La Defensoría del Pueblo entregó entre el lunes y martes memorándums de despido al 80% de los empleados de planta, informaron tres fuentes vinculadas a esta institución. “Waldo Albarracín respetó a los funcionarios de carrera; Rolando Villena, también; David Tezanos Pinto no respetó nada”, señaló una de las fuentes. El Defensor del Pueblo reconoció a ANF que existe una reestructuración en curso.
Según fuentes consultadas por Rimay Pampa, había 119 funcionarios de carrera, de los cuáles fueron echados 100, de este total, 60 son de la oficina central de La Paz. “Había 115 consultores, con ellos rescindieron contratos”, indicó otra fuente que pidió no revelar su nombre por temor a represalias.
Un comunicado que circuló hoy denuncia que los despedidos son más de 120 empleados de carrera, registrados en el Servicio Civil por lo que, se supone, gozan de inamovilidad.
“Se sabe que la necesidad de copar todas las instancias públicas y la promesa de cargos para gente afín al partido de gobierno, se ha hecho esta medida, sin respetar la experiencia, el tino y el compromiso equilibrado, transparente e incondicional que el personal de esta institución ha mostrado a lo largo de estos 17 años de funcionamiento”, señala el comunicado.
Tezanos Pinto dijo a ANF que algunas personas decidieron renunciar a los cargos de confianza, como los defensores adjuntos y las representaciones departamentales, pero reconoció que también se rescindieron contratos con algunos funcionarios.
“Revisando los argumentos de la “reestructuración” se puede ver que solamente se han cambiado los nombres a los cargos, siendo las funciones las mismas, lo cual es abiertamente inconstitucional puesto que se debe respetar la inamovilidad de las personas”, indica el comunicado difundido.
Dos fuentes indicaron que algunos empleados estaban en la Defensoría del Pueblo desde hace 17 años. “Entraron con Ana María Romero de Campero, la primera Defensora del Pueblo, ahora han sido despedidos, no les ha servido ni su experiencia ni las excelentes calificaciones que tenían”, dijeron.
En Santa Cruz de la Sierra había 7 empleados de carrera y un consultor, fueron echados todos y quedaron 400 quejas sin ser resueltas.
Los trabajadores de planta son pagados con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), el resto con dinero de la cooperación internacional.
