Elsner Larrazabal, presidente del Comité Cívico de Achacachi, comandó las protestas de la población achacacheñas contra el alcalde de ese municipio, Edgar Ramos, a quien acusó de tener serios indicios de corrupción.
En respuesta, el gobierno de Evo Morales lo acusó, a través de la fiscalía, de haber protagonizado un secuestro, que la supuesta víctima negó. Larrazabal estuvo detenido en la cárcel de San Pedro durante casi seis meses sin prueba alguna en su contra. El mes pasado, aprovechó un breve tiempo de “libertad” para irse del Estado Plurinacional y pedir refugio en otro país.
Larrazabal conversó con RimayPampa respeto a su autoexilio.
RimayPampa (RP): ¿Por qué se fue usted de Boliva?
Elsner Larrazabal (E.L.): Porque el gobierno, encabezado por Evo Morales, nos está persiguiendo políticamente con el uso indebido y abusivo del Ministerio Público a través del fiscal Ramiro Prieto Villegas, que después de encarcelar a 52 achacacheños fue ascendido en su cargo como coordinador de la Fiscalia Departamental de La Paz, ahora es el brazo derecho del fiscal Edwin Blanco.
RP: ¿Está refugiado en algún país o cuál su estatus?
E.L.: Solicitante aún.
RP: ¿Que pasó después que un juez dispuso su detención domiciliaria?
E.L.: El 9 de abril salí en libertad y el 10 de abril revocaron mi detención domiciliaria y eso es de conocimiento público, salió en los principales medios de comunicación.
RP: ¿Pagó la fianza solicitada?
E.L.: El juez Ángel Mendoza Montesinos, en coordinación con el fiscal Ramiro Prieto Villegas, me impuso una fianza abusiva de 20.000 bolivianos, algo irracional si lo comparamos con la principal responsable del robo millonario al Fondo Indígena (Nemesia Achacollo), a quien le impusieron una fianza de 50.000 bolivianos.
RP: ¿Canceló alguna suma de dinero al denunciante?
E.L.: Además de ser acusados falsamente (junto a Pedro Villca, otro dirigente de Achacachi), tuvimos que pagar al señor Modesto Clares 12.000 bolivianos por supuestos gastos médicos.
RP: ¿Cuáles son las razones por las cuales usted se declaró perseguido político?
E.L.: Para acallar al movimiento cívico del pueblo revolucionario de Achacachi, cuya protesta duró más de ocho meses, el gobierno decidió meternos a la cárcel a los principales dirigentes de la región. Para ese propósito nos acusó falsamente y utilizó al Ministerio Público para perseguirnos políticamente.
Luego de haber sido encarcelado injustamente durante seis meses en el penal de San Pedro, salí en libertad el 9 de abril de 2018, mi pueblo me recibió con guirnaldas en la plaza principal, pero al día siguiente, el 10 abril, revocaron mi detención domiciliaria, ordenaron a la policía para detenerme y regresarme a la cárcel. ¿No es eso persecución política?
RP: ¿Quién lo imputó y acusó sin pruebas?
E.L.: El fiscal operador del gobierno se llama Ramiro Prieto Villegas, está al mando del Fiscal Departamental, Edwin Blanco. Fue premiado con un cargo por haber encarcelado a 52 personas de mi pueblo, Achacachi; ahora es coordinador de la fiscalía departamental, brazo derecho de Blanco.
RP: ¿Quisieron extorsionarlo? ¿Cuánto dinero gastó en su defensa en todo este tiempo?
E.L.: Mi familia gastó más de 20.000 dólares en un proceso que duró siete meses y más. Puedo aseverar con claridad, después de haber vivido en carne propia, que la justicia en Bolivia ha muerto. Hay justicia sólo para quien puede pagar. En mi caso, si yo no hubiese contado con mi madre, estoy convencido que no hubiese podido salir del penal de San Pedro. Agradezco el apoyo de mi pueblo, cuya gente día a día me visitaba mientras estaba en la cárcel.
RP: ¿Cómo se explica que usted se haya ido del país y el alcalde a quien denunció por corrupción sigue en su cargo?
E.L.: En Bolivia ya no existe justicia. Mientras esté en el poder Evo Morales, ya no vale la pena vivir en Bolivia, lo digo con el dolor de mi corazón. Los que luchamos contra la corrupción somos perseguidos, y los que tienen serios indicios de corrupción como el alcalde (de Achacachi), Edgar Ramos Laura, siguen en su cargo.
El alcalde masista construyó seis letrinas con un millón de bolivianos e hizo otras obras similares con costos millonarios. Como es militante del MAS, nunca fue convocado, por lo menos a declarar, en los cuatro procesos que tiene tras sus espaldas. Por el contrario, las denuncias fueron archivadas. Se aplica la ley del embudo en nuestro país, amplia para algunos y angosta para otros. En el caso del alcalde de Cochabamba (José María Leyes) actuaron rápido, pero en el caso del alcalde masista de Achacachi, no hicieron nada, por el contrario, lo encubrieron.
En su momento, los operadores de justicia que metieron a la cárcel a 52 ciudadanos del pueblo digno de Achacachi tendrán que responder. Fue nefasto. Ni en la época de neoliberales ni en la época de la dictadura, ni en tiempos de la derecha encarcelaron a tanta gente inocente de Achacachi.
Jamás hubo tanta injusticia con un pueblo tan noble. Se supone que este es un gobierno indígena, presidido por un presidente indígena, y es ese indígena que metió a 52 achacacheños al peor lugar del mundo: la cárcel. Evo Morales tendrá que responder asimismo a la historia y a mi gente por las injusticias vividas.
