Queda en evidencia los últimos meses que, el modelo político y económico impuesto desde el 2006 está agotado. No sólo porque esta afirmación sea dicha por políticos o analistas económicos, sino porque la ciudadanía se ha dado cuenta que no les alcanza para comer, porque saben que no hay empleo, y, sobre todo, porque no esperan nada bueno del futuro inmediato. Esta realidad fue descrita en mis anteriores artículos, donde se dieron a conocer algunas propuestas dirigidas a que el Estado facilite la actividad económica, garantice la propiedad privada y las libertades económicas, y no confisque la riqueza que limita la capacidad de los agentes privados para generar valor y empleo.
La triste conclusión de lo dicho, es que Bolivia tiene problemas estructurales para enfrentar el crecimiento, especialmente por la escasez de recursos, ya que su crecimiento desde hace muchos años, estaba basado en el gasto y no en la inversión. A propósito de esto, el Banco Mundial, hace unos días, bajó por cuarta vez este año las proyecciones de crecimiento del país para el 2023 y los próximos dos años. Este organismo, en enero proyectó un crecimiento de 3,1%, en abril lo bajó a 2,7% y en junio lo redujo a 2,5%. En este octubre, su informe reportó 1,9% para 2023. Lo grave es que para 2024 y 2025, la previsión es de 1,5% de crecimiento del PIB.
En mi anterior artículo se mencionó que el principal problema de Bolivia en cuanto a lo económico, es que el gigantesco tamaño del Estado (gobierno) ha confiscado la riqueza de los bolivianos y ha limitado nuestras capacidades de generar valor. El efecto de esta política contrajo la economía ante la evidente escasez de recursos, expulsó a los bolivianos del mercado laboral y deterioró aceleradamente el tejido empresarial, confiscando ahora los dólares y extrayendo los excedentes de la economía y de los ciudadanos. Todos estos son factores que limitaron y limitan de manera estructural la generación de riqueza y empleo en el país y lamentablemente no tienen una solución en un futuro próximo.
En este orden de ideas, uno de los principales retos en el país es la reducción de la burocracia estatal y el tamaño del Estado, propiciando un cambio estructural en el modelo económico, que por un lado devuelva la capacidad de generar valor y empleo a los ciudadanos, y luego facilite la actividad económica de los privados. Basta de un Estado gigantesco con poder exagerado que coacciona ilegítimamente a los bolivianos.
Para reducir el Estado y facilitar la actividad económica, en anteriores artículos sugerí que todas las instituciones relacionadas a servicios para la producción y para el ciudadano deben independizarse de la política y los políticos, y su administración debe ser delegada a los privados (la Aduana, el SENASAG, SENARECOM, Derechos Reales y otras). El mercado, la competencia y la independencia en cuanto a sus decisiones y acciones, permitirán mayor eficiencia en estos servicios, reducir los gastos del Estado, y transformar el mismo en pro de la defensa de todos los bolivianos y no sólo de sus amigos de turno. ¿Pero esta propuesta bastará para el despegue económico?
En realidad, parece que los efectos del modelo provocaron una enfermedad crónica en la economía y muy difícilmente el tejido empresarial tan pequeño y con una productividad tan baja podrá enfrentar el desarrollo. Por estas razones a continuación presentamos una propuesta que fue desarrollada y detallada en mi libro titulado “Diagnóstico y Acciones en el Ámbito Productivo – Comercial para la Recuperación Económica. Bolivia 2030” que podrá obtenerlo libremente en el siguiente link: https://bibliotecavirtual.del.org.bo/nuevo/. Quiero hacer mención, además, que una propuesta parecida; aunque con otras connotaciones y detalles, es el Programa Social Libertario de Walter Reynaga.
Dos premisas son importantes y guían a la propuesta: 1) El Estado (gobierno) se apropia de la riqueza y es un mal administrador de las empresas públicas, por lo que su accionar se debe limitar, sólo a regular, controlar e incentivar la actividad económica en el país; y, 2) El pueblo boliviano, específicamente las familias bolivianas, son los dueños de toda la riqueza del país (factores productivos), y, por lo tanto, también de los recursos naturales que administra el Estado coyunturalmente.
