La OEA aprueba resolución para activar la Carta Democrática contra Maduro

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La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy una resolución para activar la Carta Democrática contra Venezuela, cuya consecuencia puede ser la suspensión del país como miembro del bloque hemisférico. Esta decisión tiene el objetivo de aumentar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

Según la información difundida hoy por la OEA, la resolución fue aprobada con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, en la cuarta sesión plenaria de la 48º Asamblea General que se realiza en Washington.

«Aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21», señala el punto 10 de la resolución.


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El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó la decisión de la OEA y adelantó que «se enfrentará junto al pueblo venezolano a los desafíos y problemas, así como a la injerencia» de los países en cuestión.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que «no se trata de injerencia alguna», sino de cumplir con la Carta Democrática Interamericana. «Se pacta libremente, pero se obliga al pacto», dijo al final de la sesión de la sesión.

«Declarar que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático», afirma el punto 1 de la resolución.

La OEA reiteró que ha ocurrido una «alteración inconstitucional del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela» y urgió «al Gobierno de Venezuela a dar pasos para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, el Estado de Derecho y las garantías y libertades de la población».

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