El Palacio Consistorial, que cada noche se viste con luces de diversos colores, ha sumado otros elementos por adornos: columnas de llantas que escudan sus puertas; letreros con frases cortas y contundentes, de las cuales una llamó mi atención: “No al golpe municipal”.
No quiero relativizar lo sucedido con Iván Arias esta semana (detención domiciliaria sin salidas laborales, inicialmente; reactivación del proceso Jet-Fuel con el señalamiento de audiencia cautelar y pedido de detención preventiva para él y Jeanine Áñez), pero deducir que se está perpetrando un “golpe” desde el interior de la alcaldía de La Paz no me parece acertado. Hay mucho más detrás de todo ello.
La esfera política, ésa que contiene las disputas por mantener o acceder al poder, ha sido empujada a cruzar sus fronteras y anclarse a un territorio poco idóneo mas ampliamente usado: el judicial. Los malos políticos recurren a ésa instrumentalización del sistema de justicia y al lawfare para desacreditar y eliminar a sus adversarios.
Y ése, precisamente, es el fondo de la cuestión que estos días ha abarcado titulares y carteles.
Autores como Cristina Caamaño, Valeria Vegh Weis, Silvina Romano o el conocidísimo (y cuestionado) penalista Raúl Zaffaroni conceptualizan al lawfare como una herramienta de proscripción política de líderes progresistas o un mecanismo para ejecutar golpes de Estado “blandos” en contra de gobiernos de izquierda, a través de procesos judiciales instaurados por élites capitalistas o de derecha.
Ése enfoque erróneo del lawfare muestra la hipocresía y el sesgo ideológico de los referidos autores, pues olvidan que son los gobiernos “de izquierda” o “progresistas” los principales propulsores de la “guerra judicial”, porque no les gusta una competencia electoral limpia y rechazan la alternancia en el manejo del poder.
El tratamiento del régimen masista hacia sus “enemigos” se encuadra perfectamente con el lawfare: instrumentalización de un sistema de justicia para atacar o destruir a un adversario electoral o a un personaje público con alta incidencia en el escenario político, mediante mecanismos ilegítimos e ilegales contenidos en procesos judiciales dudosos, sean éstos iniciados por el Ejecutivo o por personas particulares.
Los principales objetivos de esta “guerra judicial”, comúnmente conocida como persecución política, son: acceder a un poder de forma no electoral, despojar el poder a una autoridad legítimamente elegida, borrar de la carrera electoral o del ámbito político a un adversario u opositor, aún si no constituye una amenaza importante.
¿Cómo funciona el lawfare? En primera instancia, se aplica en un timing político específico, vale decir, aparece en un momento político determinante, ya sea para minimizar/maximizar conflictos, desviar la atención pública, instaurar otras “agendas políticas” o allanar el camino de un proceso electoral.
Además de un espacio temporal específico, el lawfare requiere el desmantelamiento del Estado de Derecho, la captación del aparato judicial y de medios de comunicación para promover acoso público y daño a la imagen del “enemigo” (rival político u opositor).
A la par del populismo punitivo, el lawfare también se constituye en una degeneración del Derecho Penal sustantivo y adjetivo. Sin embargo, la mayor devastación que ésta “guerra judicial” produce se presenta tanto en principios como en garantías procesales:
- Eliminación del principio de presunción de inocencia:
Quienes son sometidos a lawfare llevan el título de “culpables” desde el inicio del proceso penal. Una resolución de detención preventiva es presentada a la opinión pública como sinónimo de sentencia condenatoria.
El Ministerio Público (MP) colabora con ello, pues olvida que su Ley Orgánica y el Código de Procedimiento Penal le impelen a dirigir la actividad investigativa no sólo para recabar elementos que demuestren la existencia de un delito y la culpabilidad del imputado, sino también aquellos que puedan eximir una responsabilidad.