En ese sentido, para reducir la burocracia estatal y el tamaño del Estado, debemos nacionalizar las empresas públicas. Recordemos que, durante todos estos años, se invirtió más de 15 mil millones de dólares en estas empresas, que como sabemos, son deficitarias e ineficientes. De hecho, el déficit acumulado de las empresas, desde el 2007 supera los 10 mil millones de dólares. Recordemos también que, los recursos que fueron destinados a estas inversiones tuvieron su origen en la explotación de gas natural, recurso que pertenece a todos los bolivianos, según la Constitución Política del Estado. Por lo que esa riqueza debe volver a manos de los bolivianos. Por lo tanto, lo que debe quedar claro para todos, es que se dio un mal uso de estos recursos.
Por lo tanto, en la primera fase del programa propuesto, se realizará el saneamiento técnico, jurídico y financiero de las empresas públicas. La idea es valorar las empresas, detectando deficiencias en cuanto al proceso de producción, sus proyecciones futuras, mercado y necesidades de inversión. En esta fase, se seleccionará una lista de empresas que tengan la posibilidad cierta de ser eficientes sin ningún tipo de intervención estatal, con salarios acordes al mercado y posibilidades de sostenibilidad en el tiempo. Complementariamente, se espera contar con una lista de empresas públicas saneadas que alcancen, por lo menos, a un valor de 6 mil millones de dólares. Estas empresas serán transferidas en fracciones (acciones) a la población boliviana en su conjunto de manera gratuita (mayores de 18 años).
Bajo esta premisa, las empresas deben ser transferidas en propiedad y administración a los “privados”, o sea, a todos los bolivianos, esperando que la nueva administración privada pueda llevar adelante una gestión eficiente de las empresas.
La propuesta tiene como objetivo distribuir el valor de las empresas públicas a la población en propiedad, creando, además, un programa que inyecte capital adicional vía créditos dirigidos por una institución estatal, para financiar actividades productivas viables que inicialmente tengan como meta la conformación de “clusters” en torno a las empresas públicas transferidas.
De la inversión total en capital de las empresas públicas, proponemos recuperar mínimamente 6 mil millones de dólares, que constituirían la inversión del programa. De ese total, 10% será destinado a la conformación y funcionamiento de Agencias de Desarrollo Productivo, 55% se distribuirá gratuitamente en acciones a los bolivianos y 35% a inversión productiva directa.
Las empresas una vez valoradas, serán convertidas a Sociedades Anónimas bajo una normativa especial y transitoria. El 55%% del valor total de las acciones será transferido de manera gratuita a todos los bolivianos mayores de 18 años. Por lo tanto, aproximadamente 6,5 millones de ciudadanos bolivianos serán dueños de una fracción de dichas empresas. Cada ciudadano tendrá acciones valoradas con un valor aproximado de 500 dólares americanos. El monto total destinado a este fin alcanza a 3.240 millones de dólares.
El restante 35% del total proyectado para el programa, como ya mencionamos, será destinado a inversión directa, apartando del monto total, 600 millones de dólares para la conformación de Agencias de Desarrollo Productivo en los 9 departamentos del país. El monto aproximado para inversión directa alcanza a 2.160 millones de dólares.
Este último monto mencionado, que transitoriamente pertenecerá al Estado, será ofrecido (vendido) a ciudadanos bolivianos que deseen comprar estas acciones. Por supuesto, estos compradores, al contar con un mayor número de acciones, por los mecanismos propios del tipo societario tendrán la posibilidad de elegir el Directorio de la nueva empresa para su administración, y será este el mecanismo que asegure una gestión eficiente que permita a todos los bolivianos dueños de las empresas, participar de los beneficios por la distribución de ganancias.
Por otro lado, los dueños de las acciones distribuidas gratuitamente, no podrán vender las mismas por el lapso de tiempo, pero sí disponer lo que les corresponda por el rendimiento de las mismas. Asimismo, las utilidades obtenidas durante los 5 años de duración del programa, no podrán ser reinvertidas, sino, necesariamente distribuidas hacia toda la población portadora de acciones. Por lo tanto, en ese momento, todas las acciones de los bolivianos pasarán a ser intermediadas por mecanismos de mercado, a través de la Bolsa Boliviana de Valores. Con esta acción se potenciará el mercado de capitales, el ahorro y la inversión en Bolivia.
