Por primera vez en 35 años de democracia, se conoció este miércoles una prueba escrita de una orden para cobrar el 10% del costo total de una obra, porcentaje denominado “diezmo” y pagado por una empresa al funcionario que “le hizo el favor” de adjudicarle la construcción.
La prueba fue presentada y difundida ayer por el diputado de la oposición, Rafael Quispe. Se trata de una carta firmada por Vicente Yucra Coronado, exalcalde de Laja y director del Fondo Indígena desde el pasado 31 de enero.
“Habiendo sostenido reuniones con su persona y con acuerdo arribados, tengo a bien autorizar se proceda a la entrega de los cheques a las empresas adjudicadas conforme a las licitaciones, adjudicaciones e invitaciones directas previo pago del 10% del total del cheque que se emite en favor de la empresa adjudicada”, señala la carta de “autorización de cobro”, dirigida a Cipriano Mamani, oficial mayor Administrativo de la Alcaldía de Laja en la gestión de Yucra (2010-2015).
Según el periódico Página 7, el aludido negó la acusación y aseguró que nunca cobró diezmos ni instruyó hacerlo. La carta data del 11 de junio de 2013 y en enero de 2014, los miembros del Control Social del gobierno municipal de Laja presentaron denuncia formal en contra de las autoridades ediles y solicitaron una auditoría al periodo 2010-2013.
Yucra fue posesionado en el cargo de Director General del Fondo de Desarrollo Indígena el 31 de enero del presente año por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, en reemplazo de Eugenio Rojas, quien asumió el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Es muy común escuchar en pasillos de los tres niveles de gobiernos sobre “los diezmos”, que consiste en el pago del 10% del costo total de una obra en favor del funcionario que hizo posible la adjudicación.
La empresa favorecida generalmente cancela ese monto sin recibo ni factura del funcionario corrupto. Si una obra cuesta Bs2.000.000; el “diezmo” es de Bs200.000.
En la última década se hizo común el término “quinciño” para denominar el 15% de comisión en favor del funcionario que “maniobra” en favor de una empresa. En la época de bonanza, según testigos vinculados a gobiernos municipales, la comisión subió al 20%.
“El diezmo” solía ser pagado a un solo servidor público, con los años comenzó a ser distribuido entre grupos de funcionarios, pero nunca había dejado factura o carta, hasta ahora.
Ningún gobierno pudo parar esta forma de corrupción tipificada como cohecho pasivo y activo por el Código Penal y castigada hasta con 6 años de cárcel.
