El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres observaron a Ricardo Soto Butrón, postulante al Consejo de la Magistratura; y aconsejaron a la comisión de preselección de candidatos considerar las dos denuncias de violencia de género que pesan contra esta persona.
En un comunicado público, recordaron que en 2013 expresaron su preocupación por la existencia de hechos de violencia de género (física y psicológica) denunciados por dos magistradas del Tribunal Agroambiental contra Soto.
“Una de las denuncias presentadas por las mencionadas magistradas fue rechazada por el Ministerio Público el 9 de diciembre de 2015, la otra llegó hasta la etapa de acusación formal del imputado, sin embargo, el proceso no avanzó más, hasta que en fecha 8 de mayo de 2017 la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca declaró extinguida la acción penal, por prescripción”, señala el pronunciamiento.
La ONU se refiere a las denuncias de las magistradas Deysi Villagómez y Gabriela Cinthia Armijo Paz contra Soto por violencia física y psicológica en 2012.
Villagómez contó que fue sufrió “un sopapo” por parte de Soto en una reunión por pedir la institucionalización de cargos.
Armijo denunció a Soto por una agresión en una reunión ordinaria del Tribunal Agroambiental. «Usó su fuerza bruta al tomar con violencia mi mano izquierda y agitarla obligándome bruscamente a soltar la grabadora que cayó”, señaló.
Soto dijo en su defensa que sus colegas magistradas pretenden callarle por su actitud crítica en los presuntos hechos de corrupción y obligarle a renunciar con «situaciones fabricadas».
El hoy postulante al Consejo de la Magistratura también fue acusado por la secretaria de Sala Plena, Rosario Balanza Lora, por acoso laboral y violencia psicológica. » (Soto) Butrón viene con diferentes hechos haciendo imposible mi vida en mi puesto de trabajo”, dijo en su declaración.
“Sería aconsejable que la instancia responsable de la preselección de candidatos para las elecciones judiciales considere los hechos descritos”, indica el comunicado de ONU Mujeres y el Alto Comisionado.
«Este tipo de casos ponen en evidencia la existencia de problemas estructurales en la administración de justicia tales como la discriminación de género, retardación de justicia, selectividad e impunidad, que afectan a todas las mujeres incluyendo a magistradas de los altos tribunales del país, los que impiden que las victimas puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia pronta y oportuna», agrega.
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Finalmente, el Alto Comisionado y ONU Mujeres recomendaron al Órgano Judicial y al Ministerio Público definir políticas para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y asegurar la investigación de los hechos de violencia de género como prioridad institucional.
