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Colquiri: ¿minería estatal en crisis?
Opinión

Colquiri: ¿minería estatal en crisis?

Por: Alfredo Zaconeta Torrico

Actualmente, la Empresa Minera Colquiri (EMC) se constituye en la segunda operación más importante administrada por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Colquiri, “plata dormida” (del aimara, colque:plata, iquiri:dormida), es uno de los asientos mineros más importantes de estaño y zinc. Está ubicado en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, en el límite departamental con Cochabamba y Oruro.

Al igual que Huanuni, la explotación de Colquiri data desde la Colonia. Antes desu nacionalización, en 1952, Colquiri fue parte del emporio de Mauricio Hochschild.

En 1990, los ex mineros locatarios de Colquiri formaron la Cooperativa 26 de febrero, que explotaba los niveles superiores de la mina que fueron abandonados por la empresa. Para el año 2012, los cooperativistasalcanzaron una cantidad superior a los 1.200 socios y los trabajadores de la empresa apenas llegaban a 500. Como era de esperarse,los cooperativistasagotaron sus reservas, lo que motivó a queinvadan los niveles asignados a la empresa, hecho que derivó en constantes enfrentamientos.

Hasta 1999, Colquiri formó parte de la estatal Comibol. Luego, pasó a la Compañía Minera del Sur (Comsur), empresa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En 2005, fue transferida a Glencore, que opera con Sinchi Wayra.

La enajenación de Colquiri se produjo en medio del tráfico de influencias de Sánchez de Lozada quien logró que, durante el gobierno de Hugo Banzer a través del Decreto Supremo (DS) 25631 de 24 de diciembre de 1999,su empresa, Comsur,se adjudique la licitación del contrato de arrendamiento de Colquiri, ofreciendo un porcentaje de participación del 3,5% del Ingreso Neto de Fundición (INF) y una inversión de 2 millones de dólares ($us 1.200.000 el primer año y $us 800.000 el segundo año).

Este proceso se consolidó en abril del año 2000, cuando Comibol, Comsur y ACTIS firmaron un contrato de arrendamiento de la mina Colquiri por 30 años, con la posibilidad de ser ampliado por acuerdo entre partes, “si aún existieran reservas minerales”, para la explotación de zinc y estaño. Este contrato estableció un canon de arrendamiento del 2,8% del INF,durante los primeros cuatro años, y luego,del 3,5% por el resto de los años; esto incluía un goce de los activos de Colquiri que, a tiempo de su arrendamiento, tenía toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades mineras: campamento, caminos, energía eléctrica, así como un valor en reservas minerasde $us 192.000.000 (positivo y probable al año 2000), entre zinc y estaño.

Este contrato, junto al de Porco (Potosí)—bajo dominio de Sinchi Wayra, hoy Illapa S.A.—, siempre fueron objeto de crítica porquereportaban bajos ingresos para el Estado; además, en su oportunidad, estos fueron calificados de dolososy lesivos contra el patrimonio del Estado. Cabe mencionar que dichos contratos nunca fueron enviados al Congreso para su consideración, aprobación o rechazo, como lo establecía la anterior Constitución Política del Estado.

En junio de 2012, forzado por los enfrentamientos entre mineros asalariados y cooperativistas, el Gobierno decidió revertiruna parte del yacimiento minero de Colquiri, a través del DS 1264, que hasta entonces se encontraba en manos de la empresa Sinchi Wayra, subsidiaria de Glencore AG; además, repartió a mitades la veta Rosario —como una salida “salomónica”— para que sea explotada por la EMC y la Cooperativa 26 de febrero asentada en la zona.

La medida gubernamental fue cuestionada, porque se la consideraba solo como un paliativo que, finalmente, no solucionaba el problema de fondo: la convivencia entre cooperativistas y asalariados. El tiempo dio la razón a estas inquietudes, ya que desde entonces se registraron varios enfrentamientos, agresiones físicas e intenciones de avasallamiento por parte de los cooperativistas, con un posterior atentado a las instalaciones de la EMC.

Estas circunstancias obligaron al Gobierno, en octubre de 2012, a promulgar el DS 1368, que modificó el parágrafo II del artículo 2 (delimitación de áreas) del DS 1264; y el DS1369, que declaróa veintiséis áreas mineras como de uso exclusivo de la Comibol.

La disposición de mantener a los cooperativistas mineros operando en los yacimientos de Colquiri y, peor aún, entregarles el 50% de la veta Rosario, fue una medida deplorable técnica, social y económicamente hablando, porque esta decisión fragmentó más la estructura del yacimiento, atentando contra la vida de asalariados y cooperativistas, alterando la tranquilidad de los pobladores y afectando al erario nacional, si se toma en cuenta que las cooperativas mineras están exentas del pago de algunos impuestos, como el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En septiembre de 2012, después de su reversión y con el objetivo de duplicar la producción de Colquiri, la Comibol presentó un plan quinquenalque planteaba proyecciones de exploración, explotación y producción en el período 2013-2017 en las diferentes vetas, como Alto Colquiri, San Antonio, Blanca Norte y Doble Ancho, para garantizar los niveles de producción de la empresa.

En esa misma oportunidad, se anunció que entre los años 2016 y 2017 debía estar instalada la nueva planta de concentración para el tratamiento de dos mil toneladas por día (TPD)de estaño y zinc, así como la construcción de una rampa;sin embargo, hasta la fecha ninguno de los dos proyectos se concretó.

