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El oro en Bolivia, bonanza que no brilla

Por Alfredo J. Zaconeta Torrico

La importancia del oro en nuestro país se extiende durante varios siglos; se remonta al período prehispánico y se mantuvo en la época colonial, concentrada en lo que actualmente es la provincia de Larecaja, en el departamento de La Paz. El potencial aurífero de esta zona continuó siendo un punto de atracción en la República, particularmente a inicios del siglo XX con la presencia de la Bolivian Gold Exploration (BOLGO) y posteriormente con la Compañía Minera Aramayo.

La presencia privada en la zona fue reducida tras la nacionalización de las minas en 1952 y las operaciones mineras pasaron a manos de sociedades mineras y, con mayor énfasis, a cooperativas mineras, situación que se extiende hasta nuestros días.

La riqueza de esta zona perdura en el actual Estado Plurinacional y cobra un rol protagónico en los últimos años como consecuencia del alza de precios de minerales en el mercado internacional. A partir de este fenómeno económico, la explotación, comercialización, exportación y tributación del oro, sufrieron intensificaciones, que dejan más sinsabores e interrogantes que satisfacciones. Este fenómeno merece un análisis desde los efectos en los ámbitos económicos y ambientales, en los derechos de los pueblos indígenas y su impacto en las regiones productoras.

El alza internacional de precios en las materias primas a partir de 2004 por la expansión industrial en las economías asiáticas y la especulación financiera en las ventas a futuro de minerales – particularmente del oro como reserva de valor– derivó en un proceso de intensificación de la explotación de oro en la región sudamericana; Bolivia no quedó exenta de este fenómeno.

Ese nuevo ciclo de bonanza tuvo su mejor escenario, en cuanto a cotizaciones, el año 2012, cuando la Onza Troy (OT) cotizó a $us 1.665. Posterior a eso, el escenario de precios disminuyó, pero no de forma drástica, en comparación a los precios de 2005; sin embargo, ese escenario de buenos precios vuelve a cobrar vigencia el 2020, año de la pandemia. En esa gestión, el oro marcó una cotización récord de $us 1.771 por OT. En el primer semestre de este año, el precio del oro mantiene un promedio de $us 1.800 la OT.

Pero la bonanza dorada iniciada el 2005, ¿qué impacto tuvo en Bolivia?

La explotación de oro derivó en conflictos de interés entre los diversos actores por el acceso a las rentas y áreas de explotación, pasando incluso por encima de los derechos de los pueblos indígenas. También derivó en la proliferación de la minería ilegal, el contrabando, la subvención y la especulación en el precio de los combustibles, los conflictos ambientales, la presencia ilegal de capital extranjero (chino y colombiano) e incluso el lavado de dinero.

Entre estos hechos negativos no podemos dejar de mencionar las falencias de nuestra institucionalidad registrada el 2012, cuando Bolivia, según datos oficiales, produjo 12 toneladas (T) de oro, pero se exportó 26,9 T. Un hecho similar se registró el año 2014, cuando Bolivia produjo 25 T de oro y exportó 34 T, también según fuentes oficiales. Posteriormente, estas cifras fueron modificadas; empero, quedan evidencias de las mismas en los reportes oficiales del gobierno.

Asimismo, frente a la falta de oportunidades de empleo en las regiones productoras, pobladores y extraños se insertaron en la explotación minera a través de las cooperativas mineras, particularmente de oro, en la mayoría de los casos en condiciones precarias, insalubres y sin derechos laborales.

Según cifras de la Gobernación de La Paz, el año 2010 habían registradas 459 cooperativas mineras auríferas en el departamento de La Paz; una década después, en 2020, el número de cooperativas registradas se incrementó a 1.300, donde se estima que trabajan unas 100 mil personas, aproximadamente.

El despegue en el precio del oro el 2012, trajo consigo otro fenómeno que debe apuntarse necesariamente en este análisis, el casi monopolio de las cooperativas mineras en la explotación nacional de oro. Para la gestión 2012, el valor de producción de las cooperativas mineras representó 10,2 T en volumen, que significó el 85% de la producción nacional. Este porcentaje cambió drásticamente en las siguientes gestiones, ya que entre 2013 a 2018, las cooperativas mineras pasaron a dominar el 99% de la producción nacional.

