Roger Carvajal – ¿Es la universidad pública una entidad estratégica del Estado?

Recientes acontecimientos permiten advertir con preocupación la crisis que afecta a la universidad pública, misma que, más allá de las insuficiencias derivadas de su funcionamiento y estructura, tiene que ver con el papel que cumple esta entidad, –financiada por el conjunto de los habitantes de este país– en el bienestar de la sociedad y en el avance y modernización del Estado, tal como lo establece su misión, siempre que ésta no sea solo una pulsión declarativa y voluntarista. En ese orden, corresponde analizar la relación entre la universidad y el Estado (gobierno-sociedad) para formular una salida condicente con los tiempos actuales y las perspectivas de un futuro cercano.

La universidad pública, como parte de la estructura del Estado, desde su origen ha estado relacionada y comprometida con los cambios en la sociedad y en los gobiernos. Esta actividad ha tenido diferentes matices, los cuales se relacionan con las variantes en la concepción sobre el papel y la misión de la universidad que tiene la propia institución, en cada espacio y en el tiempo.

De manera general, se puede establecer la existencia de dos grandes definiciones de universidad relacionadas con la concepción de su misión. Por un lado, está la definición clásica según la cual “la universidad es un establecimiento de enseñanza superior que se dedica a la formación de profesionales en todas las ramas del saber: ciencias, letras, artes y leyes; se divide en facultades, carreras, escuelas, instituto (…)”. Por otro, la definición más reciente establece que “la universidad Pública, dentro de un Estado, es la entidad encargada de la gestión del conocimiento (científico, tecnológico y humanístico), hecho que incluye su transmisión, generación, asimilación crítica, y su aplicación en la solución de problemas, formulación de políticas y actividades conexas”.

Bajo esta última acepción, cobra valor el papel del conocimiento como herramienta para el funcionamiento y el avance de un Estado, en todas sus dimensiones y actividades, por lo que su gestión se convierte en un elemento estratégico para el desarrollo, independientemente de cuál sea la concepción que sobre éste se tenga.

Efectivamente, en la actualidad se reconoce ampliamente el papel del conocimiento en el desarrollo económico, cultural, social y ambiental de cualquier nación o región; la correlación positiva entre desarrollo y avance científico-técnico, en todos los países del planeta es la mayor demostración de su evidencia.

Sin embargo, en muchos países la relación interactiva y bi-direccional: conocimiento-desarrollo, no es algo que sea suficientemente valorado en las instituciones del Estado y ni siquiera en la misma universidad. Ante esto, corresponde, por un lado, caracterizar suficientemente esta relación en cada caso y, por otro, establecer cuáles son las posibilidades y mecanismos para que esta relación tenga el efecto adecuado en los planes y políticas de Estado que se pergeñen en cualquier tiempo y por cualquier gobierno.

En el marco de lo antedicho, si la relación Estado-universidad gira en torno a este hecho (el conocimiento incide en el desarrollo), será importante, en primer término, visualizar de manera general y esquemática, cómo la universidad en Bolivia realiza el proceso de gestión de conocimiento, al menos en teoría.

La actividad que es mayoritaria, en términos de consumo de la energía académica, de recursos financieros y de infraestructura, es sin duda la de la transmisión de conocimiento en la formación y capacitación de profesionales, científicos y tecnólogos que se realizan en el pregrado y en el posgrado, actividad denominada genéricamente como enseñanza.

El aporte de este producto al Estado es evidente en términos cuantitativos (miles de licenciados y cientos de posgraduados cada año), aunque en términos cualitativos existen variaciones muy grandes que dependen del desempeño de cada unidad o dependencia académica; las conocidas insuficiencias en los contenidos, en los procesos pedagógicos y en la actualización impiden una valoración homogénea en este rubro, más aún si las concepciones de la enseñanza como proceso unidireccional, unidisciplinario y de acumulación memorística, aún son dominantes en el conjunto de la comunidad docente de las entidades de transferencia de conocimiento.

