El extraño caso de un concejal cuya esposa denunció en la Fiscalía violencia y él desconoce

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La señora Di Lisley Verástegui Harem, de 37 años, se presentó el 20 de marzo de 2017 ante la Fiscalía para denunciar que fue agredida físicamente en vía pública, según consta en un informe forense. Pero, extrañamente, en los documentos de la fiscalía no aparece el nombre del agresor, que según la víctima, fue su esposo.
Aquella noche, el fiscal Ángel Flores Orihuela emitió un requerimiento para realizar un examen médico forense a la denunciante. En la parte inferior de este papel dice que la señora refirió “haber sido víctima de agresión física por parte de su concubina (sic)”. Pero, no identifica al concubino.
El esposo es el Concejal del MAS en la Alcaldía de La Paz, Jorge Silva, quién ante la consulta de Rimay Pampa sobre este certificado forense dijo que desconoce el caso.
Un documento oficial establece que el médico Edgar Santiago Gisbert Monzón procedió al reconocimiento médico de la paciente D.L.V.H. “a las 02:07 horas del 21/03/2017”.
En los antecedentes del hecho del Certificado Médico Forense, Gisbert escribió: “según manifiesta la examinada, fue víctima de agresión en fecha 20/03/2017, a horas 22.15. AGRESIÓN en vía pública. Indica que el agresor fue Esposa (o). AGRESIÓN FÍSICA por su esposo, refiere golpes en cabeza, rostro y patadas en piernas”. En este documento tampoco se registró el nombre del esposo.
En la parte de conclusiones, el médico registró: “contusa, contusión de cráneo, rostro y extremidades”. Luego, recomendó valoración por medicina y odontología en centro médico del sistema público. El finalizó señalando “ocho días de incapacidad médico legal” para la paciente.

La versión de Jorge Silva

Este extraño caso se conoció el pasado 10 de mayo. Ese mismo día, RimayPampa se contactó con Jorge Silva para conocer su versión.
“Primero que son fotocopias de documentos, que por las instancias correspondientes voy a verificar su autenticidad”, respondió Silva.
“Segundo, ninguno de los documentos se constituyen en una denuncia contra mi persona. Sin embargo, voy a recurrir ante el ministerio público por delitos de calumnia e injurias de que la fui objeto por parte de concejales de Sol.Bo sobre hechos que desconozco”, agregó.
Cierto, el nombre de Silva no aparece en ninguno de esos papeles.
¿Es su esposa la que figura en el documento?, preguntó RimayPampa.
“Sí, es mi esposa y nuestra relación es normal como cualquier otra pareja; como todos los días almorzamos hoy, y conversamos este tema, sobre la cual coincidimos que es una taque político”, indicó el concejal del MAS.
Para Silva, esta denuncia es un invento que viene de las filas de Sol.Bo, partido oficialista en el Concejo Municipal de La Paz.
“Me inventaron tema azúcar, luego dijeron que mi esposa tiene una gasolinera, luego de nepotismo con dos funcionarios indicando que eran mis sobrinos. Tengo hijos que merecen consideración porque son niños, pero es un constante ataque”, indicó.
El 12 de mayo, es decir, dos días después que se conoció este caso, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del Ministerio Público informó que el certificado forense otorgado a la esposa de Jorge Silva es auténtico.
RimpayPampa volvió a buscar al Concejal Silva para conocer su versión sobre este caso en el que su esposa pide una valoración médica en la Fiscalía por una agresión física e identifica como agresor a su esposo.
Su esposo esta vez respondió del siguiente modo: “Al respecto, ella está viendo con su abogada la Dra. Paola Barriga las acciones legales contra todos los (que) están haciendo violencia mediática y privacidad sobre un hecho que responde a otra realidad”.
¿Sabía del certificado forense?, interrogó RimayPampa
“Sí”, respondió Silva.
¿Por qué su esposa requirió ese certificado? ¿Quién agredió a su esposa?, insistió este medio.
……………………….. (ya no hubo respuesta)
Este extraño caso, que viajó en un sobre manila y fue remitido por un anónimo, se conoció hace 8 días y hasta la fecha la esposa de Silva no se pronunció públicamente ni para ratificar o desmentir su denuncia del pasado 20 de marzo de 2017. Tampoco se sabe por qué la Fiscalia no procedió de oficio en este caso como establece la norma.
RimayPampa trató este tema en el marco del artículo 23 de la Ley 348 que obliga a los medios de comunicación “a difundir informaciones relativas a la violencia contra las mujeres de forma objetiva, precautelando la defensa de su autonomía, libertad, dignidad, privacidad y derechos, de sus hijas e hijos, restringiendo toda exposición gráfica que constituya humillación, exposición pública y/o degradante”.

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