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Corocoro: ¿minería estatal en crisis?
Opinión

Corocoro: ¿minería estatal en crisis?

Por: Alfredo Zaconeta Torrico

Desde la época preincaica, Corocoro —ubicado en la provincia Pacajes del departamento de La Paz— fue uno de los territorios mineros más importantes de Bolivia debido a los yacimientos de cobre asentados en lo extenso de esa zona. Esto lo consagró como el principal productor nacional de cobre, hecho que trascendió durante la Colonia y la República. Durante la Colonia, la producción de cobre de Corocoro fue destinada para la acuñación de monedas en Potosí.

La atención sobre el potencial de Corocoro creció tras el fatídico desenlace de la guerra del Pacífico, de 1879, cuando Bolivia perdió su departamento del Litoral, equivalente a 120.000 km2 . Un territorio basto en riqueza minera, particularmente de cobre, reflejado en Chuquicamata, uno de los yacimientos cupríferos más grande del mundo, que empezó operaciones en 1910 y que continúa reportado enormes ingresos para Chile. Según los datos de Orlando Capriles, en su libro La historia de la minería en Bolivia, a 1864, Bolivia exportaba 19.784 Toneladas Métricas Finas (TMF) de cobre.

A diferencia de lo que sucedió con las minas de Patiño, Hochschild y Aramayo, que fueron nacionalizadas, Corocoro fue adquirida en 1952 por la naciente Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) de la American Smellting Compañía Corocoro Bolivia; previamente, el yacimiento de cobre fue operado por el holding The Corocoro United Cooper Mines Limited y la Compañía Corocoro de Bolivia.

Como en muchas operaciones estatales, las deficiencias técnicas también fueron parte de Corocoro; una de ellas fue la registrada en la década de los años 70 y conocida como el cuadro Centauro. Este proyecto, adjudicado bajo la modalidad “llave en mano” a una empresa sudafricana, inició su construcción durante la dictadura de Hugo Banzer, en 1973, por un valor de 11 millones de dólares. La agravante mayor del contrato suscrito entre la empresa extranjera y la COMIBOL es que esta última reconocería a la empresa constructora una comisión sobre todos los gastos en que incurriera.

Desde su inicio, la construcción del cuadro Centauro reportó errores. Primero, fue la aprobación del proyecto, luego su ejecución, la dirección técnica y, finalmente, las demoras en sus plazos.

La cuestionante inicial fue que no existía justificación alguna para que se haya contratado a una empresa extranjera para este trabajo, considerando que Bolivia contaba con técnicos capacitados para la construcción de cuadros.

La empresa sudafricana no cumplió los principios técnicos para este tipo de trabajos: para hacer el reconocimiento previo sobre la naturaleza del terreno, abrió galerías con perforaciones con diamantina. Esta negligencia derivó en que la empresa se encuentre con una gruesa zona salina que se constituyó en una valla infranqueable, y obligó a cambiar la ubicación del cuadro, sumando un mayor presupuesto en su haber, en desmedro de la economía del país.

 La Empresa Minera Corocoro (EMC) operó en manos de la COMIBOL hasta 1986, cuando fue clausurada como efecto del Decreto Supremo 21060.

Bajo su consigna de industrialización, durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el Proyecto Hidrometalúrgico de Cobre se reinició en la gestión 2009, más propiamente el 29 de marzo. La Planta Hidrometalúrgica de Lequelequeni, puesta en marcha en Corocoro, fue diseñada para producir 3.000 TMF de cobre metálico, con una ley de 99,99%.

La primera fase de este proyecto consistía en la explotación y tratamiento de relaves, desmontes y minerales primarios, por el método de lixiviación ácida, previa trituración en pilas dinámicas y su posterior extracción por solventes y agitadores para la obtención de cobre catódico. La inversión prevista para esta fase fue de 18,5 millones de dólares.

La segunda fase de expansión estuvo prevista bajo la modalidad de un Contrato de Riesgo Compartido para la explotación de un nuevo yacimiento a cielo abierto. Esta fase del proyecto demandaría una inversión de 210 millones de dólares.

Para lograr este propósito, la COMIBOL seleccionó, en junio de 2008, a la surcoreana Korea Resources Corporation (Kores), con quien firmó un contrato de Riesgo Compartido para ejecutar los estudios y trabajos de exploración de cobre. Este contrato fue aprobado por el Poder Legislativo, en abril de 2009, mediante la Ley 4017, para la producción de cobre electrolítico, cuyo plazo de explotación sería de 30 años a partir de 2011.

La explotación bajo el sistema de cielo abierto, de los nuevos descubrimientos en Corocoro, no resultaba novedoso, ya que este sistema fue planteado por los profesionales Gerhard Bauer, de Alemania y el boliviano Salomón Rivas, en la década de los 70 del siglo pasado.

