incendios.
Cuando el fuego se propaga hacia zonas alejadas de difícil acceso, los bomberos poco o nada pueden hacer con los recursos limitados con que cuentan. Muchas zonas sin intervención humana no tienen vías de acceso caminero, comunicaciones o centros poblados desde donde recibir el apoyo de la población local. Asimismo, el cambio climático incide debido a que la temporada seca se prolongó en tres o más meses comparado con la realidad cruceña de hace 40 años y las lluvias disminuyeron en un 28% en el mismo periodo.
5. ¿Quiénes son los responsables de los incendios?
El fuego tiene muchos responsables o implicados y no es atribuible a un solo sector agropecuario, económico o social. Debemos tener en cuenta que parte de los incendios están concentrados en las zonas de ampliación de la frontera agrícola, que se caracterizan por los conflictos y las disputas que persisten por la tenencia de la tierra. Por lo tanto, mucha gente implicada en los desmontes y quemas no tiene derechos de propiedad reconocidos por ley. Algunos ocupan ilegalmente tierras fiscales y territorios indígenas titulados, otros poseen predios medianos y grandes, pero no tienen títulos agrarios y también existen comunidades con autorizaciones provisionales de asentamientos.
6. ¿Qué papel juega el gobierno nacional?
La política del gobierno de Luis Arce es incentivar la ampliación de la frontera agrícola y mantener intactas las leyes que flexibilizan la protección de los bosques. También mantiene en pie la autorización de asentamientos en tierras fiscales para sectores sociales afines al gobierno nacional. Las políticas y medidas agroambientales en vigencia son la continuidad de las decisiones adoptadas durante el gobierno de Evo Morales, en el marco de la “Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia” y la “Agenda Patriótica 2025”.
7. ¿Cuáles son las “leyes incendiarias”?
La población conoce con este denominativo a un paquete de leyes y decretos aprobados después de 2011 en el marco de los acuerdos y alianzas políticas establecidas entre el gobierno nacional, los agropecuarios de Santa Cruz y los movimientos campesinos, indígenas e interculturales aliados al gobierno de Evo Morales. Entre estas normativas destacan: 1) Ley 337 (11/01/2013), Ley 502 (26/02/2014), Ley 739 de modificación de las leyes N° 337 y N° 502, Ley 740 (29/09/2015), Ley 741 (29/09/2015), Ley 1171 (25/04/2019), Ley 1098 (17/09/2018), Decreto Supremo 4334 (16/09/20), Ley departamental 093 de cambio del Plan de Uso de Suelo del departamento del Beni; entre otros.
8. ¿Cuál es el problema con la Ley 741?
Esta ley fue aprobada a finales de 2015 con el objetivo de autorizar desmontes de hasta 20 hectáreas por persona para comunidades y pequeñas propiedades. Lo más problemático es que permite desmontes en “tierras de producción forestal permanente”; es decir, en zonas boscosas sin potencial de uso mayor para la agricultura. A causa de esta ley, los desmontes y las quemas empeoraron en las zonas de bosques tropicales de la Amazonía y, consecuentemente, los incendios forestales se masificaron en tierras fiscales y bosques primarios.
La abrogación de la Ley 741 es una necesidad urgente que debe ocurrir antes de la próxima temporada de incendios (junio 2025-octubre 2025).
9. ¿Qué sucederá después que terminen los incendios?
El fuego desaparecerá hacia mediados o finales del mes de octubre. No es el final del desastre ambiental, sino que persistirán una serie de daños ambientales y consecuencias negativas: la contaminación del agua a causa de las cenizas, que afectan pozos de agua, lagunas, bebederos para animales y fuentes de agua para el consumo humano; la contaminación del aire a causa del humo, que perjudica severamente a las poblaciones locales; y la destrucción de medios de vida tradicionales de las comunidades indígenas, causando problemas de inseguridad alimentaria.
En estas circunstancias, las autoridades nacionales y subnacionales están obligadas a realizar una evaluación integral de los daños ambientales ocasionados por el fuego, incluyendo el inventariado de pérdidas de fauna y flora, ecosistemas y severidad de los daños causados por el fuego en las poblaciones locales, y las acciones posteriores de recuperación, mitigación de los daños y asistencia humanitaria.
10. ¿Qué se puede hacer con miras al año 2025?
Aunque no es una solución definitiva, es fundamental tener una ley contra los incendios forestales, idealmente antes de mayo de 2025. Hasta ahora, la discusión en el sector público estuvo focalizada en endurecer las multas y sanciones administrativas. Algunos han llegado a proponer el incremento de los años de privación de libertad para los culpables de los incendios. Desde la sociedad civil y los movimientos ambientalistas, la principal demanda es abrogar el paquete de las “leyes incendiarias”.
Para avanzar hacia una ley contra los incendios es importante evaluar los hechos y llegar más allá de las medidas sancionatorias. Un problema por resolver es la presencia indiscriminada y la rápida multiplicación de monocultivos en bosques que deberían estar explícitamente excluidos de las zonas de ampliación de la frontera agrícola.
