Uno de los puntos del Programa de Gobierno 2020-2025 del Movimiento al Socialismo (MAS) dice: “Selección de autoridades judiciales bajo criterios de transparencia y meritocracia, con la finalidad de contar con un Órgano Judicial idóneo, probo y meritocrático”.
Los últimos dos procesos electorales (2011 y 2017) demostraron —y con creces— que ni una selección transparente y meritocrática ni la independencia judicial son posibles con el diseño constitucional de elección vigente en nuestro país.
Este sistema de elección fue presentado por el partido oficialista como una forma de “democratizar la justicia y acercarla a la ciudadanía”. Con el lema “Ahora le toca al pueblo”, alegaron que el voto se convertiría en “garantía” de idoneidad, imparcialidad e independencia, pues los magistrados tendrían que responder a quienes les delegaron la función de impartir justicia: el pueblo.
¿Por qué esa garantía no se cumplió? Porque el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA), Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) está construido como un trampantojo: con sombras y perspectivas que engañan y muestran algo que no es: ni la concreción de la democracia representativa y participativa, ni el ícono de independencia, ni la voluntad del soberano.
En 2017, con la Ley No. 929, se intentó superar las dificultades que provocaron el fracaso de los primeros magistrados (reduciendo en número de integrantes del CM, aumentando en el TCP, ampliando el plazo de preselección de candidatos, incorporando a las Universidades en el proceso de evaluación). Empero, el resultado se repitió: no cambió el sistema judicial; al contrario, empeoró. El escándalo y la vergüenza se convirtieron en sus atributos.
El sistema judicial no cambiará con esa revolucionaria idea. Son varias las enfermedades que le aquejan y, por tanto, requiere de varios tratamientos por un largo tiempo. Hacer creer que una elección popular es el remedio único y principal fue una de las trampas más elaboradas que nos ofreció el masismo.
La probidad, idoneidad, meritocracia e independencia del Órgano Judicial no se conseguirán con el ejercicio de la democracia representativa. Además, la representatividad no parece aplicable para autoridades que tienen por principal función impartir y/o administrar justicia, la cual no es sinónimo de gobernar, mucho menos legislar.
Según Giovanni Sartori, la democracia representativa es una “democracia indirecta en la que el demos no se autogobierna, sino que elige representantes para que lo gobiernen. Incluye, como componente necesario, la democracia electoral (…)”.
En este tipo de democracia, la representatividad se entiende como “mandatos” que la ciudadanía da a sus representantes para que actúen a su nombre en la toma decisiones políticas y de interés público.
En consecuencia, elegir a un diputado, senador o a un presidente no es lo mismo que elegir a un magistrado del TSJ o del TCP porque el mandato que éstos tienen no es de «representación de nuestros intereses» como en el caso de los primeros.
Las autoridades judiciales se deben a la Constitución, a las leyes, a los valores éticos de su formación y, principalmente, a la justicia. Entonces, ¿realmente son nuestros representantes? ¿Es acaso la administración de justicia solo una decisión política? ¿No sería mejor que el sistema judicial responda y represente primero a su esencia y no a la voluntad de un grupo reducido de electores?
Otra trampa de la elección judicial es la participación del pueblo en el proceso. La Constitución Política del Estado (CPE) —en su artículo 182, parágrafo II— dispone que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) seleccione a los candidatos que serán puestos a consideración del voto popular. Le bastan los dos tercios de sus miembros presentes para aprobar la lista de seleccionados.
Los candidatos de la primera elección judicial (2011) fueron seleccionados por el partido oficialista, sin la intervención de ningún control social o técnico que garantice autoridades con altos méritos profesionales y académicos.
En la segunda elección (2017) se intentó cambiar esta imposición, pero ninguna de las propuestas que llevaron más de 30 organizaciones civiles fueron escuchadas. El masismo terminó aprobando una lista de candidatos (algunos con evidente militancia azul) por “decisión orgánica”.
