El abogado Eduardo León informó hoy que gastó alrededor de 28 mil dólares en su defensa, fianza económica y alimentación en la cárcel de San Pedro de La Paz, la cual abandonará estos días después que un juez dictó la cesación de detención preventiva en ese penal y fijo detención domiciliaria.
El exabogado de Gabriela Zapata fue acusado de falsificar su Libreta de Servicio Militar con la que obtuvo su título de abogado. El Ministerio Público lo imputó por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y conducta antieconómica. Un juez ordenó su detención en San Pedro el 1 de junio de 2016.
León explicó que usó casi todos sus “ahorros de emergencia” en este lapso que permaneció en la cárcel y afirmó que perdió por ahora la posibilidad de adquirir un bien inmueble para su familia.
“A la suma de 15 mil dólares que gasté entre fotocopias, viajes y todo tipo de acciones que se presentaron, sumo los 12 mil dólares de la fianza económica que se pagó dentro del proceso de trata y tráfico (de personas)”, dijo el abogado.
Además del supuesto delito de falsedad material, la Fiscalía lo acusó de haber participado en la suplantación del supuesto hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata. En este proceso, León se benefició con detención domiciliaria, pero no logró conseguir la asignación de un custodio policial pese a haber pagado la fianza de Bs 80.000 y tramitado su arraigo.
León añadió a los 27 mil dólares que describió la suma de 5 mil bolivianos que gastó en comida en el penal de San Pedro. “El pago diario por alimentación subía al triple cada vez que venían a almorzar conmigo mis dos hijas y mi esposa”, declaró y explicó que no podía comer el “rancho general” de San Pedro debido a que padece gastritis crónica y requiere comida adecuada.
“Mi familia ha estado viviendo del ahorro de emergencia y del trabajo que realizó mi esposa como una fuente adicional. Hemos sufrido una merma (económica) considerable. En este tiempo no he producido ni un centavo, el Estado Plurinacional me arrebató mi título y (por tanto) mi profesión de abogado”, comentó.
Los ministerios de Educación y Justicia anularon el 30 de mayo su título académico de abogado y la matrícula de registro, respectivamente.
Más que el daño económico, a León le preocupa el daño emocional que sufrieron sus hijas, su esposa y su persona. “Mi hija menor de apenas 8 años vivió conmigo en el penal, jamás voy a poder olvidar eso”, declaró.
Indicó que el daño emocional no tiene reparo y agregó que su familia está “bajo terapia de un instituto contra la tortura”.