Por lo demás, está claro que la visión unidisciplinaria y la falta de una visión prospectiva que, con base en la previsión de los escenarios del futuro, ha determinado que difícilmente se formule y planifique una oferta académica más diversificada y actualizada en opciones (carreras) y contenidos. Esto ha conducido a que los profesionales que se entregan como producto del proceso académico no tengan como herramienta un pensamiento transformador-innovador y menos un enfoque integral que con base en el trabajo interdisciplinario conduzca a enfrentar la complejidad de la realidad emergente.

Asimismo, en este proceso no se considera que los educandos de hoy ejercerán su profesión dentro de 10 o 15 años, por lo que, en muchos casos, reciben contenidos educativos de cuando el docente estudiaba o, como mucho, del material que se está utilizando en tiempos recientes, no necesariamente en contextos actualizados. Tal situación deriva en gran medida del evidente hecho de que la mayoría de los docentes no están vinculados a la investigación, actividad que obliga a explorar escenarios de la realidad en diferentes tiempos y contextos.

Tampoco en el posgrado se puede advertir la formación sistemática de sujetos transformadores de la realidad. Si bien la oferta es cada vez más florida, es fácil advertir que los posgraduados, independientemente del nivel, son en general agentes de reproducción de la realidad ya que, principalmente en los posgrados llamados comerciales (que los habilitan con su diploma o título a empleos de demanda inmediata), no se observa la asunción de la tan requerida visión interdisciplinaria y sistémica, aceptados instrumentos de transformación de la realidad cuando el insumo mayor es el conocimiento.

Aún en los posgrados científicos, en los que las tesis deben ser necesariamente aportes al conocimiento universal, particularmente en los niveles de doctorado, tal capacidad transformadora-innovadora no se aprecia en parte significativa de los casos, precisamente por la carencia de ese enfoque sistémico e integral para formular soluciones que enfrenten la realidad compleja.

No de otra manera se explica –a modo de ejemplo– el hecho de que muchos de ellos se incorporan a los llamados sistemas (de salud, de educación, de producción, de ciencia y tecnología) sin tener una concepción cabal de lo que es y cómo funciona un sistema.

De ahí que dichos “sistemas” sigan sin ser tales; su estructura y funcionamiento se reproducen no obstante la incorporación de nuevos profesionales y posgraduados de diferentes áreas, favoreciendo así el retraso y el letargo de las entidades del Estado y de la sociedad en su conjunto; con débil la capacidad institucional para formular estrategias y políticas basadas en el conocimiento.

Por tanto, dichas políticas y decisiones siguen siendo diseñadas y tomadas en función de los intereses de los grupos de poder. En resumen, el recurso intelectual que entrega la universidad al Estado (gobierno y sociedad), no se constituye aún en un aporte significativo que, por la diversidad de la oferta o por la carga de conocimientos y visión integral de los problemas, transforme la realidad y permita asegurar el cumplimiento o la formulación de los planes estratégicos del Estado.

La aplicación de conocimientos científico-técnicos (nuevos o asimilados) que realizan institutos y carreras en la resolución de problemas locales, en forma de: servicios, apoyo a las comunidades, empresas o personas, transferencia de tecnología al sector productivo, ambiental o social (salud, alimentación, organización y funcionamiento de entidades), actividades de difusión/ divulgación etcétera, se concibe como interacción social, antiguamente denominada extensión universitaria.

Es un conjunto de aportes (cerca de 2000, en 15 rubros diferentes, en el caso de San Andrés) que la universidad de manera puntual ejecuta en su vínculo con su entorno siendo beneficiarios las personas, comunidades, empresas, ONG, instituciones del Estado nacional o sub-nacional y otros. No obstante que esta actividad es de significativa magnitud y diversidad, es poco visibilizada, aun en el seno de la propia universidad, por la inexistencia de estrategias comunicacionales que muestren este importante quehacer. Su impacto en la transformación de la realidad aún no está adecuadamente valorado ni evaluado.

La generación de conocimiento nuevo, así como la asimilación crítica del conocimiento existente, esto es, la investigación y la validación/sistematización, son actividades realizadas mayormente en los institutos y programas de posgrado en ciencias, tecnología o humanidades, aunque recientemente las carreras a nivel de cátedra también han mostrado productividad fundamentalmente en lo que se ha llamado investigación recreativa.