Los expertos justificaron su propuesta aseverando la existencia de reservas considerables de cobre oxidado en esa región, que no fueron explotadas por falta de tecnología adecuada. Por tal motivo, plantearon la explotación de los yacimientos de Umacaya y San Marcos – Viscachani, ambos de propiedad de la EMC; y la construcción de una planta modular de lixiviación con una capacidad de 600 a 1.000 toneladas métricas por día (TMD)

Con estas recomendaciones, la COMIBOL perfiló un estudio de factibilidad para una planta hidrometalúrgica con capacidad de 600 TMD, con una alimentación de cobre de 2%, y con una producción anual de 2.450 TMF con un grado de pureza de 99,96%, de 1.050 TMF de sulfato de cobre con 99% de pureza y de 2.100 toneladas métricas netas secas (TMNS) de concentrados de flotación con ley promedio del 50% de cobre y 500 gramos de plata por tonelada. Además, este proyecto buscó cubrir la demanda interna de manufacturas de cobre (perfiles, bronces, latones, aleaciones especiales, etc.), al mismo tiempo de autoabastecerse del sulfato de cobre que era demandado por las mismas operaciones mineras de la COMIBOL, para usarlo como reactivo activador de minerales de zinc.

Este proyecto, que demandaba un presupuesto de 9 millones de dólares, no pasó de buenas intenciones y Corocoro solo llegó a producir sulfato de cobre hasta el momento de su cierre en 1986.

Pero volvamos. Superada la fase piloto, el 24 de junio de 2012 se crea la Empresa Minera Corocoro mediante Decreto Supremo N° 1269, como empresa productiva y dependiente de la COMIBOL, con la finalidad de efectuar las actividades mineras de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales de cobre y otros.

Paralelamente, mientras continuaba con sus operaciones, Corocoro esperaba los resultados geológicos de Kores; empero, las noticias recibidas en agosto de 2015 no fueron las más alentadoras, ya que la empresa desestimó continuar los trabajos de exploración, debido a que los mismos no cubrían sus expectativas con miras a pasar a la fase de explotación. Por tal motivo, en septiembre del mismo año se rescindió el contrato.

A medio digerir el abandono de Kores, la COMIBOL anunció que asumiría los trabajos de exploración en las 106 cuadrículas que tenía la empresa surcoreana, para esto planteó un presupuesto inicial de 10 millones de dólares, con la incertidumbre de dónde provendrían los recursos.

En esa oportunidad, el entonces gerente de Corocoro, Freddy Herrera, reconoció que el yacimiento donde opera la estatal tenía una vida útil corta, y se requería con urgencia nuevas áreas de explotación. Actualmente, la EMC opera a cielo abierto, mediante bancos de estructuras paralelas, los sectores de Vizcachani, Toledo y Capilla.

Pese a los esfuerzos hechos por la estatal minera, desde el inicio de operaciones, la producción de Corocoro fue irregular. El año 2010 su producción alcanzó a 1.062 TMF, el año 2016 a 1.940 TMF, el 2019 llegó a 2.221 TMF y el 2020 descendió a 1.659 TMF. Las cifras demuestran que Corocoro está lejos de poder cubrir la capacidad plena de su planta de tratamiento que, recordemos, fue diseñada para 3.000 TMF por año.

Corocoro no pasó de la producción de planchones de cobre, destinados al mercado internacional, bajo la lógica neoliberal de “exportar para vivir”. Actualmente, exporta el 94% de su producción de cobre metálico sin otorgar mayor valor agregado con la industrialización de su producción. Desde varios sectores se sugirió que parte de la producción de EMC podía ser destinada a la producción de alambrón de cobre, para el mercado interno, considerando la ventaja que tienen nuestros vecinos, Chile y Perú, sobre el cobre; empero, esta no paso de una “buena idea”.

Al igual que el resto de las operaciones mineras, Corocoro vive en incertidumbre sobre sus reservas probadas. Si bien diversos estudios, como el de Fernando Cáceres, aseveran que en el caso de Corocoro alcanzarían a 27 millones de toneladas, no se tiene certificación de las mismas para poder perfilar un proyecto en el mediano y largo plazo.

Mientras los trabajos de exploración lleguen y arrojen resultados positivos, Corocoro podría superar sus metas y asegurar su futuro, si exigiera el cumplimiento del artículo 173 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, referido a la “Obligación de oferta de venta” para comprar parte del cobre que se produce en el país y tratarla en su planta, y alcanzar su capacidad anual de 3000 TMF. El año 2019 la producción nacional de cobre en el país alcanzó a 4.478 TMF.

Actualmente, según el Mining Intelligence Data, en su reporte “Informe de propiedades 50 principales propiedades de cobre por recursos de cobre medidos e indicados”, de las cincuenta propiedades analizadas, 16 corresponden a Chile, 3 a Perú, 3 a Argentina y 1 a Ecuador; como es costumbre, Bolivia no figura en la misma.

Está claro que la geología sigue siendo la quinta rueda del carro de lo que es nuestra minería estatal en la actualidad. El rezago nos viene pasando la factura en las diferentes operaciones administradas por el Estado; Corocoro no es la excepción.

Alfredo Zaconeta Torrico es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA

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