Por: Williams Bascopé Laruta
La oficina central de la avenida Camacho del Banco Unión en la ciudad de La Paz se encontraba repleta de usuarios reclamando poder disponer su dinero.
Ninguna autoridad se ha manifestado hasta ahora, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) como siempre guarda un silencio cómplice y no saca ningún comunicado
La prensa está siendo distraída con otras noticias y ningún medio de comunicación ha podido indagar e informar al respecto y parece que este problema es a nivel nacional, eso manifestó una funcionaria del Banco al momento de recibir el reclamo de una cliente.
Todo esto es muy extraño y sospechoso, algo sucede en esa institución financiera que es estatal; es decir, de todos los bolivianos. Por eso alguien debe responder a esto.
La normativa del sector financiero expresa claramente que los fondos de ahorros son de propiedad privada de los ahorristas, además que la misma Constitución reconoce esa condición.
Cuanta gente debe cumplir con sus obligaciones a comienzo de mes o debe pagar pensiones escolares o peor aún, pagar algún servicio médico de emergencia y se encuentra que no puede retirar su dinero porque al Banco Unión se le cayó el sistema.
En estas circunstancias; ¿quién responde al ahorrista los daños que se le ocasiona? ¿dónde está la ASFI?, que con su silencio se convierte en cómplice y desnuda su falta de seriedad y denota su pobre institucionalidad porque ahora está tomada por gente simpatizante del gobierno y sin méritos para esos cargos.
Donde este el Ministro de Economía, que se ufana y jacta de dicho Banco indicando que es seguro cuando se tiene descubierto más de dos desfalcos.
¿Dónde esta algún Diputado o Senador que cuestione esto?
¿Nadie dice nada…?
Sigamos callando… y pronto serán otras cosas y tarde será cuando nos encontremos que nuestra propiedad privada y nuestro patrimonio aparezca a favor de pillos y canallas.
Libres y dignos…¡¡ tenemos todo el derecho a sospechar de un gobierno que es igual de corrupto como los del ayer.
Ciudadano de a pie.
Opinión al amparo del Art. 21 de la Constitución que protege la libertad de pensamiento, palabra y opinión.
