AGENCIAS.- Arrinconado por denuncias de presuntos pagos irregulares recibidos de Odebrecht, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, arriesga el puesto, con un Congreso dominado por la oposición que amenaza con destituirlo.
El tema lo ve directamente la plenaria, que se ha declarado en sesión permanente, sin trámites previos. Para que eso ocurra, tienen que darse las siguientes condiciones, de acuerdo con la Constitución y el reglamento del Parlamento.
Solicitud de destitución
Una de las causales para «vacar» al presidente es la incapacidad moral para gobernar, estipulada en el artículo 113 de la Constitución, figura a la que apelaría la oposición en este caso. El pedido debe ser presentado al pleno del Congreso por al menos el 20% de los parlamentarios, en este caso, 26 de un total de 130.
Admisión a debate
Una vez presentado, la siguiente sesión sirve para admitir el pedido a debate. Se requieren el 40 por ciento de los votos, 52 legisladores, para que el fondo del tema sea discutido en el Pleno.
La defensa del mandatario
Según el artículo 89-A del reglamento del Congreso, el pedido de destitución se pone a discusión y luego se vota como mínimo tres días después de haber sido admitido a debate. Aunque el plazo puede adelantarse si los 4/5 del Pleno lo disponen, también en votación.
En esa sesión, el presidente tiene derecho a ejercer su legítima defensa, en compañía de su abogado, por una hora.
Votación calificada
Para que el presidente sea destituido, se requiere el voto favorable de dos tercios del Congreso, o sea, de 87 legisladores.
Cambio de mando
Si el presidente es destituido, el Congreso puede incluso plantear su inhabilitación ejercer cargos públicos, si así lo considera.
En caso de destitución, Kuczynski debe dejar el mando en manos de su primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Si éste declina, asume la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, actual presidenta del Consejo de Ministros. Recibirá el mandato para gobernar hasta 2021.
Nuevas elecciones
Sólo si ambos vicepresidentes declinan o no pueden asumir el puesto, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, es nombrado como jefe de Estado provisional y está obligado a convocar a elecciones.