En Bolivia, la producción de oro a 2020 se concentra en el departamento de La Paz, con el 71,9% de la producción nacional, por encima de Beni que concentra el 18,9%.

El 2020, las cooperativas mineras produjeron 21,8 T de las 23,2 T producidas en el país, que representa el 94% del total de la producción nacional. Cabe anotar que en la explotación del oro, en los últimos años, la estatal Amayapampa tiene una participación mínima y la participación de la minería privada es nula.

Este casi monopolio del sector cooperativo aurífero no tiene correspondencia con su tributación. En 2020 el valor de producción del oro alcanzó a 1.263 millones de dólares y las regalías fueron de 34 millones de dólares, vale decir el 2,7%.

El problema de esta baja recaudación radica en la Ley 535, promulgada por el gobierno de Evo Morales, que tomó los parámetros fijados por la Ley 1777 de Gonzalo Sánchez de Lozada, con “techos” que no se pueden traspasar.

La Ley 1777 fijaba la alícuota de 7% para cuando el precio internacional del oro estuviera en un “techo” o superior a los $us 700 la OT, pero la cotización actual bordea los $us 1.800 la OT. Ese margen fue consolidado en la Ley 535, por el gobierno del MAS, en la que, además, las cooperativas consiguieron fijar una reducción de la alícuota a 2,5% para la producción de yacimientos marginales.

Los “techos” fijados perjudican al país porque significan pérdida para el Estado en la explotación del oro y otros minerales, que tienen fijados precios máximos y distantes a las actuales cotizaciones internacionales. Este hecho conlleva a que gobernaciones y municipios pierdan considerables recursos por la explotación de recursos naturales no renovables, especialmente en el caso del oro –por el casi monopolio de las cooperativas mineras– debido a que la tributación actual apenas alcanza a un 2,5%, menor al 7% y 5% que establecía la Ley 1777, criticada en el período neoliberal.

Para seguir el drama, un aspecto que no se debe pasar por alto son las falencias técnicas con las que operan las cooperativas mineras que, al margen de la contaminación ambiental por el uso desmedido de mercurio, también ocasionan pérdidas de regalías mineras por la mala explotación del oro.

El mayor problema técnico radica en que parte del oro explotado por las cooperativas se pierde junto a sus colas, donde se encuentra oro en tamaño muy fino, a consecuencia del excesivo caudal de agua que emplean a través de canaletas. Según datos técnicos de la gobernación de La Paz, se estima que la recuperación en el proceso es de apenas el 50%; según estimaciones, estas pérdidas sumaron en 2019 un estimado de Bs. 1.239.970.728,45, que en regalías representaría Bs. 234.674.120,00.

Con lo expuesto queda evidenciado que, en desmedro del Estado, los grandes beneficiarios son los cooperativistas auríferos, los intermediarios y las comercializadoras; ergo, urge la necesidad de replantear la actual normativa minera, particularmente del oro, por los bajos niveles de tributación que deja a las regiones mineras de La Paz y Beni, considerando que se trata de un recurso natural no renovable y que hasta hoy solo se ve traducido en contaminación ambiental y conflictividad social.

En los últimos días el gobierno anunció el Proyecto “Ley del oro de producción nacional destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales”; la medida resulta positiva, sin embargo, con esta norma solo se busca atacar a parte del problema que se vive en la explotación de oro, ya que esta se reduce a comprar un segmento de la producción nacional para sumarla a nuestras Reservas Internacionales, que actualmente ascienden a $us 4.511 millones, según fuentes oficiales.

El problema en la explotación del oro es latente y el gobierno debe aprender de sus fracasos en la Empresa Boliviana del Oro (EBO) y la Central Integral de Comercialización de Minerales de las Cooperativas Mineras (Comermin).

 

Alfredo Zaconeta Torrico es investigador del CEDLA

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