Si tomamos el monto total destinado a inversión directa y suponemos una distribución equitativa del monto a los 9 departamentos (sólo para fines didácticos), cada departamento podrá invertir en 1.920 empresas con una inversión de 100 mil dólares cada una, y 5 empresas grandes con una inversión de 10 millones de dólares cada una, por departamento.
Las Agencias mencionadas tienen como objetivo inicial realizar estudios completos acerca de las potencialidades productivas de cada región del país, que incluya: mapeo y estudio de suelos para vocación productiva, capacidad del mercado, productos importados susceptibles a ser sustituidos; y, además, el requerimiento inmediato de insumos, bienes intermedios y bienes de capital de las empresas públicas transferidas a propiedad de todos los bolivianos, entre otros. El monto destinado para esta tarea es de 5 millones de dólares por departamento.
Recordemos que, en la mayoría de los departamentos, más del 80% de sus importaciones son precisamente insumos, bienes intermedios y bienes de capital, por lo que ninguna de las economías departamentales tiene la capacidad de autoabastecer su mercado y a sus empresas. Por supuesto, no en todos estos tipos de bienes somos competitivos, por lo que se requieren estudios para su provisión efectiva; sin embargo, si logramos abastecer a nuestras propias empresas, digamos en un 50%, inducimos a la generación de clusters que provocarán mayor efecto multiplicador y empleo, promoviendo una verdadera soberanía económica del país.
Por otro lado, del monto destinado a las Agencias (10% de 6 mil millones), cada departamento podrá contar con un poco más de 3 mil proyectos con un costo de 20 mil dólares cada uno. Entre los cuales podemos citar, proyectos productivos, de capacitación especializada y otros.
Mencionamos algunas características importantes del Programa:
- La intervención de las Agencias de Desarrollo Productivo financiará (vía sistema financiero) y orientará el desarrollo productivo durante 5 años, con el objetivo de mejorar las condiciones del mercado boliviano, constituyéndose en un verdadero programa de transición.
- El programa presentado, potenciará el mercado de capitales (Bolsa de Valores) y el ahorro dirigido a inversiones productivas, potenciará el sistema financiero y facilitará el acceso a crédito para el financiamiento de negocios seguros, creando, además, clusters en torno a las potencialidades regionales y empresas transferidas, con enfoque de ventajas comparativas, pero también competitivas.
- El gobierno al no intervenir en la producción y generación de valor, achicará el Estado, dejando a los privados esta tarea, provocando a través de este programa transitorio, una mejor distribución primaria de los excedentes.
- El Programa podrá financiar aproximadamente 18 mil empresas nuevas con un monto de inversión de 100 mil dólares cada una, 45 empresas con una inversión de 10 millones de dólares en promedio y más de 27 mil proyectos a diseño final de 20 mil dólares cada uno. La capacidad de generación de empleo directa, alcanza como mínimo a 550 mil empleos dignos, sin contar con el efecto multiplicador correspondiente y la dotación de factores y distribución primaria de excedentes en la economía, en 5 años.
- Por último, es importante recalcar que los fondos obtenidos para este Programa no afectan los fondos actuales del Estado.
Por último, quiero hacer mención de un acuerdo que debería ser parte de la agenda de todos los bolivianos para el 2025: “El Estado, debe promover y ampliar los beneficios de la participación de todos los bolivianos en la economía, promoviendo inversiones y las libertades económicas que garanticen a su vez, los derechos de propiedad privada y seguridad jurídica. El Estado, debe facilitar la actividad económica, promoviendo el desarrollo integral del ciudadano, el comercio internacional y las potencialidades regionales, privilegiando el desarrollo sostenible y sustentable en equilibrio con el medio ambiente en el marco de la eficiencia. Un Estado que no sea un agente económico y devuelva a los bolivianos (individuos y empresas) la capacidad de generar valor y empleo para su propio desarrollo”.
Joshua Bellott es economista e investigador
