Por: Andrés Gomez Vela*
En los últimos días de noviembre, oí a Roberto Mérida, exjuez del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, ratificar su injusta sentencia contra el médico Jhiery Fernández. De sus declaraciones en ATB, concluí que no conoce a Aristóteles, menos a Chaïm Perelman ni a Lucie Olbrechts-Tyteca, pues, sus respuestas transmitían solo palabras porque aprendió a hablar de niño, pero no razones porque no aprendió a argumentar de adulto.
Pensé que Mérida y sus excolegas Patricia Pacajes y Gladys Gerrero ya habían sido procesados por haber sentenciado a 20 años de cárcel a un inocente. El prevaricato (artículo 173 del Código Penal vigente) fue confesado por Pacajes en una farra. Pero, por lo visto, para el Ministerio Público el tiempo de una vida vale menos que la democracia para un masista.
Recién me enteré que sentenciaron a Pacajes por haber quebrado la reserva del caso Alexander y no por haber violado derechos humanos, tampoco por haber robado cuatro años de vida y menos por haber infringido un daño psicológico y económico a un ciudadano inocente y a su familia.
Para vergüenza de la intelligentsia jurídica, Mérida y Guerrero sólo fueron destituidos y no juzgados por haber cometido esa injusticia del tamaño del universo.
Para completar el cuadro de la ignominia social en este caso, los exfiscales Edwin Blanco y Susana Boyan pasean su impunidad por las calles. La maldad cometida por estos dos exfuncionarios es imperdonable porque condenaron a muerte lenta a un inocente al imputarlo y acusarlo de violación sin siquiera indicios. Fueron tan perversos que no tomaron en cuenta la declaración de la enfermera Lola Rodríguez, testigo principal del caso Alexander, que aseguró que Fernández no tocó ni vio al bebé Alexander aquella noche. Su mente protervia los indujo a esconder las pruebas científicas.
A diferencia de Mérida, pienso que Blanco y Boyan estudiaron lógica, pero su sumisión al poder de turno inutilizó sus conocimientos. Ambos sabían que no había siquiera indicios contra su víctima, mas fueron tan inhumanos que en lugar de sobreseer a Fernández prefirieron descargar sobre éste el garrote de la muerte civil que si no hubiera sido por la prensa, el inocente hubiera estado vegetando, en este momento, en la ultratumba del olvido.
Otro funcionario que debería figurar el cuadro del desprecio social es Orlando Rojas Alcón, Juez Octavo de Instrucción Penal de La Paz. ¿Por qué? Por haber encarcelado a otro inocente, Franclin Gutiérrez, presidente de la Asociación de Productores de Coca de yungas.
Rojas no merece ocupar tan digno cargo porque no tiene la suficiente honra como para ser respetado por el poder, no tiene huevos como para resistir la presión de un político y no tiene conocimientos como para defender los derechos de los inocentes. Su mayor mérito fue haber sido sumiso a los exgobernantes. ¿Pruebas? Apenas los masistas huyeron, él mismo liberó al inocente que encarceló y le acortó un año y dos meses de vida.
Por si acaso, Rojas fue reincidente. Encarceló a otro dirigente cocalero, Sergio Pampa, sin indicio más que la orden del exministro de Gobierno Carlos Romero.
Los “jueces” espoliques, como Rojas, proceden en complicidad con fiscales también lacayos del poder. En el caso de Gutiérrez actuaron Alexis Vilela, Omar Mejillones, Janeth Usnayo, Mario Mamani, Wilson Medrano y Carlos Mariaca. De todos ellos, sólo Mariaca tuvo la dignidad de negarse a la injusticia y revelar que no había pruebas para acusar formalmente a Gutiérrez.
Sin embargo, el fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, persistió en el dolo, siguió incumpliendo sus deberes y lapidando a un inocente. En justa consecuencia, no merece ser fiscal.
Rojas y los fiscales que encarcelaron a Gutiérrez y Pampa servían al masismo y no a la ley. Sí. ¿Prueba? Apenas cayó el gobierno que los benefició con el cargo, liberaron a sus víctimas.
Este tipo funcionarios que ocupan cargos en los tribunales es una patología de la justicia. Como sociedad, debemos negarnos a darles la responsabilidad de administrar la libertad de la gente. Por ello, los invito a empezar una cruzada para tener fiscales y jueces de real valía, honorables, inteligentes y capaces de ir más allá de la ley cuando ésta limita la justicia. Hecho y derecho.
*Andrés Gómez Vela es periodista
