A pocos días del 8 de noviembre, es fácil imaginarnos cuál será el tono del informe proselitista que Luis Arce brindará a razón de los tres años de mandato. Entre todas las entelequias y posverdades, no faltará esta: “hemos recuperado la democracia”. Me detengo en ella porque constituye la mejor forma de demostrar algunas mentiras de su gobierno y, por añadidura, del régimen masista.
Coincidiendo con Robert Dahl, sólo en democracias sólidas es posible observar: sistemas de gobierno eficientes y factibles; promoción y garantía amplias de derechos y libertades de los ciudadanos; preeminencia de justicia e igualdad; desarrollo humano, a través de mejores condiciones económicas y sociales; eficacia de pluralismos (políticos y jurídicos); mayor prosperidad económica; y el establecimiento de una cultura política (en gobernantes y gobernados).
¿Cómo una democracia pierde solidez? El politólogo español Juan Linz señaló que el quiebre democrático es un proceso de desgaste continuado de las instituciones públicas. Es un ataque deliberado y planificado desde el poder, incluso aquél que fue constituido en las urnas.
Un gobierno puede ser elegido democráticamente, es decir, a través de elecciones. Pero esto no lo hace democrático. Si, con el tiempo, decide asumir el papel de autoridad absoluta o del pueblo para someter a todos los poderes estatales, desconocerá los principios básicos de todo sistema democrático: pluralismo, representatividad, independencia, institucionalidad, consenso, garantía de libertades (como de expresión y prensa), protección de derechos… Así comienza el quebrantamiento democrático.
Bolivia no tiene una democracia sólida, gracias a las imposiciones partidarias e ideológicas del masismo. Según el estudio de Economist Intelligence, nuestro país tiene una democracia híbrida (entre cuatro y seis puntos), que consiste en: resultados electorales poco confiables, escasa independencia de poderes, altos índices de corrupción y acoso de los poderes del Estado a los medios de comunicación, la oposición política y la sociedad civil.
En 2022, el índice democrático (ID) en Bolivia era 5,00. Este 2023, nuestra democracia se ubica en el puesto 100 a nivel mundial (dos puestos menos que el pasado año), con un 4,51 de ID. He aquí el verdadero resultado de Luis Arce, su gobierno y del régimen masista; logro del que, obviamente, no hablará en su informe.
A nivel interno, la encuesta realizada por la fundación Unitas, en junio de este año, refleja que el 77% de la ciudadanía está descontenta con el estado de la democracia boliviana. Asimismo, el 84% de los encuestados admitió sentir preocupación e incertidumbre por el futuro del país.
Ése estudio de opinión muestra otro resultado interesante. El manejo de las demandas principales (corrupción, justicia, polarización, desempleo, violencia, economía, información pública, respeto a derechos humanos) por parte del gobierno de Luis Arce fue calificado como malo (entre 60% y 80%).
Con respecto a las instituciones, ninguna obtuvo un puntaje de aprobación media. Sobre el máximo de 7 puntos, el sistema de justicia recibió el puntaje más bajo (2,6), le siguen: policía nacional (2,8), funcionarios públicos (3), gobierno nacional (3,1), gobierno municipal (3,2), gobierno departamental (3,3) y la Defensoría del Pueblo (3,4).
Pese a que hechos y datos dicen lo contrario, el régimen masista está convencido de haber traído estabilidad y progreso (económico, social, productivo). A su vez, Luis Arce cree que las cuatro dimensiones base de la “Agenda del pueblo para el bicentenario y el vivir bien”, propuesta como plan de su gobierno, están cumpliéndose. Adelantémonos al informe y derribemos tales fantasías.
- “Redistribución del ingreso y reducción de la desigualdad”.
En agosto de este año, el gobierno señaló que el 60% de la población es clase media y tiene ingresos entre Bs. 903 a 4.515 mensualmente. En todo caso, el supuesto mejoramiento y la dinamización de la economía interna no es producto de inversiones estatales.
Asimismo, los índices de crecimiento económico, mejoramiento de condiciones de vida y empleo siguen partiendo de datos falsos y otros no actualizados (precios de productos básicos, líneas de pobreza, etc.) que no reflejan la realidad que viven miles de bolivianos en áreas rurales y urbanas. Maquillaje de datos, viejo truco del régimen.
- “Oportunidades económicas y empleo digno”
La publicidad estatal muestra una mínima reducción de la desocupación en el país, pero oculta una verdad que crece cada vez más: la informalidad.
La ampliación del aparato estatal, para satisfacer la demanda de prebendas por empleos en el área pública, ha dejado de lado la meritocracia técnica y profesional. Para acceder a un trabajo formal, uno con estabilidad necesaria (salario, beneficios sociales) para el desarrollo humano esperado, basta con exhibir el carnet de militancia o jurar lealtad al “Proceso”.
El resto de ciudadanos, ajenos a los beneficios partidarios, sólo pueden recurrir al trabajo informal. Actualmente, este representa casi el 95% de la población económicamente activa: no está desocupada, pero no pertenece al bloque de empleo formal.
- “Un Estado para la gente: más justicia y seguridad, menos corrupción y burocracia”
Como sabemos, al masismo (en su conjunto) poco le importa la justicia. Tampoco la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.
Según la Cámara Nacional de Industrias, en los últimos tres años, la afectación del contrabando se incrementó considerablemente. En 2020, se registró 2.963 millones de dólares. En 2021, 3.064 y 3.331 millones en 2022. Tal parece que en nuestras fronteras no existe presencia aduanera y militar efectivas. Sobre el narcotráfico, Bolivia es un país productor, distribuidor y de tránsito.
Ambos escenarios han hecho posible la proliferación de organizaciones criminales (incluso internacionales) en nuestro territorio.
- “Desarrollo con respeto a la madre tierra”
El discurso “pachamamista” de David Choquehuanca queda siempre en ridículo ante las noticias sobre deforestación, contaminación de ríos, expansión de áreas agrícolas y ganaderas, leyes ecocidas y minería ilegal.
¿Qué ha hecho el régimen y el actual gobierno de Arce para frenar la muerte de los bosques, la contaminación de ríos, la protección de reservas naturales (de flora y fauna), los avasallamientos en territorios de los pueblos indígenas originarios y campesinos? Nada. Al contrario, contribuyen en el desastre al que son expuestos nuestros ecosistemas, producto de la extracción agresiva de recursos no renovables y el cultivo de ilegal de coca dentro de áreas protegidas, muchas pertenecientes a la Amazonía.
Ahora, considerando los puntos favorables que estableció Dahl, los rasgos del quebrantamiento democrático y los datos contenidos en los párrafos supra, ¿puede decirse (aun afirmarse) que Bolivia es sinónimo de democracia sólida, de desarrollo social y económico?
Los casi 17 años del régimen masista y los tres del gobierno de Arce sólo han servido para traer y ahondar desastres que dañan la economía, la convivencia social, política e institucional; y a lo más determinante para la existencia de un Estado.
Cualquier discurso o informe que diga lo contrario, que oculte la realidad que vive Bolivia sólo servirá para —como dijo Orwell— “convertir mentiras en verdades, el asesinato en una acción respetable y darle al viento apariencia de solidez”.
La democracia es mucho más que el gobierno del pueblo. Involucra toda una maquinaria institucional, de pesos y contrapesos; es también un sistema de derechos. Sólo su correcto funcionamiento (procedimental, decisional, operativo, ético) hacen posibles sus ventajas. Si no se prioriza y demanda el restablecimiento de nuestra democracia, ningún desarrollo, ninguna reforma, ninguna “agenda” serán posibles.
América Yujra Chambi es abogada