¿Dónde queda entonces la promesa de democratizar la designación de las altas autoridades judiciales? ¿No que el pueblo iba a ser un actor activo importante en el proceso para evitar cualquier intromisión partidaria?
Innegablemente, el diseño del proceso de elección no permite participaciones ajenas a la ALP, y si a ello sumamos que el oficialismo se rehúsa siempre a consensuar y debatir con voces contrarias para cualquier toma de decisión, la elección judicial no puede ser sinónimo de democracia participativa.
Todo esto impulsa un proceso electoral direccionado. ¿Puede entonces esperarse una selección de autoridades transparente, sin intromisiones o anteposiciones partidarias? Con candidatos ya decididos, ¿puede el ciudadano estar seguro de que fue su voto el que eligió a los magistrados del Órgano Judicial?
Otra ilusión óptica —propia de los trampantojos— está en la campaña electoral. Según la CPE y la ley del Régimen Electoral (Ley 026), sólo éste Órgano puede difundir los perfiles y propuestas de los candidatos.
Pero no fue lo que sucedió. Sin constituir «frentes» de manera oficial y en total incumplimiento a la prohibición de hacer campaña, se formaron grupos de abogados y/o funcionarios judiciales que «apoyaron de lejitos” a determinados candidatos; ya sea por alta estima, afinidad política o alta expectativa de retribuciones futuras traducidas en cargos dentro del Órgano Judicial.
¿Hay más sombras tramposas? Sí. En una elección, el resultado mayoritario es el que se considera como válido porque es la decisión del soberano, del pueblo. En las elecciones judiciales esto no se aplica.
En 2011, casi el 60% de los votos eran nulos o blancos. En 2017, éstos se incrementaron hasta el 66%. Los magistrados fueron elegidos sólo por el 40% (2011) y el 34% (2017) de votos válidos. ¿Qué correspondía? Anulación de las elecciones, pero esto no fue previsto por el constituyente y menos fue enmendado por la ALP.
Con esos resultados, ¿puede un magistrado sentir un respaldo legítimo de la ciudadanía? En contrapartida, ¿puede la ciudadanía sentirse «representada» o «confiar» en autoridades que no votó?
Otra apariencia de democratización está en la duración del proceso y el voto informado. Pese a que la Ley 929 amplió el periodo de preselección de candidatos de 60 a 90 días, en la práctica fue insuficiente para completar una lista que responda no sólo a los criterios de paridad y representación indígena originaria campesina, sino también a la meritocracia y profesionalidad.
El proceso electoral de 2017 comenzó en mayo, con la publicación de la convocatoria, y finalizó con la elección del 3 de diciembre. Es decir, duró algo más de 6 meses, pero no alcanzó para realizar una difusión de méritos y propuestas suficiente. La ciudadanía, con escasa información de los candidatos, terminó eligiendo al azar u optando por el voto blanco o nulo, incluso usando las papeletas como un lienzo para dibujo libre.
Como sabemos, los actuales magistrados terminan su mandato este año. A la fecha, no hay ni una convocatoria habilitada ni un calendario electoral aprobado. Eso sí, el oficialismo garantiza las elecciones para este año, con reducción de plazos de por medio. ¿Ingenuidad o socarronería?
¿Era necesario cambiar el mecanismo de designación de autoridades judiciales? Sí, la ciudadanía merecía tener un acceso a la justicia mucho más evidente y posible. Lamentablemente, el masismo usó esa demanda para construir un proceso electoral en donde la representatividad y participación ciudadana sólo son aparentes, pues el objetivo era (y es) conformar un Órgano Judicial servil.
Con ese tramposo proceso electivo, este año o el próximo, se designarán otras autoridades judiciales. Continuará la ilusión, el engaño. ¿Y la justicia? Seguirá siendo lo que es: un anhelo para muchos, un privilegio de pocos.
América Yujra Chambi es abogada
