El presidente Evo Morales quiere periodistas anticapitalistas. También sugirió una ley anti-mentira. En el primer caso, significa meterse en la libertad de conciencia, de pensamiento, espacios preservados no sólo por el derecho positivo, sino por el derecho natural. Morales debe saber que el ama sua (no seas ladrón) no sólo se refiere a los bienes materiales, sino también a los espirituales. Y al plantear uniformizar la ideología por decreto, está buscando robar lo más valioso que tiene el ser humano: su libertad de pensamiento, que es el cimiento de su libertad de expresión y de sus derechos a la información y a la comunicación. Propone cometer un robo a la conciencia y, lo más grave, atentar contra el motor de la historia: la contradicción. Sólo la lucha de contrarios desarrolla el avance de la humanidad; prueba de ello es que el capitalismo es la madre del socialismo; y el neoliberalismo que tanto detesta parió a su gobierno. Pero, al margen de estas consideraciones, uno puede abrazar la ideología que le dé la gana; el único límite ético debe ser el bienestar del ser humano.
En este mismo sentido dialéctico, en el segundo caso, la mentira da nacimiento a la verdad, ésta sería inexplicable sin aquella. Y la mayor virtud de la libertad de expresión es precisamente su falibilidad, lo que quiere decir que la verdad, entendida como la adecuación entre el intelecto y la realidad, está en permanente proceso de construcción. Entonces ¿se puede prohibir la mentira a través de una ley? Sería como penalizar el adulterio y convertirlo en un delito. Imagínense cuántos políticos irían a la cárcel por haber faltado a la verdad, empezando por el Presidente Morales, quien llamó nacionalización a la readecuación de contratos que hizo con las transnacionales petroleras para enmarcarlo en la Ley de Hidrocarburos que aprobó el “neoliberal” Hormando Vaca Diez. Esto no significa que los periodistas tengan carta blanca para mentir, pero no pueden ser amenazados por un gobierno que si bien tiene el 64 por ciento de respaldo popular, pero, no la verdad absoluta. Las mentiras se juzgan en los tribunales de honor y cuando salen de ese marco van a los tribunales de imprenta y finalmente a la justicia ordinaria. Ahí están las leyes, sólo tienen que utilizarlas.
El Jefe del Estado también dijo que “hay que educar a los periodistas”. Morales confunde la educación con adoctrinamiento, con la uniformización de pensamientos y homogeneización de ideologías. Todavía cree que la letra entra con sangre. Eso está bien para los “soldados de cambio” porque la base de su conducta es la “subordinación y constancia”, por eso son soldados, uniformados; acatan, no discuten. Pero para los seres pensantes del cambio, la educación tiene el objetivo de constituir personas con pensamiento crítico, capaces de decidir su destino y su vida por sí mismas y ejercer su libertad como un complemento de otras libertades, derechos y deberes, que comprendan el proceso de cambio como un proceso de la historia y no como un invento del MAS o de Evo Morales.
Al coro se sumó el vocero Iván Canelas al sugerir no abusar del secreto de imprenta, sólo porque su líder espiritual se quejó de un periodista que un día desinformó diciendo que su persona había sufrido un desmayo. Grave error de ese periodista, condenable si fue verdad la mentira, no le creeremos más a partir de ahora, y como público le retiramos las credenciales de credibilidad y aconsejamos al afectado acudir a los tribunales correspondientes. Pero vale la pena reflexionar sobre este valor universal del periodismo que reconoce en el secreto de fuente una garantía para el derecho a la información de la sociedad.
El secreto profesional del periodista es un deber y un derecho, tal y como estableció en 1973 el Consejo de Europa. “Derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información a su empleador, a los terceros o a las autoridades públicas o judiciales” y “deber del periodista a no revelar públicamente las fuentes de las informaciones recibidas en confidencia”, dice la declaración de esa instancia.
El profesor de Derecho a la Información de la Universidad de Complutense de Madrid, Teodoro Gonzales Ballesteros, asegura que el secreto de fuente es algo inherente a la información libre y veraz, en virtud del derecho a la información que constitucionalmente disfrutamos todos. Manuel Jaen, otro jurista, escribe que es una garantía del adecuado ejercicio de la libertad de expresión. Se suscribe a estos puntos de vista, Enrique Ruiz Vadillo, quien además señala que es una garantía de la independencia e inviolabilidad del periodista frente a su propia empresa y frente a los poderes públicos.
El constitucionalista Luis Escóbar de la Serna dice que el secreto profesional del periodista es un derecho que permite un cumplimiento de un deber que, a su vez, forma parte del deber troncal de informar a la comunidad. Vale decir, gracias a este derecho, los periodistas, en muchos casos, cumplen su obligación de informar a un bien superior: la sociedad.
El secreto de fuente, a diferencia de los profesionales abogados, sacerdotes y psicólogos, obliga al periodista a revelar el contenido, pero no la fuente. Puede decir qué dijo, pero no quien lo dijo para evitar que la “fuente revelada sea fuente cegada” o “matar al mensajero”. Callar es lo mismo que mentir (Luis Espinal), por tanto, vale más el QUÉ, antes que el QUIÉN, así no esté en riesgo la vida de éste. Una eventual persecución a las fuentes interesadas en revelar la verdad (QUÉ) sería un atentado contra el derecho a la información porque el miedo a la sanción los callaría para siempre y reinaría la mentira.
Para los periodistas que han ejercido la profesión y no se han dedicado al sindicalismo como forma de vida y a la vocería como falaz existencia profesional, el secreto de fuente conduce a la verdad y garantiza el derecho a la información de socialistas, capitalistas, liberales, neoliberales arrepentidos, indigenistas, etc.
PD.- Tiene razón Iván Canelas, vocero presidencial; no sugiere (al menos en la declaración que envío a la Red Erbol) anular el secreto de imprenta. Por ello, pido disculpas. Sin embargo, todo texto tiene contexto; en ese sentido, la declaración de Canelas se produce en un ambiente de euforia de poder que refleja una constelación casi divina de personajes del gobierno del MAS.
Es cierto, los periodistas debemos actuar con responsabilidad en el ejercicio de nuestra profesión. Pero, Iván, prefiero el exceso de palabra al exceso de poder porque el primero siempre generará responsabilidades ulteriores y la persona inculpada puede ser procesada en un tribunal de imprenta o en un tribunal ordinario, tal y como establecen nuestras normas; en cambio el segundo corta la lengua, corta el pensamiento impunemente y puede condenar a toda una sociedad a un silencio de cementerio.