Se pueden identificar al menos cinco propósitos para estas actividades: 1.El conocimiento científico de la realidad social o natural; 2. La construcción de las bases teóricas y prácticas necesarias para la formulación de soluciones a los problemas locales o mundiales; 3. La generación y desarrollo de nuevos o mejores productos, procesos o instrumentos (innovación) en el ámbito de la producción, de la administración o del desarrollo social; y 4.La construcción de una cultura del conocimiento en el ámbito social.

Independientemente de lo anterior, gran parte del conocimiento generado o sistematizado termina en artículos de revistas, libros, informes, tesis y otros documentos, que a su vez terminan en bibliotecas o registros informatizados que en mayormente acaba siendo solo números para las estadísticas o los indicadores de ciencia y tecnología, con beneficio solo para el curriculum vitae de los autores o el puntaje en su calificación docente.

Este conjunto de actividades ha tenido una orientación distinta en diferentes épocas. Se han dado circunstancias y condiciones históricas que han conducido a que el quehacer universitario se encamine en diferentes rutas las cuales se vincularon a las tendencias ideológicas que dominaban en cada ámbito y época, tendencias que, a su vez, son expresión de la situación dominante en cada país y en el mundo.

De acuerdo con esto, se pueden reconocer al menos tres tendencias dominantes en épocas recientes, las mismas que, por diferentes mecanismos, también marcan la relación con el Estado. En la tabla 1 se muestran las diferencias entre estas grandes tendencias recientes que han configurado diferentes modelos de universidad en respuesta a su entorno: la universidad revolucionaria de los años 60 al 80, la universidad que respondía a las tendencias neoliberales dominantes en los años 80 al 2000 y la que se pretende actualmente, que responda críticamente a los cambios sociales y a las necesidades de desarrollo basadas en el conocimiento, para asegurar la sostenibilidad de dicho proceso, más allá del concepto que cada gobierno y la misma sociedad tenga del mismo.

En este orden, queda claro que para lograr estos propositos es de vital importancia que la universidad asuma el papel de constituirse en una entidad estratégica del Estado. En este hecho puede plasmarse, por un lado, la reconfiguracion de la dinamica universitaria vinculada a sus necesidades de transformación y, por otro, la conformación de un mecanismo idoneo y actual de respuesta estructurada a la demanda social y de contribución al desarrollo del país.

Para el efecto, será indispensable caracterizar lo que viene a ser una entidad estratégica en el Estado. De acuerdo a los conceptos base (estrategia, Estado, superestructura, instituciones, ideología, etcétera), podría entenderse como aquella entidad pública que, siendo parte del Estado, desarrolla actividades que se constituyen en mecanismos fundamentales para el cumplimiento de los planes estratégicos del mismo y, a su vez, cuenta con elementos, mecanismos y dispositivos que son la base para contribuir a formular los planes, programas y políticas públicas destinadas al cumplimiento de lo que en la CPE es el PGD, en el caso de Bolivia.

En esa línea de pensamiento, puede entonces asentarse como un componente crítico de la estructura del Estado para la planificación en el nivel nacional y sub-nacional (eventualmente supranacional). En el caso de la universidad como institución encargada de la gestión de conocimiento, queda claro que, de asumir este papel, incidirá de manera determinante en la participación activa tanto en el diseño del modelo de desarrollo como en la formulación del plan general y las políticas, para su puesta en marcha.

En este cometido, será importante asentar que será difícil concebir a la universidad asumiendo pasivamente las políticas ya establecidas sin ser sometidas a un escudriñaje de pertinencia técnico-científica. En esta relación, la formulación de alternativas al estatismo exacerbado, al extractivismo depredador, a la producción ambientalmente no sostenible, o de estrategias para modificar el funcionamiento de los sistemas judicial, de salud, de educación, productivo, tendrán que ser el aporte que utilice como insumo mayor el conocimiento y no los intereses de los grupos de poder.

Roger Carvajal es investigador emerito de la UMSA