El primer dilema que tuvo que afrontar esta intención se dio entre 2015 y 2016, cuando la falta de voluntad del gobierno para realizar la inversión directa obligó a los trabajadores a buscar financiamiento privado para su concreción. En esa intención, dirigentes del sindicato de Colquiri recurrieron a la financiera estadounidense Nalex para obtener un préstamo de 75 millones de dólares; en versión de los técnicos de Colquiri, la construcción de esta segunda planta permitiría elevar la producción de la empresa de 1.300 toneladas a 3.000 toneladas de estaño y zinc por día, considerando que la actual planta de EMC tiene una capacidad de 1.000 TPD con un máximo de 1.300.

Después de todos los periplos administrativos, el crédito de Nalex fue aprobado en octubre de 2016 y, en noviembre del mismo año,los representantes de la EMC y la compañía boliviana Ziegler SRL firmaron el contrato.La alegría por lograr captar este crédito no dejó ver a las autoridades de gobierno los detalles para garantizar los desembolsos de Nalex, lo que los obligó a dejar en fojas cero el tema, forzando al Gobierno a aprobar los recursos a través del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro). De estos72 millones de dólares requeridos por Colquiri,el 80,6% será financiado por el Finpro y el 19% deberá ser cubierto por la EMC.

En abril de 2019, la Comibol firmóun contrato por 72 millones de dólares con la empresa Carlos Caballero SRL —la misma que estuvo a cargo de la fabricación y del montaje del horno Ausmelt de Vinto—, para la construcción de la nueva planta concentradora con el objetivo deincrementar la capacidad de tratamiento a 2.000 TPD de estaño y zinc de Colquiri; empero, los conflictos sociales de octubre y noviembre de 2019, y posteriormente la pandemia del COVID19, derivó en la paralización de trabajos, ocasionando que el avance de esta obrasea solo del 18% a diciembre de 2020.

Pero retornemos a 2012. Tras la reversión de los derechos de Glencore y la decisión de dividir la veta Rosario, el debate se centró en la vida útil del yacimiento, considerando la extensión verdadera de sus reservas (probadas y probables) y que la ley de cabeza del estaño fue disminuyendo sustancialmente desde1940 cuando era de 3,47%; en 1960 fue de 1,07%; en 1975 de 0,78% y en 2006 de 1,30%. Este descenso en la ley de cabeza del estaño auguraba que Colquiri se vería forzado ala explotación de minerales complejos, por lo que requerirá de mayor tecnología para su explotación y tratamiento. A 2018, según el POA de COMIBOL, la ley de cabeza del estaño alcanzaba a 1,51%.

En este escenario, la pregunta que surge es:¿los ejecutivos y técnicos de Colquiri estarán considerando la declinación del estaño en los planes para instalar la nueva planta concentradora?Esta duda surge por la ingrata experiencia de Huanuni, donde el funcionamiento del nuevo ingenio de Lucianita, hasta la fecha, no justifica su inversión debido a que no cubreel volumen de tratamiento para el que fue diseñado (3.000 TPD de estaño), hecho que afecta a Vinto y al horno Ausmelt, que aún se encuentra lejos de cubrir el tratamiento de 18.000 TMF/año para el que fue diseñado.

Las medidas asumidas desde el Gobierno para atender las demandas de Colquiri son contadas. La más reciente es la rebaja de salarios a los cargos ejecutivos—medida irrelevante—, a través delDS 4455, que dispone que el gerente general de Vinto rebaje su escala salarial de 28.620 bolivianos a 20.210 bolivianos, vale decir un ajuste del 28,5%, o en el caso del gerente de operaciones que redujo su salario de 23.690 a 19.535 bolivianos, un 17,5% menos.

Un hecho que no podemos pasar por alto es la crisis de comercialización de estaño que tiene Colquiri junto con Huanuni, debido a la faltade conciliación de deudas con la metalúrgica de Vinto, motivo por el queen julio de este añoColquiri dejó de venderle concentrados de estaño. SegúnEMC, la metalúrgica le adeuda 43 millones de dólares.De acuerdo a la información oficial de Vinto, de julio de este año, del monto adeudado a Colquiri se pudo cancelar 5 millones de dólares.

Durante este entredicho entre las empresas estatales, en versión de los dirigentes sindicales se informó que Colquiri vendió directamente sus concentrados de estaño a la intermediaria mundial Trafigura. De corroborase este hecho habría una clara violación al artículo 173 de la Ley 535, de Minería y Metalurgia, que se refiere a la obligatoriedad de oferta de venta.

Para corolario,Colquiri aún afronta la demanda iniciada por Glencore ante la Corte Permanente de Arbitraje, por la reversión de sus derechos sobre la minera y la fundición de Vinto Antimonio, donde la transnacional pretende lograr del Estado 778,2 millones de dólares (439,6 millones de dólares por reparación de daños y 338,6 millones de dólares por intereses). Al respecto, es importante mencionar que este monto supera los 675,7 millones de dólares exigidos por Glencore en 2016, antes del arbitraje.

Para asegurar su porvenir, Colquiri debe aprender de los desatinos que se dieron en otras operaciones estatales, que optaron por el corto plazo antes que perfilarse en el mediano y largo plazo; más considerando que las actuales cotizaciones internacionales del estaño y zinc permiten vislumbrar oportunidades.

Alfredo Zaconeta es investigador del CEDLA

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