El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) convocó a un plantón para este miércoles a las 11:00 en la Plaza Avaroa de La Paz y emplazó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a “señalar públicamente si están con la democracia o contra ella”.
“El TSE no puede guardar un SILENCIO CÓMPLICE con aquellas personas, que pretenden vulnerar la voluntad popular, la Constitución Política del Estado, la democracia y los mismos derechos humanos”, indica un manifiesto del Conade, difundido ayer.
El 21 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo Electoral organizó un referéndum para preguntar a los bolivianos lo siguiente: ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?
La mayoría de los bolivianos y las bolivianas respondió que NO. “Incumplimiento de obligaciones es permitir que se vulnere el carácter vinculante de una consulta popular, que expresa la esencia de la democracia directa y participativa”, señala Conade.
Morales y García acudieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para desconocer la voluntad popular expresada el 21 de febrero de 2016 y lograron que los magistrados de esa instancia digan que el Presidente y Vicepresidente tienen el “derecho humano” de ser reelectos de por vida.
“El Tribunal Supremo Electoral debe señalar públicamente si está con la democracia o contra ella. Por nuestra parte, manifestar que la defensa de la voluntad del pueblo es inclaudicable, innegociable y a viva voz”, subraya Conade.
Los vocales del TSE son: Katia Verónica Uriona Gamarra, José Luis Exeni Rodríguez, María Eugenia Choque Quispe, Antonio José Iván Costas Sitic, Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamani Romero, Carmen Dunia Sandóval Arenas.
El Conade dijo, además, que el acto de protesta del miércoles no estará aislado de situaciones violentas y vulneradoras de derechos que se vienen implementando desde el gobierno y desde el Estado, “destinados a criminalizar la protesta social y a violar derechos humanos”.
