La estatal Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó contratos con el empresario José Luis Sejas Rosales, propietario de la firma Corporación Regional de Transportes Asociados (CRETA SRL), y con dos de sus familiares después de que el primer vehículo de esta compañía fuera retenido en Argentina por tráfico de drogas el 14 de febrero de 2014.
Uno de los contratos fue firmado el 17 de abril de 2014 entre YPFB y Creta SRL, representado por el mismo Sejas Rosales, cuya empresa, según informaciones obtenidas, prestó servicios a la estatal petrolera desde 2011. Representantes de YPFB informaron que este contrato ya fue rescindido.
Puede ver aquí el primer contrato: https://caigaquiencaigabolivia.files.wordpress.com/2015/08/contr-dlg-100-14-serv-transporte-glp-creta-s-r-l.pdf
El otro contrato data del 24 de junio de 2014. Este fue suscrito entre YPFB y Seal Cargo S.R.L., representada legalmente por Carmen Ana Vargas de Sejas, esposa del empresario detenido en este momento en la Cárcel de Palmasola. Según la estatal, petrolera, este documento también ya fue rescindido.
Segundo contrato: https://caigaquiencaigabolivia.files.wordpress.com/2015/08/contr-dlg-179-14-serv-transporte-glp-seal-cargo.pdf
El último data del 26 de enero de este año y está firmado entre YPFB y Transportes J.A.C. La Sierra SRL, representada legalmente por Andrea Alejandra Sejas Vargas, hija del empresario acusado de tráfico de drogas tanto en Argentina como en Bolivia. YPFB informó que este contrato también fue rescindido después de que estallara este caso denominado narcocisternas.
Tercer contrato: https://caigaquiencaigabolivia.files.wordpress.com/2015/08/ctto-dlg-051-jac-la-sierra-transp-internacional.pdf
El perro «Horco» descubrió la cocaína líquida
La causa que involucra a Sejas Rosales se inició el 14 de febrero de 2014. Ese día, personal del Escuadrón 61 de Gendarmería detuvo en Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, un camión con acoplado que había partido de Santa Cruz de la Sierra y tenía como destino la ciudad de Santiago de Chile, previo paso por las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, informó en julio de este año la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas de Argentina.
El perro antidrogas “Horco” olió uno de los tanques de nafta, en el que había “una sustancia líquida color marrón” que pesaba 600 kilos. El estudio demostró que era cocaína líquida. Luego de un proceso de solidificación se la volvió a pesar: 10 kilos.
El chofer Félix Fernando Claure Castedo quedó detenido y el vehículo quedó bajo custodia judicial. Al camionero se lo acusó de “tentativa de contrabando de importación de estupefacientes calificado por su destino comercial”. El hombre declaró que el dueño del camión, Freddy Pérez, le había ordenado que “solo cargara diésel en el tanque que estaba conectado, que el otro estaba lleno y que no lo tocara”.
Cuando lo citaron a indagatoria, Sejas Rosales explicó que el camión cisterna transportaba 35 mil litros de alcohol etílico –como sostenía la declaración de Tránsito Aduanero-. Reynoso imputó al empresario boliviano como “partícipe secundario” y le dictó la excarcelación.
Como cada vez que uno de los camiones de la empresa quedaba en manos de la Justicia, el abogado Ramón Antonio Valor se presentó en el Juzgado de Orán. Explicó que el alcohol transportado pertenecía al ingenio Guabira SA y que la empresa Creta SRL era responsable del producto, por lo que pidió la devolución de la mercadería que debía ser entregada en Chile.
El 20 de febrero de 2014 el juez Reynoso autorizó la entrega de la carga y pidió que se tomaran muestras. Oliver –hijo del empresario- cargó la mercadería en otro camión cisterna y volvió a Bolivia. Tiempo después, cuando se peritó una muestra de la carga, se descubrió que en lugar de alcohol etílico había tolueno, un químico utilizado como precursor en la producción de cocaína. Para ese entonces, los 35 mil litros estaban en poder de Sejas Rosales en Bolivia.
El entonces titular de la Procunar, Adolfo Villate, denunció otra irregularidad. El abogado Valor, además de intervenir en la causa como defensor de Sejas Rosales, lo había hecho como conjuez cuando el juez Reynoso estuvo de licencia.
Otros casos similares
A partir de este caso, la Procunar descubrió que en el Juzgado de Orán había otras ocho causas en las que se había incautado cocaína en camiones del conglomerado de empresas de Sejas Rosales. En todas ellas se acusó a los camioneros. Cuatro de ellos recibieron condenas de hasta 5 años y 5 meses, agrega la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas de Argentina.
Para los investigadores, Sejas Rosales utilizaba los camiones de su empresa para enviar cocaína desde Santa Cruz de la Sierra hacia Argentina “mediante la utilización de sus propias empresas, camiones cisternas y choferes, sin correr riesgo alguno, ni pérdidas, toda vez que los vehículos incautados en todos los casos resultan recuperados. El negocio parece redondo, pues sólo genera ganancias y los riesgos procesales únicamente lo corren los conductores de los vehículos”, planteó Villate en su recusación, que luego fue defendida por su reemplazante Diego Iglesias.
La Procunar pidió además que se impute a la esposa del empresario, Carmen Ana Vargas, a tres hijos de la pareja (José Luis, Olver Alexander y Andrea Alejandra) y a otras dos personas por los delitos de contrabando agravado de estupefacientes y contrabando doblemente agravado por el tráfico de sustancias peligrosas para la salud (tolueno) y por la presentación de documentos falsos ante el servicio aduanero.