- Aplicación obligatoria de medidas cautelares personales gravosas:
Pese a que varios riesgos procesales no concurren en figuras públicas o políticas (arraigo natural, actividad lícita), la aplicación de la detención preventiva se torna obligatoria. Quienes son enviados a recintos penitenciarios no pueden acceder a una cesación a su detención preventiva pese a haber desvirtuado los riesgos que motivaron tal medida personal y pese a haber sobrepasado el tiempo solicitado por el MP o el señalado en la ley adjetiva penal.
- Vulneración del debido proceso:
La Constitución (artículo 115, pár. I) señala: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Empero, ningún preso político goza del derecho a la defensa, porque su ejercicio está condicionado al accionar parcial y poco objetivo de jueces y fiscales. Cualquier mecanismo de defensa (apelaciones, solicitudes de salidas o controles jurisdiccionales, proposición de actos investigativos) es negado sin fundamentos claros.
- Vulneración de otros derechos fundamentales:
Quienes son objeto de persecución judicial y se encuentran con detención preventiva ven afectados sus derechos a la salud, la privacidad, la dignidad, la integridad física y psicológica: no reciben atención médica oportuna, son hostigados por personal de Régimen Penitenciario, se les prohíbe recibir visitas… A modo de ejemplos, recordemos los casos de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marcel Rivas y César Apaza.
Por otro lado, quienes tienen detención domiciliaria, además de los derechos fundamentales referidos en el párrafo supra, ven vulnerado su derecho al trabajo, pues no se les permiten salidas laborales.
¿Por qué se desmantelan, arbitraria y malintencionadamente, principios y garantías procesales? Porque el uso del lawfare busca objetivos específicos: borrar del escenario político y quitar legitimidad a potenciales rivales o “enemigos”.
Para ése último objetivo, quienes abren “guerra judicial” recurren a la construcción de una estrategia comunicacional de desprestigio y acoso mediático. A través del uso de medios estatales, redes sociales (guerreros digitales) y otros medios de comunicación afines, se elaboran informes o notas que vilipendian a personajes políticos opositores, se difunden informaciones falsas y posverdades sobre eventos, acciones o decisiones para justificar la aplicación del lawfare en su contra.
El gobierno de Luis Arce, como continuación del régimen masista, tiene mandatos claros: instaurar —a toda costa— la teoría del “golpe de Estado” y eliminar a los opositores o “pititas”. Para todo ello, uno de sus mejores aliados es el Órgano Judicial, que decidió convertirse en el arma del poder político para resolver sus problemas de gobernabilidad, competencia, legitimidad y credibilidad.
No nos confundamos. Las medidas cautelares impuestas a Iván Arias y la reactivación de otro proceso penal no persiguen un “golpe municipal”. Arce y su gobierno sólo retoman los mandatos del masismo, usando un lawfare ya instalado (más de 20 procesos en contra de Áñez y sus exministros; secuestros autorizados con órdenes de aprehensión en contra de opositores, prisiones preventivas extendidas), pero que permaneció en stand-by, esperando el momento propicio para volver funcionar.
Y esta pasada semana fue el timing indicado. Luego de que Andrónico Rodríguez reconociera la existencia de presos políticos en el país y que las dos resoluciones de incompetencia desestimaran los juicios ordinarios en contra de Jeanine Áñez, el masismo vio afectada su teoría de “golpe de Estado”. Y tuvo que (re)activar sus armas.
Con todo, sí existen golpes “blandos” propiciados con métodos judiciales y pueden afectar a cualquier nivel de gobierno (nacional, departamental, municipal). El lawfare no sólo es un mecanismo de proscripción o eliminación de figuras políticas, también contribuye a modificar la percepción ciudadana sobre acciones y hechos al valerse tanto del poder judicial como del mediático.
El lawfare es un arma peligrosa: elimina garantías y principios procesales, destruye el sistema político, desmantela instituciones, manipula percepciones, controla voluntades; todo bajo un ropaje de legalidad. Así se perpetran los verdaderos golpes “blandos” en contra de los poderes estatales, de la convivencia social, de la estructura democrática, de un Estado de Derecho.
América Yujra Chambi es abogada.
